El Gobierno nacional le exigió formalmente a la fundación María de los Ángeles, de Susana Trimarco, a devolver dos terrenos estatales ubicados en Tucumán que habían sido cedidos por la gestión de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, donde la ONG tenía proyectada la construcción de edificios y viviendas.
La intimación fue realizada a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), la cual emitió las resoluciones 038/16 y 039/16, con fecha al 15 de abril, en las cuales se expresa contundentemente: "Intímase a la Fundación María de los Ángeles a la desocupación y restitución del inmueble en el término de 10 días, a contar desde la notificación de la presente, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales correspondientes".
Uno de los terrenos se encuentra en calle Regimiento 19 de Infantería (ex Italia) al 3800, en la capital tucumana, posee una dimensión de 50.500 metros cuadrados con una superficie cubierta de 6.150 m2 y un espacio semicubierto de 800 m2. Mientras que el segundo se ubica en calle Camino Público y Ruta Nacional 9, km 1303,790, de la localidad de Las Talitas; esta posee 68.200 m2 de superficie.
En el caso del predio situado en la capital, que otrora había albergado parte del ex Hospital Militar, Trimarco pretendía construir un Centro de Desarrollo Materno Infantil y una Casa Educativa Terapéutica, un polideportivo con pileta de natación olímpica, una plaza seca y un jardín con preescolar con capacidad para 118 niños, junto con el desarrollo de microemprendimientos de peluquería, cocina, repostería, pintura, corte y confección.
En cuanto al terreno de Las Talitas, más grande, se planeaba construir un conjunto de viviendas sociales destinado a brindarles una solución habitacional a las víctimas de la trata de personas y sus familias. Además contemplaba que tuviera zonas de esparcimiento urbano y uso comunitario.
Entre los argumentos que la AABE dio a la prensa porteña, el organismo presidido por Ramón Lanús indicó que se trata de "una decisión política del Poder Ejecutivo Nacional de hacer prevalecer el proceso de preservación del patrimonio inmobiliario estatal y la racionalización del espacio físico del mismo, con vistas a su mejor aprovechamiento y utilización".
También cuestionó la cesión para levantar viviendas: "No tiene sentido construir viviendas sobre un comodato", analizó Lanús al ser consultado sobre este caso. "¿Qué pasa con las viviendas cuando se vence el acuerdo? Esto parece más una oportunidad para generar un negocio inmobiliario que un plan para dar una solución habitacional", sentenció.
Fuentes: La Nación e Infobae