La Suprema Corte presentó argumentos de alto voltaje político al justificar la excarcelación del exintendente de Santa Rosa Sergio Salgado, al considerar que hubo una "cacería" jurídica del caudillo peronista e, indirectamente, una especie de "golpe" institucional.
En el fallo a través del cual aceptó el recurso de casación de la defensa para revocar la prisión preventiva, el máximo tribunal consideró que se apeló a la figura de "asociación ilícita" por el mero hecho de tratarse de un delito que prevé una pena mayor de 3 años, lo cual da un fundamento legal para rechazar la excarcelación.
"El Sr. Fiscal de Instrucción sale a la "caza" de una calificación legal que justifique el encarcelamiento preventivo del acusado.
"El Sr. Fiscal de Instrucción sale a la "caza" de una calificación legal que justifique el encarcelamiento preventivo del acusado y luego fundamenta el pedido de prisión preventiva sobre la base de esa calificación legal que ha sido seleccionada de antemano con esa finalidad", señala en sus fundamentos el fallo, al tiempo que considera que no hay elementos que prueben que hubo una asociación ilícita.
Además agrega: "los elementos probatorios para fundamentar dicha acusación no transforma automáticamente dicho delito en "no excarcelable", pues son conocidos los argumentos procesales, constitucionales y convencionales en contra de una pretensión semejante".
"(...) Privaron al pueblo de Santa Rosa de enjuiciar y, en su caso, destituir, a través de sus representantes en el Honorable Consejo Deliberante, al intendente que el mismo pueblo había elegido democráticamente".
Sobre esta base, los jueces consideraron que se vulneraron los mecanismos constitucionales previstos para la remoción de un gobernante: "(...) En los hechos, ha permitido que la prisión preventiva de Salgado, de algún modo, se haya transformado en el medio a través del cual se lograron sortear mecanismos constitucionalmente previstos para su destitución (...) Dicho de otra manera, el criterio jurídico y los mecanismos procesales utilizados (...)privaron al pueblo de Santa Rosa de enjuiciar y, en su caso, destituir, a través de sus representantes en el Honorable Consejo Deliberante, al intendente que el mismo pueblo había elegido democráticamente".
* Informe: Nicolás Munilla