Un fiscal denunció a la ex secretaria de Comercio Exterior, Beatriz Paglieri, por "cohecho pasivo" a raíz de la supuesta venta de influencias para agilizar trámites vinculados a declaraciones juradas de importaciones y servicios.
La denuncia fue presentada por el fiscal Sandro Abraldes y quedó a cargo de la jueza federal Maria Servini, informaron fuentes judiciales.
Abraldes pidió investigar a la ex funcionaria a raíz de datos surgidos durante un juicio ante el Tribunal Oral en lo Criminal 9, en el que actuó como fiscal.
En la denuncia se pidió investigar a ocho sospechosos, entre ellos Paglieri, por delitos como "tráfico de influencias, cohecho y defraudación".
El fiscal aludió a un "entramado de negocios" con pedidos de dinero "de terceros influyentes para hacer valer indebidamente influencia ante un funcionario de gobierno".
"Deberá investigarse el comportamiento del funcionario y explorarse la posibilidad de un acuerdo venal que involucrase la promesa de hacer o dejar de hacer algo relativo a sus funciones", consideró el fiscal.
Abraldes está al frente de la fiscalía nacional en lo criminal de Instrucción 24 y explicó que, durante ese juicio oral, se descubrió que dos de los denunciados tuvieron en el 2013 una oficina en Puerto Madero desde donde pactaban "operaciones dinerarias" de venta de "influencia" sobre la entonces Secretaria de Comercio Exterior.
Paglieri ocupó ese cargo entre 2011 y 2013.
Para el fiscal, se ofrecía agilizar trámites vinculados con las declaraciones juradas anticipadas de Importaciones (DJAI) y de Servicios (DJAS), y, para eso, se invocaba el vínculo con Paglieri.
Esas declaraciones eran un "núcleo central del modelo económico diseñado de ese momento", remarcó Abraldes.
Además, consideró que hay evidencia para sostener que quienes operaban en esa oficina, David Setton y Roberto Bello, recibían dinero de diferentes personas para "activar los trámites" y percibían comisiones de entre el 12 y 15%.
De esta manera, señala la denuncia, se habrían agilizado "un número indeterminado de trámites", así como también se habría logrado la "autorización" de varias operaciones que habían sido rechazadas en una primera instancia.
"Se observa la afectación de valores esenciales reconocidos por el orden jurídico a través de conductas que comprometen la irreprochabilidad, transparencia, objetividad e insospechabilidad exigidas por el sistema republicano de gobierno a sus funcionarios y reclamada por la sociedad que debe confiar en sus gobernantes", remarcó el fiscal en su denuncia.
Paglieri renunció a su cargo el 7 de diciembre de 2015 y, según la denuncia, habrían quedado gestiones sin concluir por un monto cercano a los 2 millones de dólares por parte de los ahora denunciados, encargadas en su mayor parte por comerciantes del rubro textil.
Entre las medidas de prueba que pidió el fiscal, figura el llamado como testigo del ex secretario de Comercio Augusto Costa.