Los equipos técnicos de Noelia Barbeito respondieron el cuestionario de MDZ en su Foro por Mendoza. Aclararon que fueron elaboradas por un equipo conformado "por profesionales militantes del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS)".
Economía
¿Cuál es el modelo productivo de Mendoza que defenderá su gobierno?
- El Frente de Izquierda se propone terminar con los problemas aquejan a las grandes mayorías de esta provincia, empezando por la vivienda y el empleo. Por esto estamos planteando que es imperioso encarar un plan integral de obras públicas bajo control obrero, construyendo casas, cloacas, expandiendo la red de agua potable, construir escuelas, hospitales y e infraestructura que la provincia necesita, al mismo tiempo que generamos empleos. Para lograrlo es necesario cobrarle más a los que más tienen: nosotros consideramos que con impuestos progresivos a las grandes fortunas, a la inversa de la situación actual donde la mayor recaudación proviene del impuesto al consumo de los sectores populares, podemos conseguir los fondos necesarios para desarrollar este plan.
El FIT tiene como perspectiva una amplia movilización del movimiento obrero, las mujeres y la juventud, para encarar las medidas de emergencia necesarias para que la crisis la paguen los capitalistas, aquellos que la generaron y buscan socializar sus pérdidas llevando a la población trabajadora a nuevos y mayores padecimientos. Las medidas a las que apunta el Frente de Izquierda, plantean una transición hacia la gestión de la economía por parte de los trabajadores y, por esta vía, a una planificación del desarrollo nacional. Nosotros consideramos que tienen que ser los trabajadores organizados los que decidan los destinos de la provincia. No podemos concebir una nueva orientación social liderada por los mismos que ya entregaron la provincia y el país. Esta perspectiva plantea la necesidad de conquistar un gobierno de los trabajadores y el pueblo explotado.
Mendoza está integrada a una estructura económica nacional atrasada y dependiente del capital financiero internacional. Luego de haber estado sostenida durante medio siglo sobre la renta petrolera, la década kirchnerista, surgida de la devaluación y la crisis del 2001, favoreció las ganancias extraordinarias de los grandes exportadores con la ilusión de lograr una mayor adaptación de la producción agrícola y manufacturera regional a los requerimientos del mercado internacional. Pero como ha sucedido históricamente en América Latina, la clase dominante en asociación con el capital extranjero no tuvo ningún interés en desarrollar la estructura productiva nacional, y Mendoza no fue la excepción. Desde que estalló la crisis económica internacional, en Mendoza han ido entrando en crisis sucesivamente la exportación de frutas y hortalizas, la construcción, la olivicultura, la metalmecánica y finalmente, y con una dimensión que no habíamos visto en décadas, la industria madre: la vitivinicultura. Las luchas que han dado los trabajadores de Impsa, Alco y otras empresas de nuestra provincia enfrenando los ataques patronales, han empezado a marcar un camino contra los que quieren que nuevamente las masas trabajadoras paguen los costos de la crisis.
Los grandes empresarios reclaman que se proceda a una fuerte devaluación del peso y que puedan recuperar la libertad de entrada y salida de capitales y la posibilidad de acceder al endeudamiento
internacional; reclaman la generalización del acuerdo con Chevron, que en nuestra provincia implica la entrada de la megaminería saqueante y contaminante. Y de la mano de Macri y de Scioli, Cornejo y Bermejo se disputan por administrar estas políticas económicas en la provincia. Por el contrario, el FIT es una coalición política nacional que lucha por la nacionalización de la banca y el monopolio del comercio exterior, dos medidas elementales para enfrentar la fuga de capitales y la especulación. Por un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar; por el 82% móvil en las jubilaciones y la eliminación del IVA de los productos de la canasta familiar.
¿Cuál será la posición de su gobierno en torno a la exploración y explotación minera en todos sus aspectos?
- El planteo del Frente de Izquierda es claro: plena defensa de la ley 7722 (la "ley del pueblo"), no a la megaminería saqueante, secante y contaminante. Vamos por la estatización bajo control de sus trabajadores y participación de organizaciones socioambientales y las comunidades de toda industria que afecte nuestros recursos naturales. Queremos un cambio del régime en social donde las minas, el gas y el petróleo dejen de estar en manos de empresas imperialistas, y su explotación se realice de acuerdo con criterios que no afectaran las condiciones de vida de las poblaciones involucradas ni provoquen perjuicios irracionales sobre el medio ambiente, como ocurre actualmente, mientras avanzamos hacia un cambio del paradigma de producción energética.
En importante distinguir entre explotación y exploración. No vemos problema en realizar un inventario de todos los minerales con los que contamos en nuestra cordillera siempre y cuando se respeten todas las medidas de protección del medio ambiente. Pero éste debe ser realizado por el estado y las universidades públicas, bajo control de los propios trabajadores, organizaciones socioambientales y profesionales idóneos. De ninguna manera por las empresas que organizan de esta manera el fraude de las declaraciones juradas con las que ocultan los verdaderos minerales que saquean y planes de explotación completamente irracionales. En cuanto a la explotación ya es otra discusión. Explotar qué, para qué, con qué objetivo.
Mendoza no puede ser parte de un proyecto nacional de entrega de nuestros recursos naturales a capitales extranjeros que gracias a la legislación creada por el menemismo y sostenida por todos los gobiernos peronistas y radicales, los que hoy quieren volver, cobran a esos capitales tan solo un 3% de regalías del valor de las extracciones realizadas para el país.
Además, la explotación de los recursos minerales tiene que ser planificada a nivel nacional para orientar toda la economía en función del desarrollo del país para satisfacer las necesidades de las mayorías. La Megaminería, o explotación minera a cielo abierto, no llevará al desarrollo nacional sino a un desastre social y ecológico de enormes dimensiones. Si desarrollamos el modelo que proponen tanto peronistas como radicales en acuerdo con la cámara minera de la provincia habremos entregado nuestros recursos, durante algunos años exportaremos commodities y cuando las condiciones económicas a nivel internacional varíen, esos capitales se irán dejando una enorme desocupación como pasó con Vale y un enorme pasivo ambiental como pasa en Catamarca, La Rioja y San Juan. Está demostrado que en las provincias que adoptaron este modelo de saqueo lo único que creció fueron las fortunas de algunos pocos, la contaminación ambiental y las enfermedades crónicas de la población, entre muchos otros problemas.
