El ex intendente de Santa Rosa, Sergio Salgado, recuperó su libertad luego de ocho meses de permanecer en prisión, tras una jornada exhaustiva tanto para él como para sus familiares y abogados.
Luego del fallo de la Suprema Corte de Justicia, que revocó la prisión preventiva del dirigente peronista brindando una serie extensa de argumentos, algunos de carácter explosivo, los letrados del acusado comenzaron inmediatamente los trámites burocráticos pertinentes para disponer de la liberación de su defendido, con el objetivo que el mismo viernes abandone la cárcel de San Felipe.
El encargado de realizar el papeleo administrativo fue Carlos Moyano, uno de los dos abogados (el otro es Sergio Carreño) que llevan adelante todos los procesos judiciales de Salgado. El letrado llegó a la sede de la Unidad Fiscal de Instrucción de Capital, ubicada en el tercer piso del Ala Sur de Tribunales, alrededor de las 16, para ser notificado formalmente del fallo de la Suprema Corte y presentar la oferta de fianza ante el fiscal de la causa, Santiago Garay.
El abogado Carlos Moyano realizó todos los trámites ante la Justicia para la liberación de Salgado.
Curiosamente, en el mismo momento que Moyano llegó a la sede judicial, otra figura de relativa importancia en el ámbito provincial estaba presente: se trata del secretario general de ATE, Roberto Macho, quien junto a su abogado volvió a la UFI Capital por la denuncia de coacción y amenazas que le impuso la titular de la OAL, Verónica Álvarez. Además, la Unidad Fiscal de Capital ebullía de funcionarios judiciales, ya que se encontraban los fiscales Susana Muscianisi (que está a cargo de la causa de Macho), Carlos Torres y María Mercedes Moya.
La propuesta de fianza presentada a Garay, y recepcionada por Muscianisi, fue similar a la que Moyano y Carreño enviaron a la Justicia poco después de la detención de Salgado: dos fincas productivas en Santa Rosa tasadas en 500.000 y 300.000 pesos, propiedad del padre del ex intendente, Rubén Salgado, y que forman parte del patrimonio familiar, y tres automóviles a nombre del detenido y dos amigos.
La extenuante espera
En contacto con la prensa, Moyano aseguró que "la cuestión política no viene desde la Provincia ni de la Nación, sino que se trata de un tema político en Santa Rosa" y apuntó contra las fuerzas políticas locales opositoras a su defendido: "Recordarán que, antes de estos hechos, ya se lo quiso destituir tres veces, no contando con los votos suficientes, por lo que recurrieron a esta maniobra".
"Ha sido un golpe muy duro para él", manifestó el abogado. De todas maneras, según Moyano, "la verdad será hija del tiempo, y por eso ofrecimos todas las pruebas correspondientes", como las diez horas de declaraciones de Salgado ante la Justicia. "No quiero hablar antes de probar las cosas que puedo llegar a decir, pero la Corte es muy clara en lo que dice y es mucho más dura que mis dichos", aseveró.
Serio pero expectante por su liberación, Salgado completó los trámites judiciales correspondientes como cualquier otro recluso.
De hecho, el fallo redactado por el juez Omar Palermo y ratificado por sus pares Jorge Nanclares y Julio Gómez sostiene que "el Sr. Fiscal de Instrucción (Santiago Garay) sale a la "caza" de una calificación legal que justifique el encarcelamiento preventivo del acusado y luego fundamenta el pedido de prisión preventiva sobre la base de esa calificación legal que ha sido seleccionada de antemano con esa finalidad", al tiempo que considera que "los elementos probatorios para fundamentar dicha acusación (de asociación ilícita) no transforma automáticamente dicho delito en "no excarcelable", pues son conocidos los argumentos procesales, constitucionales y convencionales en contra de una pretensión semejante".
"El criterio jurídico y los mecanismos procesales utilizados (...) privaron al pueblo de Santa Rosa de enjuiciar y, en su caso, destituir, a través de sus representantes en el Honorable Consejo Deliberante, al intendente que el mismo pueblo había elegido democráticamente", sentenciaron los tres magistrados de la Sala II de la Suprema Corte.
Durante la extensa espera, llegaron a Tribunales Rubén Salgado y el abogado Sergio Carreño, expectantes ante lo que pueda ocurrir con el ex intendente. Si bien la liberación era prácticamente un hecho consumado, todavía faltaba la resolución del fiscal Garay para saber si aceptaba la fianza propuesta o no por los defensores; siendo que si tomaba la segunda opción, los trámites para la libertad de Salgado se hubieran extendido varios días más.
Sergio Carreño, el segundo abogado del ex intendente y persona de su confianza.
Alrededor de una hora y media después, la Fiscalía le manifestó a Moyano que, si bien se aceptaban los inmuebles y vehículos propuestos como forma de pago para la fianza, debía entregarse un cheque por un millón de pesos en calidad de garantía hasta que la Justicia habilitara las escrituras de las fincas y los automóviles, cuestión que ocurrirá la semana próxima. Ante esto, el letrado firmó el cheque a su nombre para activar la liberación de su defendido.
