La expresidenta Cristina Kirchner finalizó este mediodía su declaración indagatoria ante el juez federal Julián Ercolini por presunto fraude en la obra pública y poco después de las 12:30 se retiró de los tribunales de Comodoro Py 2002, donde llegó poco antes de las 10:15.
"Es un disparate mayúsculo pretender que una asociacion ilícita la conforman un Poder Ejecutivo integrado de manera legal", señaló la exmandataria a la prensa al salir de Tribunales, y destacó que las obras públicas las aprueba el Congreso a través del Presupuesto Nacional, en tanto que a su vez se ejecutan por parte de autoridades provinciales.
Cristina consideró que la causa que lleva Ercolini "es una maniobra formidable de persecución política, de hostigamiento mediático" que "no es original" ya que, agregó: "la vemos en Brasil con respecto al expresidente Lula" Da Silva.
"Es una maniobra a nivel regional", dijo Cristina Kirchner, quien señaló que además es "obviamente del actual gobierno" con el objetivo, según dijo, de "trata de tapar el desastre económico y social que hoy tiene la Argentina a partir de las decisiones" del presidente Mauricio Macri.
Consideró que si su gestión fue "una asociación ilícita", la actual sería "una asociación ilícita terrorista" porque -ironizó- "infunde terror a los ciudadanos, que tienen terror cuando llega la factura de luz y de gas o cuando van al supermercado".
Durante unas dos horas, Cristina Kirchner declaró ante el juez que ahora debe definir si dicta o no su procesamiento en esa causa por vínculos con el empresario Lázaro Báez. En la indagatoria, la exmandataria pidió que se realice un peritaje sobre la obra pública realizada durante su gestión.
Al mismo tiempo aseguró que no es "amiga ni socia comercial" de Báez y que la licitación de obra pública se definía en el Congreso. También dijo desconocer muchas de las que se hicieron en Santa Cruz de la mano del empresario Báez.
Munición contra el primo de Macri
Cristina denunció que hubo irregularidades por parte del Gobierno de Mauricio Macri en el financiamiento del soterramiento del tren Sarmiento con 45 mil millones de pesos puesto que el mismo le correspondía asumir a la empresa IECSA, del cual es accionista Ángelo Calcaterra, primo del actual mandatario.
Según dijo Cristina Kirchner en su indagatoria, la vicepresidenta Gabriela Michetti firmó un decreto este año en el que otorgó el financiamiento para financiar esa obra lo que hubiese correspondido que él mismo estuviera a cargo de IECSA. Por tal motivo, los fiscales requirieron la apertura de una nueva investigación por los dichos de la ex mandataria.