La población carcelaria creció los últimos años a un ritmo del 6% anual, un aumento que se dio sin el acompañamiento de infraestructura para contenerlo en los últimos ocho años.
Prueba de ello, son los amparos presentados para los casos de Almafuerte y San Felipe, donde se denunciaron condiciones de detención "inhumanas, crueles y degradantes". Según la estadísticas del Primer Juzgado de Ejecución Penal ya hay casi 100 presos más que el año pasado y se estima que para cuando esté construida la nueva penitenciaria en Cacheuta ya no habrá vacantes.
El dato surge de una proyección del ingreso de 200 internos al sistema por año, para una penitenciaría que podría estar ejecutada en 4 años, y con una capacidad para 900 personas, según el diseño de la cárcel que donó la empresa Obras Andinas al Ejecutivo.
La nueva cárcel también tiene que pensarse dentro del contexto de la reciente aplicación de la Ley de Prisión Preventiva que limita la libertad a quienes cometan delitos en flagrancia y para los reincidentes, puesta en vigencia a principios de este mes. Esto también tendrá un impacto directo sobre la demografía de la cárcel.
Organismos de DDHH siguen denunciando las condiciones de detención.
Si bien el Ejecutivo delineó una serie de estrategias para evitar la sobrepoblación en las cárceles, también se incluye la finalización de la cárcel federal, pero lo cierto es que la obra sigue paralizada.
Sebastián Sarmiento, juez del a cargo del Primer Juzgado de Ejecución Penal, advirtió que del total de la población carcelaria con condena, el 55% está preso por delitos contra la propiedad y en flagrancia, es decir que fueron detenidos al momento de cometer el ilícito.
"Es al sector de los delincuentes con menos inteligencia para moverse es a los que apunta la prisión preventiva y a los reincidentes, es decir, con condenas continuadas. En Mendoza hay un 40% de reincidencia", graficó Sarmiento.
La Legislatura aprobó el endeudamiento de la nueva cárcel.
Además indicó que la cifra aumenta en un 60% cuando se evalúa la reinterancia, que es cuando el detenido tiene causas en trámite por distintos delitos y aún espera que se dicte sentencia. Es el famoso caso de la "puerta giratoria" que se intenta atacar a partir de la nueva legislación.
Reinserción y reincidencia
Uno de los factores de este fenómeno es la falta de políticas reales de reinserción social. En ese sentido Sarmiento aseguró, "lamentablemente la cárcel no está ofreciendo oportunidades de reinserción social y laboral concretas, no hay iniciativas desde el Estado, como tampoco de la parte privada. Y añadió: "Lo cierto es que lo que intentamos es reducir el daño que produce el encierro, a través de talleres de capacitación laboral, de acercar el sistema educativo formal y no formal y de trabajar con la familia del interno para restituir derechos".
De los 250 internos, con sentencia firme y que gozan del beneficio de salidas transitorias sólo 19 están trabajando.
El juez Sebastián Sarmiento hace el seguimiento de los presos con condena.
"La realidad es que son sus propias familias las que le dan un trabajo, o generan o pequeño negocio vinculado a la elaboración de comida, o mecánica, pero no surge ni de convenios con empresarios, ni de parte del propio Estado", reconoció el juez.
La situación fue admitida por la actual gestión en la persona de Ignacio Mulet, Director de Enlace y Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Seguridad, quien confirmó que no hay convenios vigentes para una orientación laboral del preso que está próximo a cumplir su condena. Sin embargo, adelantó que se está confeccionando una matriz productiva en conjunto con los municipios, para que las personas que logren la libertad y vuelvan a su localidad sean útiles con un saber que demande el mercado.
Otra de las medidas paralelas para cercar el problema de la superpoblación en las cárceles es la utilización de la tecnología, a través de los dispositivos como tobillera y pulsera electrónica.
"Actualmente tenemos 100 servicios que se utilizan para la detención domiciliaria y la libertad condicional. Consideramos que es una buena herramienta para que los fiscales la empleen según el caso, para el régimen de prisión preventiva y podamos descomprimir las cárceles", indicó Mulet.
Sarmiento coincidió en este punto al fundamentar que, "en los casos en que vamos otorgando las libertades condicionales y la persona vuelve a trabajar o se vuelve a relacionar con su familia, hace un cambio muy fuerte, es otra persona la que encontramos en el penal" y remató, "por eso estamos estudiando que esa resocialización puede bajar los valores de reincidencia".