El "Rey de la Carne" Alberto Samid fue desvinculado de una vieja causa judicial en su contra por evasión millonaria de impuestos, luego de que la propia Justicia hiciera un mea culpa por la demora en concluir la investigación.
La propia dilación judicial favoreció a Samid: es una causa hecha por la entonces DGI en la década del ´90, anunciada con bombos y platillos, en donde se acusó al matancero de ser "jefe de una poderosa asociación ilícita" para evadir impuestos que abarcó el período de 1993 a 1998.
Según indicaba aquella denuncia, la evasión superaba los 54 millones de pesos por retenciones y percepciones efectuadas y no ingresadas, y se lo acusaba de estar detrás de la titularidad de varias cadenas frigoríficas, la más conocida su emblema insignia "La Lonja".
La denuncia fue hecha el 25 julio 1996: también apuntaba contra Nélida Alicia Samid (hermana del matancero) y fue dada a conocer a la prensa por el entonces titular de la DGI, Carlos Sánchez, en una conferencia de prensa junto al entonces ministro de Justicia, Elías Jassan, y el secretario de Agricultura, Felipe Solá.
En ese momento, se puso el foco sobre Samid como emblema de lucha del Gobierno contra la evasión, y se informó de la existencia de 127 causas penales en su contra por perjuicios al Estado en 121 millones de pesos. En ese sentido, se sostuvo que la deuda de las empresas citadas en la denuncia era de 88 millones, en tanto que por su actividad en los frigoríficos vinculadas al grupo Samid alcanzaba a otros 54 millones.
Las maniobras no sólo eran por no tributar el impuesto a las ganancias, sino además por el reintegro de exportaciones que no correspondían.
En su inicio, la causa estuvo a cargo del Juzgado Federal 3, pero por incompetencia pasó a tramitar ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico 4. No sólo demoró años la definición sobre qué juez debía investigar a Samid en esta causa, sino que además la propia DGI se tomó casi cinco años en elaborar un informe técnico requerido por la Justicia. A 20 años de la denuncia, el abogado de Samid, Vicente D ´Attoli, se presentó en la Justicia reclamando la prescripción del caso por el paso del tiempo. Ahora, el Tribunal Oral en lo Penal Económico 1, integrado por Jorge Pisarenco y Susana Lastra, lo terminó sobreseyendo por prescripción, aunque la decisión no está firme, pues el fallo fue apelado por la AFIP y será la Cámara Federal de Casación Penal la que defina si queda definitivamente sobreseído.
El juez Pisarenco fue durísimo, haciendo un mea culpa de las dilaciones que incurrió el propio sistema judicial: "Desmesurada duración del proceso" que "no puede justificarse suficientemente en la complejidad del asunto a esta altura del trámite", señaló. Por ello, sostuvo que las demoras excesivas en llevar adelante el caso encuentran su explicación "en la conducta de las autoridades judiciales encargadas de la investigación" que "evidencia una trasgresión a la obligación del Estado de asegurar una justicia ágil y rápida".
Si bien Samid apareció en los papeles de la empresa en 2006, ya el año anterior su cónyuge María Cecilia Scarafia había sido nombrada como integrante de la sociedad. Además, la empresa que antes llevaba el nombre de Mac Food y luego de Liwin S.A, ya había otorgado un poder amplio de administración y disposición bancario y judicial a Samid.
Por ello, más allá de que Samid formalmente no figuraba a cargo del frigorífico, para la justicia "habría sido la persona que controlaba la actividad comercial de la sociedad mencionada y quien en realidad resultaría ser el responsable ante el fisco".