La modernización del Estado es una de las prioridades del nuevo Ejecutivo nacional y lleva de la mano a unas mayores deudas del Estado: la transparencia de los actos de Gobierno. En este sentido, junto a Bolivia y Venezuela, Argentina es uno de los pocos países de la región que aún no cuentan con una ley de acceso a la información pública. Si bien varias provincias ya han aprobado legislación al respecto, Mendoza sigue estando en deuda. Para enmendar esta situación, algunos legisladores han presentado diferentes proyectos, mientras que una ONG especializada en derechos humanos ha confeccionado una ley modelo para todo el país.
Hoy en día, en Mendoza se publican gran parte de los actos de gobierno, sin embargo sigue existiendo información que no es de fácil acceso para los que la requieran. Por ejemplo, en la Cámara de Diputados de la provincia desde el año 2011 dejaron de publicarse las resoluciones de presidencia. Por aquel entonces, la Cámara Baja era presidida por el diputado Jorge Tanús. Lo mismo ocurre a nivel municipal. Mientras algunos departamentos cargan de manera regular sus licitaciones, resoluciones y acciones departamentales, en otros la información no está disponible en sus páginas web.
Específicamente se trata de la facultad que tiene todo ciudadano de acceder a todo tipo de informaciones de entidades públicas y de personas privadas que ejerzan funciones públicas o reciban fondos del Estado.
El objetivo de la norma confeccionada por el Centro Latinoamericano de Derechos Humanos (CLADH) es unificar criterios a nivel nacional y adaptar la normativa vigente a lo dispuesto por la Organización de los Estados Americanos (OEA). En la actualidad, en el país este tema es regulado por un decreto emitido por Néstor Kirchner en el año 2003.
"El proyecto reúne últimas tendencias doctrinarias, legales y jurisprudenciales a nivel continental", expresó la Jimena Travieso, una de las representantes del CLADH que trabajó en la confección del articulado.
Esta iniciativa ya ha llegado a manos del gobierno provincial, donde fue recibido con buena predisposición por el Ministro de Gobierno, Dalmiro Garay.
Es que no se trata del único proyecto que anda dando vuelta por los pasillos de la Legislatura provincial, donde ya fueron presentadas varias propuestas y una elaborada por el diputado Luis Petri incluso llegó a tener media sanción. Incluso, en el Senado provincial hay legisladores de Cambia Mendoza que están empezando a confeccionar un proyecto propio.
Es el caso de la senadora Daniela García (UCR) y el senador Ernesto Mancinelli (Libres del Sur) quienes trabajan en conjunto con el prestigioso investigador y académico Oscar Oszlak para elaborar una norma que garantice el acceso a la información pública.
El proyecto consta de dos partes, la primera sobre el acceso a la información pública. La segunda parte del proyecto consiste en la Transparencia Activa, donde se obliga a las distintas dependencias del ejecutivo y legislativo a publicitar activamente la información pública, es decir, a mostrar información sin necesidad de que alguna persona, física o jurídica, la solicite.
Ozlak es investigador superior del Conicet; miembro del Consejo Científico del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD); investigador titular del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) y coordinador del programa de investigación sobre Estado y Políticas Públicas de la Universidad de Buenos Aires.
El acceso a la información pública es un derecho humano fundamental Se encuentra reconocido por la Constitución Nacional y por los Tratados Internacionales suscritos por nuestro país, por tal motivo el Estado debe velar por su cumplimiento y por su exigencia.