La causa que derivó en la imputación de Francisco Pérez y de otros exfuncionarios de la provincia por "incumplimiento de las obligaciones de funcionario público" surgió por supuestas irregularidades en la prórroga de dos áreas petroleras, ya que -según consta en el expediente- la empresa no habría contado con la solvencia económica para afrontar las inversiones comprometidas. Sin embargo, la explotación en ambas zonas no ha sido interrumpida y el Gobierno de Alfredo Cornejo no está decidido a revocar las concesiones.
En mayo de 2011, cuando Pérez era ministro de Infraestructura y Walter Vázquez (también imputado) lideraba la Subsecretaría de Hidrocarburos, el Ejecutivo provincial prorrogó la concesión de las áreas Puesto Pozo Cercado y Chañares Herrados a la petrolera homónima. El acuerdo, similar al que se firmó con YPF, extendió los permisos de explotación hasta 2027 (vencían en 2017) a cambio de una inversión que en el primer quinquenio (2011-2015) debía ascender a 266 millones de dólares. Sin embargo, lejos estuvo la empresa de cumplir con este compromiso.
La imputación recayó sobre Pérez (firmó la concesión) y contra el exsubsecretario de Hidrocarburos, Walter Vázquez; el exdirector de Petróleo, Pedro Sánchez, y el exministro de Energía, Marcos Zandomeni, por no adoptar medidas para revertir la falta de inversión.
De acuerdo con los registros de la Dirección de Petróleo de la Provincia, que aún no cuenta con un funcionario a cargo, la firma concesionaria invirtió 114,53 de los 266,07 millones de dólares comprometidos hasta el 31 de diciembre de 2015: 151,54 millones de dólares menos que lo establecido. Atento a esto, recién el 16 de febrero el Gobierno emplazó a la empresa y ésta deberá justificar -antes de fin de marzo- por qué no aportó los montos comprometidos, tal como establece la ley (tres meses después de vencido el plazo).
Pérez y Vázquez, en 2012, con el exinterventor de YPF, Roberto Baratta.
En este sentido, la petrolera Medanito, a cargo de las áreas desde 2014 (compró Chañares Herrados en una controversial operación), podría perder la concesión por "incumplimiento sustancial e injustificado de las obligaciones estipuladas en materia de inversiones", según establece el artículo 80 de la ley 17.319. Ante esto, en su descargo, la petrolera se ampararía en las "malas campañas" y en la "caída de las reservas". "Tiene que ser algo grave e injustificado para quitarle la concesión", indicaron desde Casa de Gobierno.
Pérez y Vázquez firmaron la prórroga de Chañares Herrados en 2011. En ese momento, ya era público el oscuro pasado de los propietarios de la petrolera, vinculados a delitos de lesa humanidad.
Claro que, más allá de la presentación que realice Medanito, la gestión de Cornejo no está convencida a quitarle las áreas en conflicto, ya que actualmente producen cerca del 20% del petróleo que se extrae en Mendoza: Chañares Herrados y Puesto Pozo Cercado aportan 2.400 de los 13.100 barriles diarios de la provincia. En caso de bajarle el pulgar a la empresa, los yacimientos se paralizarían, quedarían alrededor de 150 personas sin empleo y las regalías petroleras, uno de los principales ingresos para la provincia, se verían reducidas sustancialmente.
A favor de Medanito, en las últimas dos semanas, un equipo de la Subsecretaría de Energía y Minería de la provincia realizó una auditoría, pozo por pozo, en ambas áreas, y no se realizaron observaciones. Fuentes del sector afirmaron que la actividad en los yacimientos es normal. "Hay unas 65 personas con trabajo estable, otras 40 en empresas de servicios y unas 40 más con empleos temporales", añadieron. De todas maneras, más allá del perjuicio que generaría, subrayaron: "Si la justificación por la falta de inversión no corresponde, no quedará otra salida que la declaración de caducidad".