No se puede discutir la explotación minera en nuestra provincia, ni en la Argentina, sin un plan a largo plazo que tenga objetivos claros y esté orientado al bienestar del pueblo trabajador. Es claro que no podemos dejar eso en manos de los políticos de los partidos tradicionales que están preocupados garantizarle buenos negocios a los grandes capitales mineros, tienen que ser los propios trabajadores, con el aporte de profesionales idóneos los que elaboren un plan. Tampoco nos podemos dejar extorsionar. Los empresarios mineros dicen que crearían puestos de trabajo y generarían riquezas, sin embargo eso no pasó en ninguna de las provincias en la que hoy hay explotación minera como la que proponen Bermejo y Cornejo. El año pasado, el actual Fiscal de Estado quería convencer a los mendocinos de la necesidad de entregar Hierro Indio a capitales privados para generar empleo, pero cuando uno ve el expediente que llegó al senado se encuentra con que su propuesta era generar 40 puestos de trabajo en una década.
Cuarenta puestos de trabajo que costarían millones de dólares en magnetita de hierro para suplir la entrega del mineral de hierro que realizó el kirchnerismo a capitales chinos. En este punto queremos alertar principalmente a las ciudadades del Sur de la provincia, el FIT es la única opción política de estas elecciones que se pronuncia claramente contra la megaminería saqueante y contaminante y en defensa de la Ley 7722. El resto de los candidatos ya se pronunciaron a favor de la entrega y el saqueo, por ejemplo, Cornejo una de sus primeras reuniones de campaña que tuvo fue con la cámara minera. Recordamos también que tanto radicales como peronistas fueron a Macedonia en un viaje pagado por una empresa minera que pretende explotar nuestra cordillera. Por su parte Bermejo indicó que “requiere del desarrollo de nuevos emprendimientos como la minería y la explotación de hidrocarburos, que permitirán una tracción muy fuerte sobre el sector industrial de la provincia”. En este sentido explicó que “el mayor potencial de la industria metalmecánica está dado por el desarrollo del de sector hidrocarburífero (YPF) y minero”.
Uno de los asesores económicos de Scioli, Hugo Nielson en declaraciones a MDZ y durante la Expominning que se realizó en Malargüe semanas atrás también explicó que la prioridad es derogar la ley 7.722 como ya lo vienen intentando. Además a esto hay que agregarle el intento de modificación de la Ley de Aguas que deja la puerta abierta a la megaminería.
¿Con qué acciones concretas prevé que la agricultura, en sus diversos aspectos, sea sustentable?
- Los problemas que atraviesan la vitivinicultura y otras producciones de base agraria no es un problema sólo de Mendoza, es el mismo problema que contemplamos nacionalmente con la crisis del azúcar en el norte, la olivicultura en la provincia, o la frutihortícola en Río Negro. Todos son claros síntomas de una crisis del modelo productivo nacional, el final de ciclo del kirchnerismo, la caída de los valores internacionales de los commodities y los bienes primarios, y el atraso productivo y de infraestructura que posee Argentina que no fue revertido en esta década de ascenso y crecimiento. A lo largo de la historia, como regla en la mayoría de los casos, vemos que las crisis de las economías regionales las terminan pagando con quebrantos o desaparición directa los pequeños productores. La contracara es la concentración en cada vez menos capitales que aprovechan la crisis para sacar una tajada. Para oponerse a eso es necesaria la estatización de los recursos estratégicos, fortalecer a los pequeños productores que no exploten fuerza de trabajo, con créditos baratos para que se tecnifiquen, mejoren su productividad y que el Estado les garantice precios sostén para sus productos.
¿Cuál es la visión y el plan previsto para la vitivinicultura?
- La vitivinicultura viene sosteniendo a través de los últimos 4 años una situación de crisis permanente, producto de varios problemas: caída de las exportaciones, sobre stock de más de 200 millones de litros que achatan el precio del vino y con ello de la uva. Estos problemas combinados están dando como resultado un perjuicio enorme y en especial a cientos de pequeños productores del sector (principalmente del este y sur este de la provincia). Es que a pesar de la inflación constante existente en el periodo mencionado, los precios de la uva y el vino se han mantenido prácticamente sin modificaciones.
Como ejemplo según diversos estudios: mantener un viñedo en primera zona de Mendoza tiene un costo de $ 61.328 por hectárea. Esto representa un incremento del 26% en pesos, en comparación con la temporada 2014/2015, cuando el valor era de $ 45.382. Peor aún en relación a 2013 cuando el costo era de $ 31.298 pesos por hectárea siendo la suba del 96%. Según los datos del Observatorio Vitivinícola Argentino, queda en evidencia el retraso y la baja competitividad que vienen experimentando los productores en los últimos años, ya que los valores están lejos de ser rentables, diferenciándose casi un 25%. Además, el incremento de las uvas de temporada a temporada no ha superado el 10%, lejos del porcentaje de aumento de los costos analizados anteriormente.
Pero esta crisis no afecta a todos por igual, ni mucho menos. Como consecuencia de esta situación nos encontramos con una situación inédita, nunca antes vista en la historia de la viticultura argentina, que es un brutal proceso de concentración en torno a cinco grandes pulpos bodegueros: RPB (Grupo Baggio), Grupo Peñaflor, Fecovita, Garbin y Cepas Argentinas quienes claramente vienen aprovechando la crisis para avanzar contra los pequeños productores, comprando viñedos y bodegas a precios de remate, presionándolos a la bancarrota y llevando a cabo una verdadera expropiación de los mismos.
