Tal como lo anticipó ayer MDZ, el Gobierno provincial denunció al ex gobernador Francisco Pérez ante la Justicia por presuntas irregularidades en su patrimonio que quedaron al descubierto en las declaraciones juradas presentadas ante Fiscalía de Estado.
La vicegobernadora Laura Montero y legisladores de la UCR darán esta tarde una conferencia de prensa en la que brindarán los detalles, pero se espera que amplíen las sospechas por la compra de un departamento de lujo a un contratista de obra pública durante su gestión.
El ex gobernador declaró tener un departamento de unos 300.000 dólares a precio de mercado en una torre de lujo de Godoy Cruz.
El viernes entró en la fiscalía de Santiago Garay una denuncia por supuesto enriquecimiento ilícito contra el exgobernador y contra su esposa, Celina Sánchez, patrocinada por una abogada adscripta a la Asesoría de Gobierno, Andrea Pescarmona, y acompañada por la firma de varios diputados radicales.
El pedido de investigación judicial fue trabajado entre miércoles y jueves por varios ministerios y está basado en la declaración jurada del matrimonio presentada ante la Fiscalía de Estado y ventilada por Fernando Simón a mediados de la semana que pasó.
Pérez y señora declararon la compra un departamento en las coquetas Torres Agustinas del Bario Bombal y que el financista de esa compra fue un contratista de obra pública del Estado.
Sánchez declaró como suya una propiedad de $1.300.000 en esa torre y denunció un crédito hipotecario de casi $700.000 otorgado por la empresa OHA Construcciones SRL.
OHA es adjudicataria de obras públicas en Mendoza e hizo, entre otras, barrios del Procrear, la remodelación del hospital Metraux y la obra emblemática de Pérez como ministro de Infraestructura de Celso Jaque: el edificio Le Parc.
Hoy tiene adjudicadas la construcción del nuevo edificio de la Administración Tributaria Mendoza (ATM) que se está levantando en calle Peltier y otras construcciones en del Casino.
La operación perfectamente podría calificarse como una práctica reñida con la ética pública, pasible, por tanto, de suscitar responsabilidades hasta penales.
La irregularidad es que un gobernador haya recibido dádivas, haya realizado negocios incompatibles con su cargo, sea deudor o cualquier otra situación que lo comprometa u obligue personalmente con un contratista del sector público.
Sin embargo, más allá de la responsabilidad penal, la compra de ese departamento pudo haber constituido durante el ejercicio de su mandato una situación de incompatibilidad como funcionario. Esta se expresa, al menos de manera implícita, en cuestiones que desde ya están reñidas con el decoro y con la honestidad pública.
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