Ayer, el juez federal Julián Ercolini se declaró incompetente para continuar con la investigación penal por la supuesta defraudación de Cristóbal López contra el Estado por $ 8.000 millones y determinó que esa pesquisa debe continuar en el fuero Penal Económico por "evasión agravada".
El magistrado justificó su decisión en el "carácter específico" del fuero Penal Económico para avanzar en este tipo de investigaciones. Esto, además, permitiría que la AFIO obtenga "resultados más satisfactorios". Y anticipó que, de ser hallado culpable, permitiría imponerle "penas privativas de la libertad mucho más graves" que en el fuero federal a López, y también a Fabián de Sousa y al ex titular del organismo, Ricardo Echegaray.
De todos modos, si la Cámara Federal porteña confirma la decisión de Ercolini, implicaría una oportunidad para López de acogerse a la moratoria que impulsó el presidente Mauricio Macri y que establece la suspensión de la acción penal para todos aquellos que regularicen su situación tributaria.
Sin embargo, según publica este viernes Hugo Alconada Mon en La Nación, La resolución de Ercolini sorprendió a la AFIP, que adelantó que la apelará ante la Cámara Federal, al igual que el fiscal Gerardo Pollicita, quien había pedido el procesamiento de López, De Sousa, Echegaray.
Para la AFIP, la deuda por $ 8.000 millones debe tomarse como el resultado de una administración fraudulenta de Echegaray en perjuicio del Estado. En ese caso, la causa debería continuar en el fuero federal, sin darle la opción a López y a De Sousa de entrar en la moratoria y suspender la acción penal.
La decisión de Ercolini llama la atención ya que el juez federal defendió su competencia en el tema durante meses y ayer consideró que la investigación debe continuarla su colega del fuero Penal Económico, Verónica Straccia, con López como el gran protagonista de una presunta evasión y con Echegaray, como figura secundaria.
Conscientes de los beneficios que tendrían al trasladar la causa al fuero Penal Económico, López y De Sousa lucharon por eso desde hace meses.
En este sentido, las penas previstas en la ley Penal Tributaria son más altas, pero López y De Sousa apuntan a cancelar la deuda y cerrar el frente penal. En esa línea, el Grupo Indalo ya le presentó una "oferta" a la AFIP: desembolsar $ 4500 millones y devolver el resto en 30 cuotas, con las acciones de empresas del holding como garantía. De todas maneras, no habría sido una propuesta formal.