A través de su poder y sus enormes capacidades de lobby, imponen los valores de la uva y del vino utilizando múltiples maniobras especulativas y financieras en acuerdo con los bancos, el gobierno y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (cómplice por falsear y ocultar los datos cuantitativos de al menos las últimas dos cosechas, lo que significó una verdadera especulación sobre los valores de los vinos y de la uva aprovechados por las grandes bodegas). Maniobras que han sido denunciadas por las propias entidades de productores en múltiples ocasiones.
Resulta más que llamativo en tal sentido que quien está al frente de este organismo técnico tan importante para la industria sea el contador Guillermo García, un hombre propuesto en su momento por el Gobernador Celso Jaque, quien fuera ni más ni menos anteriormente gerente de la COVIAR (la corporación vitivinícola que agrupa y es dirigida por las grandes bodegas Argentinas).
Es por ello que para salvar a los pequeños productores, el Frente de Izquierda propone un verdadero plan de subsidios, créditos especiales, y exenciones impositivas; pero también y con el objetivo de resolver y dar una salida de fondo evitando estos atropellos constantes, y para salvaguardar la producción a futuro de cientos de pequeños productores, proponemos la estatización de estas grandes bodegas bajo gestión de sus trabajadores. Serán estos quienes podrán desarrollar un plan racional para el sector que contemple el bien colectivo y evite la explotación de los grandes a los chicos, y de los empresarios a los trabajadores.
En contraste con los millones que amasaron los grandes bodegueros en la última década, los trabajadores vitivinícolas tienen uno de los sueldos más bajos de país, padecen los despidos y la precarización laboral. El Frente de Izquierda impulsa la prohibición de los despidos y suspensiones, el pase a planta permanente de todos los contratados y un salario inicial igual a la canasta familiar. Para los trabajadores de las viñas, fincas y galpones, entre los que se encuentran muchos hermanos inmigrantes, el Frente de Izquierda lucha contra las cooperativas truchas de trabajo, por el blanqueo de todos los trabajadores y un salario mínimo igual a la canasta familiar, tener un plan de empleo intercosecha y una jubilación anticipada por el duro trabajo que realizan.
¿Cuál es su plan ganadero?
- Un verdadero plan ganadero para Mendoza debe comenzar por solucionar el problema de la propiedad de la tierra. Hoy existen puesteros que deben pagar derechos de pastoreo a propietarios de tierra extranjeros que se adueñaron de miles de hectáreas con la complicidad de políticos locales. Debemos defender la ganadería extensiva, que hoy es la que garantiza la subsistencia de cientos de familias rurales a través de planes ganaderos construidos con los pobladores rurales (organizados o no) en cada territorio, no necesariamente por departamento que sólo es una división política; acompañados por los técnicos de diferentes instituciones que tienen experiencia y conocimientos construidos en cada zona.
Este plan ganadero tiene que estar combinado con el plan integral de infraestructura que planteamos para el conjunto de la provincia, de esta forma podríamos garantizar fuentes de energía, agua en calidad y cantidad necesario en los mejores lugares para el desarrollo de la actividad, vivienda digna para los pobladores rurales, caminos y comunicaciones adecuadas, etc.
También es necesario terminar con los intermediarios que viven a costa de la familia rural, implementando planes de comercialización y acceso a los productos de consumo necesarios para la familia rural. El Estado tiene que garantizar la compra de los productos a las familiar rurales a precios razonables.
La actividad ganadera en Mendoza es una de las actividades económicas más antiguas y es diversa, sin embargo hoy la política estatal está orientada a desarrollar el enriquecimiento de quienes se dedican a la producción bovina. La COPROSAMEN debe pasar a manos estatales, estar bajo el control de los productores pobladores rurales que muchas veces no tienen acceso a esos fondos y no se sabe a qué se destinan. Los fondos deben estar destinados a un verdadero desarrollo de la actividad productiva rural y no para enriquecer a algunos pocos que acceden a los subsidios y planes que hoy existen.
Los pequeños productores de las zonas áridas son los más afectados, porque los grandes empresarios han impulsado el desarrollo de Feedlots para concentrar la producción ganadera y elevar los precios de venta para defender su “rentabilidad” contra lo que consideran una “sobreoferta”, afectando no sólo la producción familiar y extensiva sino también el consumo popular. Contra estos especuladores es importante avanzar a nivel nacional en un monopolio estatal del comercio exterior para controlar tanto la salida y el ingreso de carnes, como el mercado de granos, fundamental para el engorde de ganado.
¿Cómo piensa abordar la utilización productiva de las zonas áridas?
- Y en el mismo sentido que lo anterior, es fundamental resolver el problema de la propiedad de la tierra, ya que en estas zonas es donde más se ha avanzado en la concentración de enormes latifundios y negociados. El desarrollo productivo orientado a solucionar los problemas de las grandes mayorías trabajadoras de la provincia, debe estar enmarcado en una discusión democrática integral del ordenamiento territorial de la provincia.
¿Con qué medidas se respaldará la agroindustria?
- Creemos necesario un plan para industrializar la provincia, lo cual contempla a las industrias de base agrícola. Nuestra idea es utilizar los recursos obtenidos con impuestos progresivos a las grandes fortunas y la nacionalización de los resortes estratégicos para desplegar el potencial industrial y agroindustrial, orientado a dar trabajo a todas las manos desocupadas y a producir lo que necesitan las mayorías trabajadoras. De la misma forma, es necesario impulsar la nacionalización de la banca y el comercio exterior, únicas medidas de fondo que pueden dar una salida al estancamiento de industria regional.
¿Hará una medición propia de indicadores económicos?
Hoy la inflación es un dibujo que se usa para poner techos a las paritarias. En nuestro caso venimos apoyando a las trabajadoras y trabajadores del INDEC que enfrentan la intervención, la manipulación estadística y las patotas en el organismo. Esta política se complementó con el vaciamiento de la DEIE y la falta de elaboración de estadísticas científicas en la provincia. De la misma forma que reclaman los trabajadores del INDEC; impuls haremos una DEIE que sea dirigida por sus trabajadores, conformándose una dirección colegiada conjuntamente con los mejores técnicos elegidos en asamblea o por el voto de los trabajadores y que sean revocables. Una DEIE que tenga presupuesto estatal pero que no tenga injerencia política del poder de turno, aunque sí contaría con la colaboración de profesionales comprometidos, organismos populares, estudiantiles y de trabajadores que lo controlen, aporten en calidad y colaboren con el Instituto. Este organismo, a su vez, debería rediscutir cuáles son las estadísticas necesarias para servir al conjunto de los trabajadores y el pueblo.
