La Suprema Corte de Justicia le ordenó al Ejecutivo calcular el pago que se les daría a los efectores de la Salud por el ítem productividad que fue suspendido por decreto. Para Ampros es una victoria, para el Gobierno no está todo dicho, y la Corte solo ha dictado una medida precautoria.
El ministro de Gobierno, Dalmiro Garay defendió la posición del Gobierno al respecto y aseguró que -a pesar de las declaraciones de la doctora Isabel Del Pópolo, quien celebró el fallo- no es un revés para Cornejo en favor de Ampros, sino que se trata de una medida de "precaución", para que si "eventualmente" se decide que fue ilegal suspender el pago del adicional pueda saberse cuánto se debería haber liquidado.
"La Corte no ha resuelto en favor de Ampros, ni ha ordenado devolver nada, por el contrario rechazó el pedido y nos ordenó que liquidemos como si les pagáramos (sin hacerlo) para saber cuánto les deberíamos a cada uno, en caso de que resolvieran lo contrario", indicó el ministro.
El funcionario insistió en que no deberán pagar nada a partir de enero, porque si no se ha pagado es porque no se ha recaudado dinero extra en los hospitales. El adicional se paga "cuando todos los gastos operativos estén cubiertos", recordó Garay y señaló que la Emergencia Sanitaria se sancionó porque "no había ni gasa en los hospitales", lo que no impediría que una vez recuperado el sistema se vuelva a establecer.
"Si no hay utilidades no hay qué distribuir, es un ítem variable, no forma parte del salario"
"Se sigue recaudando ese dinero, lo que está haciendo el Estado es aplicarlo al sistema de Salud", agregó Garay.
Por el momento, el Gobierno calcula el ítem pero no lo paga y ese dinero lo destina a cubrir gastos corrientes, para que en un eventual fallo contrario no sea necesario contratar a un perito y perder tiempo en el cálculo.
"La Corte ha dicho que no queda claro que sea ilegal, pero por una cuestión de precaución nos pidieron que sepamos cuánto se hubiera pagado"
La suspensión del ítem llega hasta diciembre -tiempo estimado por la Emergencia Sanitaria- y tiene la posibilidad de ser prorrogado por 180 días. Si no se extiende el plazo, el Gobierno volverá a pagar el ítem desde enero, pero sin retroactivos, a no ser de que la Corte diga lo contrario.