Cada vez son más las propiedades de Lázaro Báez que están bajo la mira de la justicia. De lñas 48 iniciales, ayer se sumaron otras 16 que también son propiedad del empresario kirchnerista. Debido a ello, se estima que los operativos judiciales se extenderán a lo largo de un mes. Por si esto fuera poco, una fiscal especializada en crimen organizado pidió embargar una estancia en Uruguay que estaría valuada en no más de US$ 4 millones, pero se pagaron por ella US$ 16,5 millones.
Según señaló ayer el juez de la causa, Sebastián Casanello, serán varias semanas de trabajo. "La cantidad de bienes es grande y las distancias en Santa Cruz también lo son", señaló el magistrado a La Nación. A eso, sumó que se tasarán los inmuebles y se secuestraran bienes.
Los procesos de rastreo comenzaron ayer de la mano del fiscal Guillermo Marijuan en conjunto con el juez de Santa Cruz, Federico Calvete. De las 48 propiedades identificadas en una primera instancia por la Justicia, 24 son de Calafate, 16 de Río Gallegos y los otros ocho están repartidos entre las localidades de 28 de noviembre, Río Turbio, El Chaltén y Laguna del Desierto.
El juez pidió prestar "especial atención" a dos de las fincas que dispuso que se allanaran: Cruz Aike y La Julia. Según la declaración del presunto arrepentido de esta causa, Leonardo Fariña, en esas estancias Báez escondía dinero.
"El objetivo es continuar con la tarea de recupero de activos, que es esencial en toda investigación de lavado de dinero de origen ilícito", explicó Casanello a La Nación. "El recupero -agregó- incluye bienes que están a nombre de las personas y también de las empresas; por eso se ordenó además la intervención judicial de Austral Construcciones a través de la designación de veedores de la AFIP."