¿Cuál será su política de promoción de inversiones en el exterior?
- Todo capital que entra en el país redobla la dependencia de los países imperialistas y termina resultando en una salida de dólares mayor al entrado debido a las ganancias que se llevan las empresas extranjeras a sus casas centrales. La existencia de unos 400 mil millones de dólares en el exterior que sacó la burguesía “nacional” del país es una muestra contundente de que opta por fugar antes de invertir en el país. Estos días se está discutiendo el caso HSBC, un armado gigantesco para evadir impuestos con facturas apócrifas y fugar capitales. Están implicados, entre las más notorias empresas y empresarios, Telecom, La Serenísima, Gustavo Grobocopatel y Raúl Moneta (quien es recordado por haber fundido el banco Mendoza). Hay que obligar a repatriar todos esos fondos, dejar de pagar la deuda externa de la provincia y de la nación. Ahí están los recursos para volcarlos al desarrollo productivo.
¿Qué acciones concretas realizará para aumento de exportación de productos primarios y/o con valor agregado?
- Una economía donde se planifiquen los principales resortes económicos nacionalizados subordinaría el comercio exterior a los fines de atender las necesidades sociales de los trabajadores. Esto no descarta para nada la colocación de productos de exportación, incluso en gran volumen, pero no para beneficiar a los monopolios que hoy concentran el comercio exterior de productos primarios y commodities. En este sentido, la única salida tanto para regular la exportación como para salvar las economías regionales es la nacionalización del comercio exterior y la banca.
Problema financiero de Mendoza: ¿cómo van a encarar la solución del déficit fiscal, y con qué recursos van a afrontar el retraso en el pago a proveedores?
- La experiencia dice que el debate sobre el déficit fiscal encubre siempre una preparación del terreno para atacar el presupuesto de salud, educación y otros destinos sociales, como así también el salario de los estatales. Al estado lo quieren achicar para consolidar la pobreza estructural, la falta de escuelas, hospitales y viviendas. Esto es un ajuste contra el pueblo trabajador. Junto con los recursos obtenidos vía estatización de los recursos naturales, creemos que se pueden incrementar los ingresos con impuestos progresivos a las grandes empresas y fortunas, a las petroleras y a los grandes propietarios inmobiliarios. El Frente de Izquierda está a favor de que el gasto público se saque de encima el lastre de los sobreprecios de los contratistas amigos revisando los contratos, que se eliminen los subsidios estatales a las ganancias empresarias.
Es necesario un cambio de la matriz impositiva. Es una tarea de carácter nacional. Tienen que pagar más los que más tienen. Es decir, que paguen más los grandes capitalistas y menos los trabajadores y el pueblo pobre. Punto esencial de este cambio es la eliminación de los impuestos a los consumos populares (a la compra de alimentos, indumentaria, etc.), impuestos enormemente regresivos que obligan a que paguen por igual (la misma tasa) todas las personas sin distinción de su posición económica. Mientras tanto, recordemos que el Gobernador Pérez fue parte, por ejemplo, del acuerdo para bajar las regalías a las petroleras acompañando la política del gobierno nacional para asociarse a multinacionales como Chevron; otro claro ejemplo de para quienes viene gobernando el PJ. El gobierno nacional está en guerra para preservar el impuesto a las ganancias aplicado a los salarios. El ministro Axel Kicillof hizo un cambio cosmético hace un par de semanas que generó más bronca entre los trabajadores. Mientras tanto ese impuesto no lo pagan ni los curas, ni las ganancias que hacen los especuladores con bonos, plazos fijos, etc., ni los jueces que cobran miles de pesos por mes. Es necesaria la abolición del impuesto a las ganancias aplicado al salario y aumentar las alícuotas a los gerentes, a todos los que ejercen funciones de mando en las fábricas y lugares de trabajo, como así también a las grandes empresas.
Energía
¿Cuál es el plan para el área hidrocarburífera de su gestión?
- Nicolás del Caño presentó en el Congreso el único proyecto que plantea la nacionalización y la conformación de una empresa estatal de hidrocarburos que integre desde la explotación de los recursos hasta su refinación. El proyecto parte de la derogación de toda la legislación vigente en materia de hidrocarburos, incluyendo el andamiaje legal de la época de las privatizaciones menemistas, que luego de más de una década de gobiernos kirchneristas sigue regulando la actividad. También se anulan todas las concesiones de explotación con empresas privadas, conformando una nueva YPF 100% estatal que será la única autorizada para la explotación de los yacimientos en territorio nacional. A su vez se nacionaliza el conjunto de la industria de hidrocarburos y se expropia el 49% de las acciones de YPF que están en manos privadas.
Establece el control de los trabajadores de toda la producción de hidrocarburos, para que no sean funcionarios carreristas sino los trabajadores, junto a la comunidad, los pueblos originarios desplazados por las petroleras y a técnicos, profesionales y docentes de las universidades públicas, los que definamos qué hacer con los recursos naturales, para invertir en educación, salud, viviendas y demás necesidades populares.
La renta petrolera debe ser puesta al servicio de la población, por eso deberá destinarse, como mínimo, el 10% para la inversión en la educación pública; el 10% en la salud pública, el 15% para la construcción de viviendas y el 5% para planes de obra pública. Además se establece que el 10% debe utilizarse para el desarrollo de energías renovables, porque la industria de hidrocarburos tiene un alto impacto ambiental.
