Hasta aquí, la construcción de la nueva cárcel provincial no queda resuelta con la autorización legislativa para tomar crédito. Ahora, el Gobierno deberá decidir qué proyecto usar y, luego, encarar el correspondiente proceso de licitación y adjudicación. Bajo ese panorama, la posibilidad de adecuar los planos de Obras Andinas, la constructora de Omar Álvarez, podría acortar los tiempos por lo que más de uno espera un gesto del empresario sureño.
A los fines de pasar en limpio, ayer se avanzó en dos sentidos:
-Por un lado, la Legislatura le aprobó al gobernador Alfredo Cornejo su pedido de autorización a endeudarse por 90 millones de dólares para la construcción de este nuevo penal. Dicha ley, tratada y sancionada en Diputados y el Senado provincial, faculta al Ejecutivo a "hacer uso del crédito por hasta la suma de un monto en pesos equivalente a dólares estadounidenses noventa millones (u$s 90.000.000) (...) para atender el pago de la totalidad de los costos, gastos y demás accesorios que se devenguen con motivo de la construcción de la institución diferenciada cerrada para ejecución de pena". Asimismo, la norma prevé que el Ejecutivo pueda utilizar el 10 por ciento del total del crédito autorizado para refacción o refuncionalización del sistema penitenciario provincial.
-En segundo lugar, se aclaró que la obra se concretará cumpliendo los pasos previstos en la Ley de Obras Públicas (nº 4.416) aún cuando pudiera "aprovecharse" y ajustarse la idea y el proyecto que, a fines del gobierno de Francisco Pérez, presentó el empresario sureño Álvarez. Sobre este punto, vale recordar, hubo muchas críticas y polémica porque más de uno entendió que de usar una idea de este privado, él mismo correría con ventajas al momento de convocar a licitación pública.
En efecto, según pudo constatar MDZ, en ningún momento, ninguno de los proyectos de ley enviados por el Ejecutivo -tanto en la época de Pérez como en la actual de Cornejo- en los que se pidió financiamiento para construir el nuevo penal se mencionó la posibilidad de conceder la obra a tal o cual privado; cosa que podría hacerse si se partiera de la aplicación de la Ley 5.507 de Concesión de Obras Públicas mediante el cobro de peaje.
"Se apela a que haya licitación pública, transparencia en ese proceso, libre concurrencia y que se elija el mejor proyecto. Es decir, no existe compromiso previo con ningún proyecto", fue el blanco sobre negro de la vicegobernadora y presidenta del Senado, Laura Montero, en pleno tratamiento de la autorización para la toma del crédito.
Superada la polémica de cárcel privada versus pública, el ministro de Hacienda, Martín Kerchner, luego de aseverar que "jamás hablé cárcel privada" y culpar a los funcionarios del gobierno anterior de haber propiciado tal confusión, pareció confiar en que Álvarez "done" sus planos.
Comentó que los mismos ya fueron trabajados y observados en el Ministerio de Infraestructura, lográndose las correspondientes factibilidades de gas y agua, lo que ahorraría mucho tiempo de trámites y evaluaciones. "Habrá que ver si Álvarez tiene algún problema en que usemos su proyecto con el único beneficio de que pueda participar de la licitación como cualquier hijo de vecino", deslizó.
Si bien reconoció que una alternativa sería que el Estado compre la propuesta del empresario (se habla de que podría costar unos 20 millones de pesos), pareció esperar cierta gentileza de Álvarez: "Otra alternativa podría ser que Álvarez esté dispuesto a cobrar absolutamente nada a cambio de participar de la licitación", remarcó Kerchner.
Al aclararle que el Gobierno no debería pedirle nada a cambio al privado, salvo que cumpla con los requisitos del pliego debidamente comunicado, Kerchner apuntó: "Sí, tal cual... Discutiremos con Álvarez, en su momento, la posibilidad de que done o no el proyecto. Yo no quiero pagar un peso. Lo que quiero es que la cárcel salga lo más barata posible", y se apresuró a aclarar: "Sin embargo, el que va a decidir qué proyecto usar o no será el gobernador".