El Tribunal de Cuentas ordenó que el ex intendente Luis Lobos y algunos miembros de su gabinete en Guaymallén devuelvan casi un millón de pesos por irregularidades en el alquiler de camiones y maquinas destinadas a diversas áreas del municipio. Según aducen desde el órgano de control, en el Ejercicio 2015 se constató que no existe documentación de control interno que respalde la prestación de servicios aprobados por el municipio como así tampoco remitos que permitan corroborar la efectiva prestación de los servicios.
Según consta en el fallo 16.679, Luis Lobos, el exsecretario de Obras y Servicios Públicos Federico Sampieri, la ex Secretaria de Hacienda Irma Beatriz Bruno, la ex Contadora Municipal Matilde Musotto, el ex Director de Espacios Verdes, Javier González y el ex Subdirector de Servicios Públicos, Rubén Carrera, deberán responder solidariamente por un total de 747 mil pesos.
Además el fallo, que en realidad corresponde solo a una porción del 2015 que se tomó como muestreo en el juicio parcial de cuentas, también pone en conocimiento de lo ocurrido al fiscal de Estado, Fernando Simón.
Este tipo de procedimientos son realizados por el organismo de control cuando alguna institución gubernamental detecta irregularidades en el ejercicio en función. En esos casos, el Tribunal de Cuentas puede iniciar el "juicio parcial de cuentas" y dictar un pronunciamiento pertinente dentro de los seis meses sucesivos.
En su momento, el actual intendente Marcelino Iglesias había denunciado penalmente a la gestión de Lobos por irregularidades en la obra pública. Específicamente, en el asfaltado de calles.
"Se trató de un trámite muy exprés, alquilaron una planta asfaltera a la empresa Wanka S.A. Los pagos salieron volando. Eran 1.800.000 pesos por mes y se llegaron a pagar 10 millones de pesos. Hoy, reclaman 5 millones de pesos más, más todo el asfalto que lo tenía que poner el municipio, más empleados y demás... calculamos que, en total, se comprometieron alrededor de 20 millones de pesos y sólo se asfaltaron 28 cuadras", expresó en agosto a MDZ.
Esa denuncia había quedado en manos del fiscal Juan Manuel Bancalari, pero con los cambios que introdujo el nuevo procurador Alejandro Gullé en el Ministerio Público, paso al fiscal Santiago Garay. Ahora, este último podrá contar con la información de la auditoria realizada por el Tribunal.