Por eso también nuestro proyecto prohíbe directamente la utilización del método del fracking en todo el territorio nacional, al igual que cualquier nuevo método mientras no se compruebe que no genera consecuencias nocivas ni para el medioambiente ni para las poblaciones cercanas, empezando por los pueblos originarios. (ver proyecto de ley http://www.pts.org.ar/IMG/pdf/proyecto_ley_expropiacion_y_nacionalizacion_de_la_industria_hidrocarburifera.pdf)
¿Qué relación mantendrá con la distribución de energía eléctrica?
- Impulsamos la estatización de EDEMSA para ponerla bajo la gestión de sus trabajadores y usuarios, no como han hecho con Aysam gestionada por funcionarios de esta misma casta política que aplican los mismos planes de ajuste que los empresarios a través de tarifazos, no hacen las inversiones necesarias para el bienestar de la población trabajadora. El PJ y la UCR quieren llevar a la distribución eléctrica al vaciamiento y el colapso que llevaron a OSM, nosotros impulsamos la necesidad de recuperar esta empresa privatizada para desarrollar las inversiones necesarias para garantizar el suministro eléctrico a todos los barrios de la provincia.
¿Qué previsión realizará para promover energías alternativas, por ejemplo la energía solar?
- Como decíamos antes nuestra propuesta es destinar el 10% de la renta petrolera, para el desarrollo de energías renovables. Nuestra provincia cuenta con los especialistas e industrias estratégicas en materia de energías renovables como IMPSA; pero al estar orientados a la especulación financiera internacional, no se han propuesto desarrollar las mismas en nuestro país. Con la recuperación de estos resortes y el concurso de nuestros obreros, por demás calificados para el desarrollo de esta industria, profesionales y universidades públicas, Mendoza podría estar a la vanguardia del cambio de matriz energética.
¿Cuál es su análisis preliminar sobre Vaca Muerta?
- En Vaca Muerta el gobierno Nacional hizo un acuerdo escandaloso con la multinacional Chevron; acuerdo que les da la concesión hasta el año 2048 y que contempla "clausulas secretas". ¿Qué tipo de cláusulas deben ser para que las mayorías trabajadoras no puedan enterarse? Obviamente que buscan esconder escandalosos negocios millonarios e impunidad por casos de contaminación. Recordemos que Vaca Muerta es una formación de Shale Oil que debe ser explotada a través del método “Fracking”. Pero además utilizando como método de extracción el llamado "Fracking" (rotura de las formaciones rocosas no filtrantes a través de extrema presión hidráulica), método por demás cuestionado en todo el mundo y que implica grandes problemas socio ambientales como sucede por ejemplo en Estados Unidos donde en pocos años de su implementación, en las zonas donde se produce este tipo de prácticas han aumentado enormemente los casos de cáncer y asma infantil entre otras enfermedades. Estamos por la anulación de todos los acuerdos secretos con Chevron y otras petroleras imperialistas para que se lleven nuestros recursos.
Roberto Ochandio, un especialista en fracking argentino, señala que con la caída del precio del petróleo le será cada vez más difícil al gobierno nacional justificar los subsidios que les da a las compañías petroleras.La rentabilidad de Vaca Muerta todavía no está demostrada por YPF. Ante el ocultamiento manifiesto de datos de producción, es posible pensar que Vaca Muerta es solo otra burbuja especulativa de poca duración.
Por ello creemos que apostar el futuro energético del país al fracking lo único que hace es prolongar la agonía y agotar los últimos recursos energéticos disponibles.
Seguridad
¿Cuáles serán las medidas fundamentales de su gobierno en materia de seguridad?
- Como venimos sosteniendo hace tiempo, la inseguridad viene desde arriba. Tenemos que empezar por desarmar las grandes bandas del crimen organizado y romper los lazos de complicidad que pudieran existir entre estas y las cúpulas de las fuerzas represivas del estado. Tenemos la sospecha que este tipo de accionar criminal no se podría desarrollar sin la protección de importantes sectores del poder estatal, esto surge a partir de los propios informes que realiza el gobierno donde denuncia sin hacerse cargo de la complicidad de políticos, jueces y policías por ejemplo en la trata de personas.
Tenemos que terminar con esto y lo queremos hacer de arriba hacia abajo. No se puede discutir la seguridad sin discutir el fracaso de las actuales políticas de seguridad orientadas a la mano dura que vienen fracasando año tras año. Está demostrado que un estado represivo, una sociedad vigilada, policíaca no son la solución. Hoy el estado gasta enorme cantidades de dinero en pertrechar fuerzas represivas que invierten la mayor parte del tiempo en detener a personas por su aspecto utilizando una figura que es inconstitucional como lo es la figura de averiguación de antecedentes. Utilizan estas normas para perseguir y estigmatizar a la juventud y los trabajadores.
¿Qué medidas serán aplicadas en forma urgente, cuáles en el mediano plazo y qué resultados esperan tener al final del mandato?
- Ya sabemos que no hay soluciones mágicas, recordemos el famoso mapa del delito, pero sin embargo consideramos que si atacamos el problema desde arriba y realizamos una profunda investigación a través de una comisión investigadora independiente conformada por organismos de derechos humanos, especialistas en la materia, referentes políticos y sindicales y logramos desarticular estas organizaciones criminales habremos dado un paso importante al mismo tiempo que destinamos presupuesto a salud, educación, vivienda, etc.
Una medida esencial es la derogación de la figura de averiguación de antecedentes que es manifiestamente inconstitucional y da impunidad a la policía para detener a cualquier persona. Del informe de gestión del propio gobernador surge que hubo 200.000 aprehensiones el último año, es decir que un ciudadano tiene más posibilidades de ser detenido por la policía que sufrir un delito callejero.
Agua
¿Qué hará con la propuesta enviada a la Legislatura para una actualización de la Ley de Aguas?
- Creemos que la discusión del riego y el uso de los recursos hídricos, debe darse de cara a toda la comunidad trabajadora que hoy padece los estragos de un desarrollo urbano neoliberal que ha avanzado sobre las áreas cultivables, empujando la producción rural hacia las zonas más áridas; que no ha hecho las inversiones necesarias en infraestructura para impermeabilizar los causes, tecnificar el riego y desarrollar una agricultura sustentable con la situación de emergencia hídrica de nuestra provincia. Al ritmo del mercado, el desarrollo capitalista ha avanzado junto al uso de herbicidas contaminantes, el empobrecimiento mineral del agua de riego y de perforaciones clandestinas.
