Lo que Argentina pierde con la pesca en Malvinas

Los isleños tienen ganancias anuales de 30 millones de dólares por la venta de licencias, y 500 millones más si se tiene en cuenta la pesca ilegal.

 Tras la algarabía inicial por el dictamen de la ONU con el que la comunidad internacional convalidó el planteo argentino, extendiendo los derechos de soberanía a 1.782.000 km2 más allá de las 200 millas marinas, vale preguntarse qué alcance tiene el documento de Naciones Unidas. 

El documento es un informe científico y técnico –no jurídico–, que convalidó las recomendaciones presentadas por la Argentina en 2009. “La Comisión revisa y luego aprueba o rechaza si el país que realiza la presentación ha cumplido con los criterios científicos fijados por la Convemar para el trazado del límite exterior de su plataforma continental. Al aprobarlos, pasan a ser reconocidos por todos los demás Estados que son parte de la Convemar”, explicó un diplomático argentino de acuerdo con perfil. 

Lo que plantea esta decisión es el control y usufructo de los recursos en esa zona: fundamentalmente petróleo y minerales que subyacen en el lecho y subsuelo marinos.

En una investigación realizada por  Leandro Dario titulada “La Segunda Guerra de Malvinas: la disputa por los recursos pesqueros” –presentada ante la Maestría de Relaciones y Negociaciones Internacionales de la Universidad de San Andrés y de Flacso, y pendiente de evaluación–, se analizaron los motivos que llevaron a la Argentina a cancelar la cooperación pesquera con el Reino Unido, que tuvo lugar entre 1990 y 2005. Desde que comenzó a operar, en 1986, la industria pesquera generó un auge de la economía de las Malvinas, con 30 millones de dólares de ingresos anuales en concepto de venta de licencias pesqueras y exportaciones por 262 millones, según el Departamento de Pesquerías de las islas. Los ingresos de esa actividad representan el 34% de su PBI.

Durante el gobierno de Carlos Menem, el país firmó con el Reino Unido acuerdos en Madrid que estipulaban cooperación en las áreas de hidrocarburos y pesca, con recomendaciones para evitar el abuso de los recursos.

En 2005, el gobierno de Néstor Kirchner congeló ese intercambio por considerarlo negativo para el reclamo argentino de soberanía en las islas, además de afirmar que resultaba desigual económicamente.