El exintendente de Malargüe y actual senador provincial Juan Antonio Agulles y otros dos exfuncionarios municipales malargüinos fueron denunciados por la flamante Oficina Anticorrupción de esa comuna debido a presuntas irregularidades cometidas junto a un proveedor sanrafaelino.
Los detalles de la causa fueron brindados en una conferencia de prensa brindada por Luis Alberto Rivero, el gestor de la Oficina Anticorrupción, puesta en marcha a partir de la implementación del nuevo organigrama municipal, y el abogado Gustavo Nedic, quien actuará como asesor independiente.
En el marco de las investigaciones realizadas hasta ahora, el organismo presentó el primer expediente en el Tercer Juzgado de Instrucción de San Rafael a cargo del juez Juan Gabriel Ravagnani, según publicó el portal local Malargüe a Diario.
Al respecto, Nedic informó que, conforme al estudio que se realizó, encontraron irregularidades en expedientes del municipio que "rayan el delito" y advirtió que podrían ser solo "la punta del iceberg", ya que se trata de conceptos administrativos para disponer de fondos.
"Se utilizaban fondos con cargo a rendir, que no se condecían con la ley vigente. Estos fueron posteriores al cambio de la ley que regía desde enero del 2015, es decir se estuvieron entregando estos fondos todo el año pasado con una ley no vigente", explicó.
Los funcionarios implicados son el ex intendente, Juan Antonio Agulles, el ex secretario de Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Cristian Alcalá, y el contador general, Gonzalo Almonacid.
Para Nedic el delito cometido fue el de "peculado", una figura legal similar a la de malversación de fondos públicos. Además, en esta irregularidad también estaría implicado un proveedor de San Rafael, Adolfo Gallego, involucrado como partícipe necesario, ya que hizo pagos de facturas que "irían a parar a los bolsillos de cada funcionario".
"Es el único proveedor con cargo a rendir y que no tiene un asiento registral anterior de haber sido un proveedor del estado, por eso, la ausencia y falta de control por parte de los funcionarios públicos raya al delito, más allá que él podría ser acusado de evasión impositiva", especificó Nedic.
La denuncia fue radicada el 18 de febrero en el mencionado juzgado de San Rafael y, en este sentido, Rivero y Nedic aclararon que han dejado a consideración del fiscal si los funcionarios podrían estar implicados en alguna de las figuras antes citadas.
"Será la Justicia la que determine si los hechos denunciados pueden ser caratulados como delitos. Nosotros estamos facultados a hacer la denuncia y a colaborar con el fiscal como querellante particular. El peculado es un delito que puede tener de dos a diez años de pena", reveló Nedic, quien agregó que si se comprueba que, en vez de ser un acto excepcional, este accionar fue sistemático "podemos llegar a entender que había una estructura montada para hacerse de fondos públicos sin ningún control".