Alertamos además, que las modificaciones que propone el Gobierno no prevé ninguna medida para proteger nuestros recursos hídricos de actividades industriales contaminantes como la megaminería metalífera a cielo abierto, el uso de herbicidas y pesticidas contaminantes, y el tratamiento de residuos industriales. Lo evaluaremos con mayor profundidad junto a las Asambleas que defienden el agua de nuestra provincia.
¿Cuál será la política de aguas subterráneas? Cegamiento de pozos
- Sobre el tema, podemos afirmar que uno de los mayores problemas al momento de hablar de aguas aptas para el riego es la extracción ilegal de aguas subterráneas. Tanto para el consumo agrario medio, como para el consumo suntuoso, no tiene el estado provincial un organismo que detecte pozos clandestinos en emprendimientos agrícolas ni similares y la cantidad de inspectores es mínima. Sin dudas que en vastas regiones de la provincia, este es un problema que ha contribuido al retroceso de los acuíferos subterráneos.
¿A qué obras urgentes o a futuro dará inicio para el almacenamiento de aguas para momentos de crisis hídrica?
- El desarrollo de obras como Los Blancos o la impermeabilización del Atuel, tiene que ser parte de una discusión profunda del ordenamiento territorial de la provincia en función de los intereses del pueblo trabajador y las comunidades, y no de los negocios de los grandes empresarios que hoy hacen un uso irracional de este recursos para sus emprendimientos productivos e inmobiliarios. Sin terminar con el desarrollo urbano y rural neoliberal que prosperó bajo los gobiernos de la UCR y el PJ, será imposible que cualquier obra de infraestructura logre resolver en sí la emergencia hídrica de la provincia.
¿Tendrá una política de distribución de agua y saneamiento de gestión privada o estatal?
- Aysam debe estar gestionada por sus propios trabajadores y representantes elegidos en forma directa por los usuarios. No por los mismos funcionarios políticos puestos a dedo por el Gobernador y el Senado que nos han gobernado durante los últimos 32 años. No vemos por qué deberíamos delegar la distribución y saneamiento de agua a capitales privados, que ya llevaron al vaciamiento y el colpaso de OSM. Como
dijimos, las obras de infraestructura deben garantizar el acceso universal al agua para todos los
trabajadores.
5. ¿Mantendrá las mismas estructuras de Aysam y el Epas?
Plantearemos la fusión de Aysam y el Epas, bajo la gestión de sus trabajadores y usuarios, preservando
todos los puestos de trabajo en función de un mayor control de las prestadoras de servicios de agua y la
expansión de una red provincial progresivamente unifique el agua y saneamiento de toda la provincia.
La distribución y saneamiento del agua debe estar bajo control de trabajadores y usuarios, no de
funcionarios que son parte de una casta política cuya única preocupación es garantizar negocios a sus empresarios amigos.
¿Qué recursos económicos y financieros le destinarán a Aysam?
- Como sostuvimos, esos recursos se pueden obtener cobrando impuestos progresivos a las grandes fortunas. No a través de tarifazos que atacan el bolsillo del pueblo trabajador.
Salud
¿Cómo resolverá la situación crítica de la Osep?
- En primer lugar es necesario democratizar la OSEP como plantea el proyecto del Frente de Izquierda presentado en la legislatura. Los trabajadores deben elegir sus representantes de forma directa a través del voto secreto y obligatorio. La OSEP hoy se encuentra en una crisis terminal producto de la falta de presupuesto y de las administraciones que ha tenido, ya sea por ineficientes o por corrupción.
Por eso, la medida elemental de la democratización, junto al aumento de presupuesto son medidas básicas para sanear a la obra social de los empleados públicos de nuestra provincia.
¿Cómo abordará la alta demanda de servicios de hospitales y efectores públicos?
- La crisis del sistema de salud es producto de años de una política orientada al vaciamiento de la salud pública, la que utiliza la amplia mayoría trabajadora de la provincia, y el desarrollo de la salud privada.
Los Hospitales provinciales carecen de insumos, las condiciones de infraestructura están deterioradas al punto de ser un peligro para trabajadores y pacientes; falta personal y los salarios son ínfimos.
En el interior provincial la falta de hospitales, o las condiciones de los mismos que los hacen inoperantes, obliga a trasladarse cientos de kms para recibir atención.
Son los trabajadores de la salud los que sostienen día a día la atención a los pacientes a pesar de las malas condiciones de los hospitales y de trabajo. Esto contrasta con directivos que cobran salarios altísimos y son también responsables del calamitoso estado de la salud pública.
Es necesario triplicar el presupuesto para salud, garantizando los insumos necesarios y condiciones edilicias dignas en toda la provincia.
Poner en pie un sistema de salud integrado, gratuito y de calidad, sostenido con impuestos a las grandes fortunas de la provincia, es el planteo del Frente de Izquierda para resolver la crisis en la que se ha sumergido a la salud de nuestra provincia.
¿Construirá nuevos hospitales y centros de salud?
- En primer lugar es necesario declarar la emergencia edilicia en los hospitales y centros de salud de la provincia. El estado de los edificios es completamente inseguro y peligroso para trabajadores y pacientes.
En base a este plan de emergencia reestructurar los hospitales y centros de salud. En el mismo sentido, es necesario construir hospitales en todos los departamentos de la provincia para satisfacer la alta demanda y dotarlos de personal e insumos, para evitar lo que hicieron con el Hospital Carrillo de Las Heras, donde se inauguró un hospital nuevo pero tiene sectores sin funcionar.
¿Qué modelo de relación con los trabajadores del sector prevé para su gestión?
- Los trabajadores de la salud, que son los que sostienen los hospitales a pesar de la falta de insumos y condiciones insalubres de trabajo. Para el Frente de Izquierda es necesario el pase a planta permanente de todos los trabajadores de la salud y establecer un salario mínimo acorde a la canasta familiar que hoy es de $10.000. En el mismo sentido hay que terminar con las abultadas dietas de los directores y funcionarios, y que ellos cobren el equivalente al trabajador promedio.
