La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti presentó un Proyecto de Ley en el que plantea la prohibición de acceso a un cargo de funcionario público a personas que estén vinculadas a casos de violencia familiar.
Según la iniciativa, “para el acceso a un cargo de funcionario público de rango jerárquico, en forma permanente o transitoria, por elección popular, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal, será una condición necesaria y obligatoria no contar con sentencia firme e inapelable por casos vinculados a violencia contra una mujer o cualquier miembro de su familia”.
Además, estipula que “cuando el autor o responsable con sentencia firme e inapelable por casos vinculados a violencia contra la mujer o la familia, sea un funcionario público en ejercicio de sus funciones, será destituido del cargo e inhabilitado para el desempeño de cargos públicos por el doble de tiempo que el de la condena que le correspondiere".
Además, el proyecto señala que el Consejo Nacional de la Mujer en coordinación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos otorgará el certificado de Antecedentes de Violencia en razón de Género y Familia. “Los fondos recaudados por el pago del arancel para tramitar el Certificado de Antecedentes de Violencia de Género y Familia, serán destinados y administrados por el Consejo Nacional de la Mujer, por lo cual deberán estar orientados, a la creación y/o construcción de hogares de refugio de emergencia para las mujeres víctimas de violencia en las distintas regiones del país, a fin de llevar adelante programas de protección y fomento del empoderamiento económico y la autonomía de las mujeres víctimas de violencia”.
Incluso, la propuesta indica que “para la designación en cargos públicos que guarden relación con la atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y la protección y garantía del ejercicio pleno de sus derechos, se requerirá la formación y experiencia probada en materia de género y/o derechos de las mujeres”.