Entre las gestiones culturales justicialistas de Ricardo Scollo y Marizul Ibáñez se crearon (al menos) tres asociaciones para representar a artistas contratados por el Ministerio. Las mismas están acusadas por desvío de fondos, evasión previsional y clientelismo político. Algunos se animan a hablar, incluso, de un "negocio redondo", en donde cada parte obtendría un beneficio.
En determinadas épocas del año, el Ministerio de Cultura necesita contratar a una importante cantidad de artistas; la mayoría de ellos, en general, no se encuentra registrado ante la AFIP aduciendo "inestabilidad laboral". De allí que, oficialmente, se justifica la creación de asociaciones que sí pueden facturar y que, a su vez, le cobran una comisión al trabajador cultural (que va del 1,5% al 6%).
Históricamente, el Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos (MIMM), la Asociación Mendocina de Profesionales de la Danza, la Asociación Argentina de Actores y la Asociación de Músicos de Cuyo, han tenido la representación de los artistas para Vendimia o cualquier otro evento de considerable magnitud.
Sin embargo, en los últimos años, durante las gestiones de Scollo e Ibáñez, se sumaron Asociación Soñarte, Asociación Civil Movimiento por la Danza y Asociación Mendocina de Aeróbic, Danzas y Otras. Las mismas fueron apuntadas por la Asociación Argentina de Actores por participar de un "negocio redondo" con complicidad del Estado.
"Negocio redondo"
Rolando Moscardelli, de la Asociación Argentina de Actores -gremio que a nivel provincial cuenta con 500 afiliados-, aseveró que "estas agrupaciones creadas recientemente son simples asociaciones civiles y no sindicales, que incurren en una evasión previsional porque no hacen los aportes correspondientes al trabajador cultural”.
Evaluó que "esto debilita claramente la conciencia gremial y los deja proclives al clientelismo político". Además, enfatizó: "De este modo, estas asociaciones hacen un negocio redondo porque cobran una comisión del 5 por ciento (en promedio) y se la dejan". Se distanció, así, del resto de las asociaciones que al no funcionar como gremios cobran la comisión sin fines previsionales. "En nuestro caso, cobramos un 6 por ciento, del cual la mitad va a la obra social y el resto al gremio", subrayó Moscardelli.
Esto podría corregirse, como explicó el titular de la AAA, si existiera una ley que protegiera a todos los trabajadores culturales y si, por otro lado, fuesen los gremios (y no simples asociaciones civiles) las que los representaran.
"Ello ocurre porque todas las gestiones que han pasado, incluida esta, tienen un desprecio por los trabajadores de la Cultura que los lleva a hacer este tipo de acuerdos con entidades que le permiten evadir sus obligaciones como administradores culturales. Es un hecho histórico. No es nuevo y tiene que ver con un fraude laboral", lanzó Moscardelli vía MDZ.
El "puenteo" con fines recaudatorios
El problema -según denunció un ex funcionario de la gestión cultural actual, que pidió preservar su identidad- es que el Ministerio "puentea" al artista a través de estas asociaciones, muchas de ellas creadas ad hoc, con su consentimiento y con fines recaudatorios.
Según datos oficiales que pudo recabar MDZ, el año pasado, Cultura destinó más de 40 millones de pesos al total de las asociaciones culturales. De ese monto, más de 11 millones se repartieron entre las tres sospechadas.
Comparativamente, sólo en los primeros cinco meses de este 2015, la cartera abonó (y abonará) por encima de los 42 millones de pesos por igual concepto. De esa cifra total, más de 9 millones de pesos fueron (y serán) entregados a las entidades denunciadas.
Cobro por asociación 2014-2015, fuentes oficiales:
El "no me consta" de Cultura
Judit De Liberato, recientemente a cargo de la Dirección General de Administración de Cultura, desconoció este tipo de procedimientos y tampoco supo precisar cuál es la deuda que, actualmente, tiene el Ministerio con estas asociaciones (ver la respuesta en el cuadro anterior).
