La provincia aún no ha podido recuperar un solo centavo de los más de $3 millones desaparecieron de la Unidad de Financiamiento Internacional en los años 2008, 2009 y 2010. Si bien los responsables han sido condenados, aún siguen libres y sin devolver el dinero que les reclama el Tribunal de Cuentas. Pero lo peor de todo es el que Estado tuvo que pagar casi 500.000 pesos en honorarios a los abogados de otras dos empleadas de la UFI que debían controlar al tesorero Marcelo Martorell y a las que el Tribunal de Cuenta le habían impuesto cargos por no detectar la estafa millonaria.
En septiembre de este año -cuatro años después de que el escándalo saliera a la luz- la 5ª Cámara del Crimen emitió su sentencia y condenó a tres años de prisión con ejecución condicional al subtesorero Federico José Acuña, el tesorero Marcelo Orlando Martorell y la esposa de este último, Claudia Beatriz Banno.
Pero paralelamente la Suprema Corte obligó al Tribunal de Cuentas limpiar de responsabilidad a las ex jefas del área contable de la UFI, María Florinda Rubio y María Soledad Pastrana. Ambas habían reclamado ante la Justicia y ahora la provincia deberá pagarles más de 480 mil pesos a los abogados que las representaron.
El problema es complejo y deja en una situación incómoda al Tribunal de Cuentas. Primero por no detectar el fraude a tiempo y segundo por revisar un ejercicio que ya había sido aprobado. Para entenderlo hay que retroceder en el tiempo varios años y situarse a principios del periodo 2011. Por aquel entonces el Tribunal de Cuentas observó irregularidades por 987 mil pesos en los balances presentados por la Unidad de Financiamiento Internacional. Al comenzar a profundizar la investigación, encontraron maniobras irregularidades realizadas por el tesorero de la institución, Marcelo Martorell.
Ese fue el detonante de una denuncia penal presentada por el ex ministro de Hacienda, Adrián Cerroni y que terminó en la tibia condena penal.
A la luz de los hechos el Tribunal de Cuentas tomó una decisión que aún es cuestionada. Decidió volver a revisar ejercicios anteriores para observar si las maniobras fraudulentas también se habían cometido en los años 2008 y 2009. Si bien las sospechas se confirmaron y se constató una faltante de $1.6 millones en 2008 y $1.3 millones en el 2009 e impusieron cargos a Pastrana, Rubio, Acuña y Martorell para que los devuelvan, el dinero nunca apareció y el Estado terminó perdiendo otro medio millón de pesos.
Se debe a que tanto Pastrana como Rubio apelaron ante la Corte el fallo del Tribunal de Cuentas y la Justicia les dio la razón. En Concreto, los jueces Jorge Nanclares y Alejandro Pérez Hualde determinaron que el Tribunal de Cuentas no podía reabrir la investigación de un balance que ya había sido aprobado tiempo atrás por la misma institución.
En conclusión, obligaron al órgano de control a modificar su fallo y liberar de culpa y cargos a María Soledad Pastrana y María Florinda Rubio. Sin embargo no hizo lo mismo con Martorell y Acuña, que deberían devolver el dinero faltante.
"Cuando encontramos los balances que no cerraban y visualizamos la manera en la que Martorell había escondido las irregularidades, decidimos reabrir los ejercicios 2008 y 2009, que ya estaban aprobados. A la luz del fallo de la Corte fue un error y sienta precedente para que no se haga nuevamente", explicó la responsable de la dirección de Descentralizadas II del Tribunal de Cuentas, Graciela Salvo. De todas maneras, destacó que pese al revés judicial, está firmes los cargos contra Marcelo Martorell y Federico Acuña para que devuelvan al estado el dinero que robaron en la UFI. El problema es que es probable que eso nunca ocurra.