Transporte
¿Cuál es su plan de transportes y tránsito para la Provincia?
- Este año comenzó con un nuevo taifazo en los colectivos llevando el boleto a $4, implicando un nuevo ataque al bolsillo del pueblo trabajador. Aun así, no han mejorado ni las frecuencias ni los recorridos del servicio de colectivos.
El avance en el transporte público durante las últimas tres décadas ha sido terminar un solo tramo del Metrotranvía, privando al resto de Mendoza de transportes seguros y rápidos A las empresas privadas del transporte se las subsidia con $800 millones de pesos por año a pesar no brindar un servicio de calidad.
El Frente de Izquierda plantea en primer lugar establecer un sistema de transporte integrado, estatal, y de calidad. Para ello hay que empezar con estatizar y poner bajo control de los trabajadores y usuarios todas las empresas privadas y terminar con el lucro que se ha de un servicio público.
En base a este plan, renovar la flota y reordenar los recorridos del transporte público en función de la demanda de usuarios para que lleguen a todos los barrios de la provincia. El FIT también plantea implementar el boleto gratuito para trabajadores y estudiantes.
¿Prevé el trabajo conjunto con la iniciativa privada para contar con nuevos caminos?
- La falta de obras en las rutas provinciales son también causantes de los altos niveles de inseguridad vial de nuestra provincia. Es necesario un plan de obras públicas que ensanche y asegure la doble vía en todas las rutas provinciales. Una escala de impuestos progresiva aseguraría el ingreso de recursos provenientes de la esfera privada para el desarrollo de esta infraestructura fundamental.
¿Cómo articulará en las diferentes regiones de la provincia, entre ellas el Área Metropolitana, la eficacia del servicio de tránsito y transporte?
- El sistema de transporte debe ser único e integrado, y de esta forma establecer los recorridos de forma planificada, eficiente y científica para llegar a todos los barrios. Esto debe hacer no solo en el área metropolitana, sino en todos los departamentos de la provincia.
El desarrollo del metrotranvía en Las Heras – Ciudad – Godoy Cruz es un camino para motivar el uso del transporte público, evitando usar el auto y descongestionando la demanda de colectivos. Hay que extenderlo también a Guaymallén y Luján, desalentando el ingreso de autos particulares.
¿Creará nuevos servicios de transporte?
- La prioridad debe ser renovar la flota de colectivos y troles para garantizar un sistema de transporte de calidad; así como también extender el metro tranvía.
Educación
¿Cuáles son las bases de su política educativa?
- El programa del FIT es claro: defendemos la educación pública y gratuita. Exigimos que se termine con los subsidios a la educación privada que son fuente de desfinanciamiento del sistema público. Creemos que la Iglesia no debería inmiscuirse en política educativas. Reclamamos que se reglamente y aplique la Ley de Educación Sexual en todos los niveles.
La herencia noventista está aún presente en la Ley de Educación Superior y en la Ley de Educación nacional, continuidad de la LFE. Por ello rechazamos también el proyecto de nueva Ley Provincial de Educación que quiere profundizar la descentralización del sistema educativo y su dependencia de los subsidios empresariales, y plateamos la necesidad de convocar a un Congreso Pedagógico de los trabajadores de la educación, los estudiantes y la comunidad educativa, para definir una legislación que defienda y desarrolle la educación científica, democrática, pública, laica y gratuita al servicio de las necesidades de los trabajadores y el pueblo.
¿Por qué temas empezará a la hora de abordar la calidad educativa?
- La docencia viene peleando hace años en defensa de la educación pública. Día a día en las escuelas la sostiene a pesar de los ajustes, los ataques a sus derechos y frente al rol cómplice de las direcciones sindicales. También hay que terminar con la precarización de la docencia, como los de SEOS que no tienen los mismos derechos. Lo primero que hay que hacer es convocar a docentes, estudiantes y familiar para debatir qué educación queremos y cómo la conquistarla.
Por ello proponemos la organización de Congreso Provincial Pedagógico con toda la comunidad educativa, padres, estudiantes, docentes y trabajadores de la educación que junto a organizaciones de DD.HH., socioambientales, de trabajadores y mujeres, discuta qué educación necesitamos.
Pero para empezar hace falta inversión que debe abarcar todas las dimensiones de la escuela: la curricular, la pedagógico-didáctica, la administrativa. Ni hablar de lo que tiene que ver con la infraestructura: la insuficiencia edilicia hizo que las escuelas resignaran espacios de aprendizajes para convertirlos en aulas en el mejor de los casos, cuando no en depósitos. Las escuelas no tienen aulas de arte, bibliotecas o laboratorios. Pero como se ha denunciado infinidad de veces plata hay: para pagar la deuda, no para educación. En la legislatura provincial presentamos el proyecto para declarar la emergencia edilicia
¿Qué metas espera cumplir al respecto al final del mandato?
- La pelea tiene objetivos: Ningún niño sin escuela, ningún docente sin trabajo o con trabajo precario, ningún conocimiento oculto, ninguna cultura negada. Ningún dogma en la escuela pública. Ningún subsidio a la educación privada. Salario igual a la canasta familiar para todo docente con un turno de 6hs, lo que garantice además del tiempo frente al curso con tiempo suficiente para planificar, capacitarse en servicio y otras tareas. Todos los derechos para todos los docentes. Capacitación en servicio. Becas y boleto educativo para todos/as.
¿Cómo realizarán la puesta en valor de la tecnología en las escuelas y en relación al entre alumnos y docentes?
- Las tecnologías son una herramienta, una más de las tanta que pedagógicamente tiene que tener a disposición el que enseña y el que aprende. Herramientas necesarias pero que no garantizan innovación pedagógica ni "calidad" en sí mismas. La educación es una cuestión compleja que la atraviesa el hecho educativo, el contexto social, el grupo de estudiantes y docentes, el contexto histórico. Distribuir computadoras en si no garantiza mejorar la educación, ni los libros, ni ningún elemento aislado.
