A Luis Lobos lo han acorralado las denuncias. Esta mañana, los abogados Lucas Fallet, Pablo Moreno y Carlos Varela Álvarez presentaron un pedido de imputación que no solo contempla al ex intendente, sino a gran parte de su gabinete cuando estuvo al frente de la Municipalidad de Guaymallén. Los delitos que se les adjudican son enriquecimiento ilícito, fraude a la administración pública y malversación de caudales públicos.
La denuncia que desencadenó la investigación fue presentada por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) en diciembre del 2014 y desde entonces ha ido profundizándose hasta detectar serias irregularidades. Así lo expresó Varela Álvarez, quien no sólo ha pedido la imputación de Lobos, sino también de muchos de los miembros de su gabinete.
Además, se ha solicitado indagatorias por enriquecimiento ilícito a Luis Alberto Lobos y su esposa Claudia Sgró; algunos familiares, como Facundo Ruíz y Juan Carlos Sgró; y Daniel y Pablo Giordano, padre e hijo.
En cuanto al delito de fraude a la administración pública, además de Lobos también se pide al fiscal que impute a Daniel Giordano, su exsecretario de Obras Públicas Federico Sampieri, la contadora Matilde Mussotto y la exdirectora de Hacienda, Irma Bruno.
A eso, los abogados que impulsan la denuncia agregan irregularidades detectadas en la contratación de combustibles y que salpicarían a otros miembros de la gestión Lobos: Julio Abdala, Emilio Mecolatti, Nicolás Del Curto, Cristian Jaime, Daniel García y Juan Tobas.
"La maniobra descripta en la pericia comprende no sólo la estafa y hurto de 'cargar' combustible en autos o vehículos fuera de circulación como el de cargar combustibles a vehículos no autorizados", se puede leer en el comunicado.
Otra punta de la investigación implica el alquiler de una planta de asfalto y complica a Lobos, Sampieri y otros empleados. "Deberá investigarse el rol de la empresa EMILIO TERZI S.A donde la pericia comprueba que no hay comprobante alguno del ítem 5, el cual se pagó", sugieren los denunciantes. "No estamos únicamente frente a un contrato leonino, sino además se ha detectado pagos que no corresponden, facturas de pagos que no tenía porqué hacerlos el municipio como roturas o combustibles, pagos extras", agregan.
Al mismo tiempo, acusan irregularidades en la contratación de máquinas y equipos, algo que hace pocas semanas fue observado por el Tribunal de Cuentas. El órgano de control ordenó que Lobos y sus funcionarios devuelvan 700 mil pesos por contratación de máquinas viales. Este hecho fue incluido en la denuncia de Varela Álvarez, Fallet y Moreno.
El último punto es la malversación de fondos nacionales de los planes Más Cerca, Más Municipio, Mejor País y Más Patria. Por este último punto ya ha sido imputado. También fue denunciado por haber contratado, de modo exprés y discrecional, una planta de asfalto a la empresa Wanka S.A. "Se comprometieron alrededor de 20 millones de pesos y sólo se asfaltaron 28 cuadras", denunció en su momento el actual intendente, Marcelino Iglesias.
El patrimonio de Lobos
Además de la denuncia, se realizó una presentación de la sospechosa evolución patrimonial de Lobos. Durante los ejercicios 2012 a 2015, Luis Lobos ha percibido en concepto de salarios la suma de $ 1.194.599. Según la última Declaración Jurada presentada a AFIP es del año 2012.
Allí declaró un departamento y el lote de su casa actual de calle Tirasso, dos rodados -una camioneta Amarok y un Peugeot 308- y dinero en efectivo por $165.608,20.
Sin embargo, encontraron inconsistencias patrimoniales en la construcción de una casa en la calle Tirasso. "La estimación que realizan los peritos sobre el valor de la vivienda en el proceso constructivo durante el período 2011 a 2014 implica una inversión de $3.500.000, que no se condice con sus ingresos como funcionario público, además de no haber sido declarada". La pericia detectó también la compra del 50% de un cuatriciclo Outlander Max 800R con valor de compra declarado de $119.000 en enero de 2013.
Por último, se aportan pruebas del incremento desmedido de la planta de personal y la contratación de "ñoquis" que nunca prestaron servicios a la comuna.