Semanas atrás, la Justicia Federal y Provincial liberó a siete jóvenes que fueron detenidos con más de 1.000 kilos de marihuana, elementos robados y armas de fuego, lo que generó una enérgica reacción del gobernador Alfredo Cornejo. Ahora, 15 gitanos que estafaron a más de 200 personas no pisarán ningún penal de Mendoza.
La historia comenzó en junio, cuando la Policía detuvo a 20 personas, de las cuales 15 fueron imputadas por más de 200 operaciones fraudulentas de venta de vehículos: cobraban por un rodado que nunca entregaban. Posteriormente, admitieron su culpabilidad y fueron condenados a una prisión en suspenso, no efectiva.
En una primera etapa, 8 gitanos aceptaron someterse a un juicio abreviado y los fiscales Tomás Guevara y Gonzalo Marzal solicitaron una pena de 3 años de prisión en suspenso. Este acuerdo fue ratificado por el juez de Garantías Aníbal Crivelli y ninguna de estas personas quedó detenida.
Al ver este desenlace, el resto de los imputados pidió el mismo beneficio, a lo que los fiscales accedieron. Sin embargo, como ya había dictado sentencia en el caso anterior, Crivelli se inhibió y la causa quedó en manos de otra jueza de Garantías: Alejandra Mauricio, quien apareció en los últimos días como candidata a integrar la Suprema Corte.
Mauricio, a diferencia de Crivelli, vio improcedente la pena en suspenso y consideró que debían ser juzgados por los delitos de asociación ilícita más las estafas. En su fallo, además, la magistrada cuestionó que los fiscales no hayan consultado al querellante particular acerca del pedido de juicio abreviado contra los estafadores.
"Teniendo en cuenta las numerosas causas por defraudación, los reiterados mantenimientos de la libertad que han obtenido los encausados, el daño patrimonial ocasionado, la reiteración delictiva (...) entiendo que la pena solicitada no sólo es exigua sino que los imputados deben ser juzgados en un único juicio por las numerosas defraudaciones", resolvió la jueza.
Sin embargo, el fallo fue apelado -no por los abogados defensores, sino por los fiscales- y la Cámara autorizó la realización de un juicio abreviado idéntico al anterior. Entre otros argumentos, se indica que lo planteado por la jueza "resulta ostensiblemente violatorio del principio de inocencia consagrado constitucionalmente".
En la Justicia, todo tiene respaldo legal y para fiscales y algunos jueces, está en regla. Sin embargo, en la realidad ajena al expediente, 15 personas, algunas que ya aceptaron su culpabilidad, quedarán libres.