El arribo de Salgado a Tribunales
Con los trámites judiciales bastantes avanzados, solo faltaba la presencia de Salgado. Hasta su llegada, no se sabía con certeza cómo el ex intendente iba ser notificado, ya que había dos alternativas: que subiera hasta el tercer piso y se presentara en la Secretaría de la UFI Capital (como finalmente ocurrió) o que la notificación ocurriera en la sala de detención de Tribunales, en presencia de un funcionario de la mencionada unidad fiscal.
Así entró Sergio Salgado a las oficinas del tercer piso de Tribunales.
Pasadas las 19.30, más de tres horas después del comienzo de los trámites judiciales, Sergio Salgado llegó al tercer piso de Tribunales proveniente del segundo subsuelo, donde llevaba alojado cierto tiempo desde su arribo procedente de San Felipe, con una escolta compuesta por dos efectivos del Servicio Penitenciario y otro tanto de policías del palacio judicial. Esposado, visiblemente más delgado, algo demacrado, serio y cabizbajo, el ex intendente santarrosino pasó rápidamente por el hall y el pasillo enfrentado hasta a la Secretaría de la UFI Capital, rodeado por periodistas y fotógrafos.
Ante los medios, Salgado apenas emitió unas palabras en respuesta a las preguntas de la prensa. Primero se le preguntó si iba a volver a la política, a lo cual contestó escuetamente que "no"; luego, ya casi en el ingreso a la oficina, se lo interrogó sobre sus próximos pasos tras su liberación, por lo que respondió: "Me voy a mi casa con mi familia".
La salida de Salgado fue tan veloz como su ingreso, aunque estuvo levemente demorada por la espera del ascensor que lo llevó nuevamente al segundo subsuelo, para luego embarcarse en el vehículo que lo trasladó hasta San Felipe, donde finalizó los trámites penitenciarios correspondientes que lo dejaron en libertad antes de la medianoche.
Salgado y sus abogados esperan que esta sea la última vez que el ex intendente santarrosino ingrese esposado al Palacio Judicial.
Ahora Salgado deberá permanecer en Mendoza durante todo el proceso judicial que lleva adelante el fiscal Garay, ya que tiene prohibida la salida del país y, para viajar hasta otra provincia argentina, deberá pedir autorización a la Justicia. Además deberá presentarse tres veces por semana en la comisaría más cercana a su domicilio fijo (la 21º de Santa Rosa) para dar fe que cumple con la disposición de la Suprema Corte. Todos estos pasos fueron dispuestos en el fallo del máximo tribunal local.
El contexto y la repercusión política
La liberación de Salgado ocurrió menos de tres semanas antes de las elecciones primarias en Santa Rosa, que definirán a los candidatos que competirán en las generales de febrero por llegar a la intendencia que el mismo dirigente justicialista abandonó el 1 de abril, poco después de ser detenido.
En diálogo con el programa Queda mucho por decir, de MDZ Radio, la intendenta interina de Santa Rosa, Norma Trigo, fue muy escueta a la hora de opinar sobre la liberación del ex intendente, teniendo en cuenta que es una de las denunciantes de la causa: "Estamos sorprendidos por el fallo de la Suprema Corte, porque le habían negado dos veces la excarcelación, pero hay que acatar lo que dictamina la Justicia".
"No he tenido tiempo de evaluar la situación. Puede ser que sea por la cercanía de las elecciones y que los tiempos políticos se acortan, pero realmente no he evaluado ninguna hipótesis", manifestó la dirigente radical sobre la posibilidad, como deslizan funcionarios del Gobierno provincial, que la salida de Salgado responda a intereses de la Suprema Corte.
Respecto a las elecciones primarias, Trigo consideró que la liberación de Salgado "no creo que tenga demasiada influencia", ya que "estamos compitiendo en un frente donde no interviene el PJ, yendo paso a paso", aunque señaló que "después del 12 de diciembre veremos como se presenta el panorama político". Las municiones más pesadas provinieron del Gobierno provincial. La más explícita fue la vicegobernadora Laura Montero, quien a través de su cuenta de Twitter puso en tela de juicio el fallo del máximo tribunal: "No puede menos que hacerse una interpretación política de la excarcelación de Salgado" y añadió el hashtag #CooptaciónPolíticaDeLaJusticia.
Corrijo: No puede menos que hacerse una interpretación política de la excarcelación bajo fianza de #Salgado #CooptaciónPoliticaDeLaJusticia- Laura Montero (@lauramonteromza) 26 de noviembre de 2016
En su visita a la cena aniversario de la Cámara de Comercio de Tunuyán, el gobernador Alfredo Cornejo se mostró "sorprendido" por la sentencia judicial firmada en unanimidad por Palermo, Nanclares y Gómez, sobre todo teniendo en cuenta que la causa será elevada a juicio luego de la feria judicial de enero.
Más allá de las "sorpresas" y ciertos deslices críticos, no son pocos quienes piensan en el Gobierno que la liberación de Salgado, como también el "salvataje" al fiscal Fabricio Sidoti para evitar el Jury de Enjuiciamiento, obedece a una maniobra política hecha por algunos jueces de la Suprema Corte, encabezados por Palermo, y en complicidad con el Partido Justicialista (incluyendo a los ultra K), en respuesta a las "embestidas" que Cornejo esgrime al sector "garantista y zaffaronista" de la Justicia mendocina, desde proyectos legislativos como las prisiones preventivas hasta las designaciones de Alejandro Gullé como Procurador y José Valerio como juez del máximo tribunal.