Las palabras del especialista en derecho de aguas Miguel Mathus Escorihuela le ocasionaron dolor de cabeza a más de uno durante la semana pasada en la Legislatura provincial. Es que en el marco del coloquio por el aniversario de la Constitución provincial, el vicerrector de la Universidad de Mendoza descargó una cascada de argumentos contra la legislación de aguas vigente y aseguró que la provincia debe encarar cambios profundos como la eliminación del EPAS y una reforma integral del Departamento General de Irrigación (DGI). A ello, sumó más de una decena de modificaciones contempladas en los primeros esbozos de un proyecto de ley que le fue encomendado por la gestión anterior pero que una vez confeccionado, el ex gobernador Francisco Pérez no tuvo el coraje de impulsar.
En 2014, Pérez le encomendó a Mathus Escorihuela que conformara un equipo de trabajo para elaborar un borrador que permitiera renovar una normativa a la cual el paso del tiempo ha dejado desactualizada. Sin embargo, una vez que los profesionales confeccionaron el primer borrador, el Gobierno provincial puso el freno de mano alarmado por los conceptos que allí se vertían.
Según Mathus Escorihuela el problema del sector no radica únicamente en el hecho de que la ley de aguas tiene 120 años, sino en la sobrecarga burocrática y la mala gestión de las autoridades. En este sentido, Mathus Escorihuela le presentó a Pérez un documento en el que enumeraba los 20 puntos más importantes del nuevo Código de Aguas que estaba elaborando junto a otros especialistas como Lieber Martín y Nicolás González Del Solar. Los mismos planteaban cambios de cirugía mayor, como la elección democrática de los dirigentes de el DGI, la eliminación del EPAS, hacer públicas todas las aguas y terminar con beneficios con los que gozan grandes empresas como Villavicencio, derogar concesiones de pozos realizadas por el DGI, entre otros.
Finalmente, el proyecto de Código de Agua nunca vio la luz y Mathus Escorihuela lo adjudica a distintas circunstancias. Entre ellas, el contexto electoral, las presiones de Irrigación, y la contundencia de los principios que habían volcado junto al resto de los profesionales. “En septiembre del 2015 tuve una reunión mano a mano con Francisco Pérez y le expuse los 20 puntos destacados. Me dijo que eran demasiado fuertes”, admitió el especialista.
A eso, sumó el hecho que era muy difícil para él y su equipo trabajar en un proyecto encomendado por la misma gestión que avalaba las violaciones de la ley de agua subterránea por parte del departamento General de Irrigación.
Un viejo anhelo
Por otro lado, el hombre que durante años estuvo a cargo de la cátedra de Derecho de Aguas en la universidad Nacional de Cuyo admitió que es la segunda oportunidad en la que ve desmoronarse la chance de innovar en la legislación hídrica de Mendoza.
"Lamentablemente, es la segunda vez que fracaso en la creación de este Código de Aguas que tanto necesita Mendoza. La primera fue en 1984 durante el gobierno de Santiago Felipe Llaver", agregó Mathus Escorihuela. Por aquel entonces, la provincia contaba con profesionales destacados en la materia, pero el contexto que se vivía en el país luego de la dictadura militar postergaba al derecho de aguas de las prioridades del Ejecutivo.
"En aquel entonces Guillermo Cano y Joaquín López eran las personas con mejor currículum de Latinoamérica, y ambos eran mendocinos. López incluso confeccionó el Código de Aguas de Córdoba, el cual es el mejor del continente", recordó el letrado. "Llaver nos dijo que no, ya que había que atender otros problemas producto de los años de dictadura", lamentó.
El último jueves, Mathus Escorihuela dio un fuerte discurso en la Legislatura de la provincia, donde pidió terminar con el "toma y daca" que hoy existe en el Departamento General de Irrigación y la política provincial, donde tanto cargos como concesiones se negocian por debajo de la mesa. "Hay muchas cosas a modificar, pero el problema no es la legislación, sino la mala administración y la mala gestión", sentenció.
"Hay que transparentar el DGI. No puede ser que sus autoridades se elijan a dedo y manejen un presupuesto de 400 millones de pesos sin control. No sabemos cuántos empleados hay pero aumentan el personal con sueldos enormes sin que haya mejores resultados. ¿Qué acompañamiento hizo Irrigación a productores agrícolas quebrados? Cada año aumentó su presupuesto y lo trasladó a la cuota de los regantes, cada vez más cara", aseveró.
Por último, señaló que nadie de la gestión actual se ha comunicado con él para conocer su opinión sobre el tema, pero destacó la iniciativa de la vicegobernadora Laura Montero de poner en debate el tema gracias a sus intenciones de impulsar una reforma de la Constitución. "Muchos me interrumpieron con aplausos en mi discurso, aunque otros me miraban con caras largas", concluyó.