Finalmente, tras una compleja tarea de revisión técnica, el Ministerio de Gobierno comenzó a notificar la nulidad de decenas de nombramientos firmados por el ex gobernador Francisco Pérez. Se trata de 83 trabajadores que habían sido acomodados en la planta permanente del Estado por el ex mandatario, pero cuyos expedientes administrativos contenían vicios e irregularidades.
Según manifestó el ministro Dalmiro Garay, el 15 de enero el gobernador Alfredo Cornejo firmó el decreto 64, a través del cual dispuso que se dieran de baja estos 83 acomodos. Incluso, el funcionario adelantó que más de 200 expedientes siguen bajo la estricta observación de abogados de la cartera, encabezados por especialista en Derecho Laboral, Ricardo Canet.
Muchos de ellos, implican a ex funcionarios del gobierno de Pérez que pasaron a planta de manera irregular con clases altas y adicionales de mayor dedicación.
Entre las anomalías detectadas, se destacan la carencia de partida presupuestaria para crear el cargo o la debilidad de los argumentos esgrimidos para concretar este nombramiento. Por ejemplo, Dalmiro Garay afirmó que si bien el nombramiento aducía una urgencia para cubrir el puesto vacante, el mismo se firmaba en junio pero postergaba hasta diciembre la puesta en funciones.
"Queremos dejar una impronta para devolver la institucionalidad a la provincia", sostuvo el funcionario, que criticó la irresponsabilidad con la que sus predecesores manejaron los fondos públicos. "De existir responsabilidad de ex funcionarios, veremos si se inician las acciones penales correspondientes", adhirió.
La novela por los acomodos del círculo de confianza del antiguo mandatario en planta permanente comenzó a desarrollarse luego de las elecciones provinciales. Desde el radicalismo denunciaron que Francisco Pérez manipulaba el número de los decretos, para concretar nombramientos sin violar la ley de responsabilidad fiscal. Esta última, establece que el Gobierno no puede incorporar trabajadores a menos de seis meses del cambio de gestión.
Incluso llegaron a presentar una demanda ante la Fiscalía de Delitos Complejos, la cual fue tomada por el fiscal Santiago Garay. Sin embargo, la denuncia no prosperó en la vía judicial.
Al mismo tiempo, a través de Fiscalía de Estado se procedió a revisar uno a uno los nombramientos denunciados, dando de baja algunos de ellos. Ya en octubre, el fiscal Fernando Simón determinó la nulidad de tres nombramientos en el Ministerio de Transporte, mientras que en diciembre determinó la misma suerte para otros tres acomodos en el Ministerio de Turismo.
Sin embargo, recién con este decreto se logró poner un punto final a este culebrón que comenzó a fines de junio. Ahora, los funcionarios removidos cobrarán sus salarios por los meses trabajados, pero a partir del mes que viene sus cargos quedarán congelados.