Si bien el miércoles se aprobó un protocolo antipiquetes a nivel nacional, en la Municipalidad de Mendoza hace tiempo que se aplica un Código de Convivencia que impide marchar por las calles. Sin embargo, el mismo ha tenido resultados dispares, pero desde el municipio aseguran que "funciona" y se definen como pioneros en la materia.
La normativa dispone una sanción de multas para las agrupaciones que realicen manifestaciones en las calles del departamento interrumpiendo el libre tránsito de los ciudadanos. Si bien muchas de esas multas aún no se pagan y fueron judicializadas, el intendente Rodolfo Suárez advirtió que a la larga la Justicia le dará a razón al municipio y los manifestantes deberán pagar.
"Las multas son por 20.000 pesos y están en proceso, por lo que la Justicia tendrá que resolver. Contamos con un antecedente contra el Sute que llegó hasta la Organización del Trabajo y salió a favor del Municipio. Se determinó que se está reglamentando el derecho a la protesta, sin que el mismo se vea vulnerado", expresó el cacique comunal.
A diferencia de la provincia y la nación, la municipalidad no puede hacer uso de la fuerza pública para desalojar protestas que interrumpan el tránsito. "Nosotros dialogamos con los manifestanes y les pedimos que se vayan. Si no lo hacen, se los multa", explicó Suárez y aseguró que ya se están notando buenos resultados y ha disminuido el número de cortes.
Por último, señaló que SUTE y ATE han sido dos de los gremios más conflictivos, pero incluso ellos han hecho marchas por la vereda. "La multa se sigue como cualquier ejecución fiscal por nuestro cuerpo de abogados y veremos de donde se embarga", concluyó.