"No me consta la creación de asociaciones ad hoc. Las que firman contratos con el Ministerio casi todas, menos la de actores que es un gremio, son sin fines de lucro que a través de su estatuto legal le cobran un porcentaje al artista por los gastos administrativos que implica representarlos", detalló la funcionaria.
Los acusados
MDZ habló con los referentes de las asociaciones sospechadas y uno de ellos reconoció haber escuchado denuncias en este sentido:
Asociación Soñarte fue creada hace, aproximadamente, dos años y medio, representa a unos 300 artistas locales (entre músicos, bailarines, escritores, plásticos, otros) y cobra el 5% de comisión por “gastos administrativos” a los contratados por el Ministerio de Cultura. “Surgió por la propia movilización de los artistas que no se sentían representados por las asociaciones existentes”, dijo Ana Laura Ortolani, tesorera de la entidad, al tiempo que despegó al organismo de cualquier “negocio redondo” con el Estado.
Asociación Civil Movimiento por la Danza apareció hace unos tres años y actualmente representa a unos 600 bailarines locales, a quienes se les cobra una comisión que va del 1,5% al 2%. “Seguramente nos estén acusando como una de esas asociaciones. Pero lo que puedo decirte es que tenemos tres años de trabajo ad honorem y nuestra asociación la conforman profesores de reconocida trayectoria”, indicó Patricia Motos, referente de la asociación.
La última en la mira, la Asociación Mendocina de Aeróbic, Danzas y Otras, también se gestó hace unos tres años o cuatro años y, a la fecha, representa a unos 1.500 artistas, a quienes se les cobra un 3% de comisión. Jésica Alé, referente de la misma, admitió haber “escuchado” que muchas de estas organizaciones se crean con “fines recaudatorios” para el bolsillo de algún que otro funcionario.
Las tres entidades figuran como "asociaciones sin fines de lucro” y están inscriptas en la Dirección de Personas Jurídicas del Gobierno, como pudo constatar MDZ.
Según explicaron sus referentes, cobran una cuota anual de $150 a los socios, dinero con el cual -argumentaron- ofrecen cursos y capacitaciones a los artistas. Si bien todas están exentas ante la AFIP, están gravadas en Ingresos Brutos (alícuota del 4%, actividad n º 941514 autores, compositores, artistas). A propósito, en la Administración Tributaria Mendoza (ATM) indicaron: “Todas tienen a disposición los libre deuda”.
El Senado atento
Desde la Comisión de Hacienda del Senado llamaron la atención sobre la informalidad en la cadena de estos pagos y el desconocimiento de Cultura del destino de fondos. “La asociación termina representando a un trabajador en negro, ya que no está registrado de ningún modo y tampoco puede emitir un recibo por los servicios prestados. Por su parte, el Estado es responsable al avalar este tipo maniobras”, dijo una fuente legislativa de la oposición que evitó dar el nombre para que no reduzcan su apreciación al contexto electoral.
Artista, sin registro
Por último, resta decir que si estas asociaciones se crean para representar a artistas que no está inscriptos ante la AFIP (y que esquivan hacerlo por no tener estabilidad laboral), el Estado está (indirectamente) permitiendo la evasión previsional.
A propósito, en ATM explicaron: “Para aquellas personas que no tienen estabilidad laboral ni económica existe el monotributo social que se tramita desde la Nación a través del Ministerio de Desarrollo Social. O, también, tienen la opción de inscribirse en el monotributo común (la categoría inicial debe pagar menos de $70), aportar un mes, y darse de baja apenas terminen el trabajo”.
Auditoría y resultados a la espera
El último 18 de mayo, MDZ presentó un informe sobre ciertas irregularidades en el Ministerio de Cultura: tres directores de administración en menos de un año, contratos en familia, pago irregular de un plus vendimial y una pauta de gastos que fue in crescendo en personal y servicios.
Tres días después, el subsecretario de Gestión Cultural, Fabricio Centorbi, confirmó el inicio de una auditoría interna y prometió: “Todos van a responder por esto”.
En medio de la consulta por esta nota, De Liberato, la titular de la “caja” de Cultura, dijo: “Efectivamente estamos revisando todos los contratos y los expedientes”; aunque, no dio a conocer resultados concretos.