La Justicia Federal determinó el procesamiento de 25 implicados en la megaestafa a la AFIP. Todos ellos están acusados de formar parte de una asociación ilícita que se dedicaba a generar, producir y distribuir facturas truchas. La estafa al fisco fue detectada en octubre del 2015 cuando se imputó a cinco personas, pero desde entonces se ha ido desenredando una compleja red delictiva mediante la cual se evadieron más de 166 millones de pesos.
El escándalo que hoy involucra a 25 personas podría salpicar a decenas de empresarios. Según explican desde la Justicia Federal, los procesados son los miembros de la "usina" de facturas apócrifas, mientras que la AFIP debe determinar si las compañías que compraron facturas para bajar su base tributaria superaron el monto de 400.000 pesos anuales. De ser así, habrían incurrido en el delito de evasión y podrían afrontar sanciones penales.
Este complejo entramado comenzó a desenredarse en octubre del año pasado con la imputación de cinco personas. Entre ellas, dos que se encuentran prófugas y son señaladas como las cabezas del estudio contable que realizó las operatorias: Pablo Prete y Sergio Arturo Delfino.
En julio del 2016 se realizó un megaoperativo en diferentes puntos de la provincia, con más de 20 allanamientos simultáneos. Como consecuencia de ello, se detuvo a otras 11 personas y se pidió la captura de otras 11 más. Todos fueron imputados por formar parte de este círculo delictivo.
Este viernes, el fiscal Fernando Alcaráz confirmó a MDZ que en total 25 personas han sido procesadas por esta causa, algunas acusadas de colaborar directamente con el estudio contable de los prófugos y otras, de intermediar con las empresas que adquirieron las facturas.
Los números de esta investigación son impactantes. Dos prófugos, una veintena de allanamientos, 25 procesados, 166 millones de pesos en evasión de impuestos y cientos de involucrados en esta red de características descomunales.
El caso está en manos del Juzgado Federal Nº3, a cargo del magistrado Marcelo Fabián Garnica. El mismo deberá determinar si los encuentra culpables de infringir la ley 24769 en su artículo 15. Los involucrados se exponen a penas que van de 3 a 10 años de prisión, mientras que los cabecillas de la organización tienen un mínimo de 5 años, pena que no es excarcelable.