La secretaria gremial del SUTE, Liliana Chávez confirmó que se la medida de fuerza en respuesta a la oferta final del gobierno en paritarias se dará con paro de actividades y movilización el día 29 de febrero.
Chávez indicó que durante esta tarde los docentes decidieron repudiar el "ítem aula y todos aquellos aumentos que no estén integrados en el sueldo básico", así como también "la posibilidad de un aumento por decreto".
La gremialista indicó que no se repudia el porcentaje ofrecido por los miembros paritarios del Gobierno, sino el "ítem aula". Aunque igualmente consideró que la oferta salarial esperaba rondaba el 40% sobre el básico, considerando la pérdida de poder adquisitivo sufrida desde el último aumento salarial y la inflación estimada para este año.
Los docentes de escuelas privadas también se sumaron al paro y la representante gremial del SADOP, María Luisa Nassif, aseguró que lo hacían por la quita de los derechos ganandos por la ley 5811, refiriéndose también al "ítem aula".
El titular de la DGE indicó que hacer paro está dentro de las atribuciones de los docentes, de acuerdo con la ley. Pero la ley también "marca con absoluta claridad, y no es una decisión de la gestión, que los días no trabajados no se pagan".
Lo incorrecto fue pagar los días que se pararon, o que se dieran compensaciones para poder pagarlos, aseguró Correas.
Por otro lado comentó que hubo solo tres situaciones que el SUTE pidió que se revisara el pago del ítem aula: el embarazo, la continuidad de licencias anuales y en caso de enfermedades adquiridas en el aula. De acuerdo con Correas todo eso se hizo, y además se extendió la posibilidad de faltar por enfermedades hasta 3 días.
"Tienen razón en que el ausentismo lo tenemos que controlar nosotros y lo vamos a hacer, una vez que logremos ordenar todo esto con lo que nos hemos encontrado", agregó Correas y consideró que con el "ítem aula" se busca "dar una señal cultural".
Correas insistió en que se está ofreciendo el salario máximo que se puede pagar, luego de que el gobierno tomara deuda para ello, más las obligaciones que le generó a Mendoza el aumento salarial del 35% que no pudieron absorber las finanzas del anterior gobernador, Francisco Pérez.
Finalmente, el funcionario aseguró que de todas maneras el inicio de clases está garantizado, ya que los directores de escuela están obligados a abrirlas por ser funcionarios públicos, es decir que, tanto los alumnos que quieran asistir a clases, como los docentes que quieran dictarlas, podrán hacerlo.