Mucho se escribe y se dice sobre el fracaso masivo, la repitencia, deserción, etc. Desde nuestro punto de vista deberíamos dejar de sospechar tanto de las capacidades de los niños y docentes y actuar de una buena vez sobre las condiciones en que la educación, al fin de cuentas, tiene que desarrollarse. La falta de salas para desarrollar el nivel inicial que han extendido en obligatoriedad, la falta de capacitación en servicio en base, justamente a las necesidades de la situación actual, la reducción de la superpoblación en las aulas son condiciones mínimas que el Estado no garantiza y de cambiar plantearían desde el vamos otro tipo de relación entre estudiantes y docentes que muchas veces fracasan en su relación producto de condiciones lamentables en que se desarrollan las jornadas escolares.
¿Cómo evaluarán el aprendizaje y docentes?
- Hace tiempo que desde distintos actores del gobierno hablan de imponer un régimen de premios y castigos sobre los docentes, colocándonos como responsables últimos de la calidad educativa, desligando la evaluación de los serios problemas presupuestarios, de infraestructura y problemáticas sociales que se están concentrando en las escuelas. Esto es muy rechazado por la docencia, no porque estén en contra de evaluar en sí mismo, sino porque, como muy bien denuncian, no hay quien sepa mejor que un docente de la real situación de la educación pública, pero las evaluaciones estandarizadas lejos de ser una herramienta de diagnóstico, se plantean como una herramienta más de persecución y estigmatización de los trabajadores de la educación.
La visión evaluadora de los técnicos del gobierno es empresarial dentro de la educación pública. Con el término calidad educativa, que entró al sistema con la Ley Federal de Educación y continúa desde los ´90, quieren imponer una evaluación ligada al salario. No hay que ser académico para darse que cuenta que con hambre, falta de zapatillas, situaciones conflictivas en los hogares, o con niños que trabajan… no se puede aprender. La evaluación debería empezar por allí.
Empleo público
¿Prevé la puesta en marcha de concursos para el ingreso a la administración pública? ¿Desde cuándo y en qué áreas?
- Como reclaman los gremios estatales hay que establecer concursos. Ni bien fuimos electos participamos de la lucha de los municipales de Lavalle por el pase a planta permanente, alguno de ellos están hace 20 años con contrato de locación y salarios bajísimos. Esto se repite en otros municipios y dependencias estatales, incluso en la misma Legislatura.
En la Legislatura provincial presentamos un proyecto para termina con el trabajo precario en el Estado.
En primer lugar hay que terminar con el fraude laboral de trabajadores contratados en planta transitoria durante años otorgando el pase a planta permanente de todos. En relación a los concursos vamos a implementar el ingreso a la administración pública de los profesionales mediante concurso, en todas las áreas y de forma inmediata.
¿Cuál es su política para eficientizar el servicio que prestan los agentes estatales?
- Mejorar las condiciones de trabajo: salario acorde a la canasta familiar y pase a planta permanente de todos los contratados. Los trabajadores estatales junto con organizaciones sociales pueden definir cómo y de qué manera atender mejor en los servicios que prestan. Pero esto debe ir acompañado con un mejoramiento en las condiciones laborales que incluye la infraestructura necesaria
¿Consideran que existe algún vehículo legal que permita disminuir el exceso de empleo público y los numerosos agentes clientelares (que no trabajan) y que engrosan la planta permanente?
- Para encontrar a los denominados "ñoquis" hay que buscar las responsabilidades políticas de quienes gobernaron la provincia durante los últimos 32 años: el PJ y la UCR. Ellos los nombraron y deben hacerse responsables. En el mismo sentido, a todo miembro de la planta permanente deben asignársele tareas.
Relación con la Nación
¿Bajo qué concepto se centrará la relación de la Provincia con la Nación?
- Desde el Frente de Izquierda planteamos para Mendoza una orientación política, económica y social que parte de dar respuesta a los grandes problemas de los trabajadores, las mujeres y la juventud. Nuestro planteo para la nación es que tome este mismo curso. Por ello impulsamos el desarrollo del Frente de Izquierda en todo el país, para enfrentar a los proyectos de candidatos como Scioli, Macri o Massa, los hijos políticos del menemismo que quieren imponer un ajuste sobre las grandes masas trabajadoras del país.
Justicia
¿Impulsará medidas de modernización de la justicia?
- El Frente de Izquierda ha presentado un proyecto en el Senado para establecer una enmienda constitucional que plantea la elección directa de los jueces, la revocabilidad de sus mandatos, el fin de los cargos vitalicios, la implementación de los juicios por jurados y la equiparación de las dietas de los miembros del poder judicial con la de una docente con 26 años de antigüedad.
Estas son medidas esenciales en el camino de terminar con corporaciones judiciales, ya sean oficialistas u opositoras, que “administran justicia” según los intereses de las clases dominantes.
Queremos que los jueces sean electos por voto directo de la población, queremos que instauren los juicios por jurados y terminar con una casta privilegiada que tiene cargos vitalicios y sueldos exorbitantes.
Además, queremos que los cargos de los jueces sean revocables.
¿Van a dotar de fondos para el plan de digitalización total demorado por la no provisión de fondos por parte de la provincia. El organismo financiero internacional ya aportó el 60% a su cargo?
- El plan de digitalización debe ser terminado urgentemente y para ello deben proveerse los fondos necesarios. En pleno siglo XXI tenemos prácticamente colapsados los juzgados con miles de expedientes generando condiciones insalubres de trabajo, la proliferación de ratas y poniendo en riesgo la estructura edilicia. El financiamiento de esto debe hacerse en base a un impuesto progresivo sobre las grandes fortunas.
La digitalización es necesaria también para acelerar el proceso judicial. Hoy cuando un trabajador hace una demanda laboral debe esperar años para su resolución; lo mismo en el fuero civil y otros y ni hablar de cuando se realiza una demanda contra el Estado. Desde ya que esto no soluciona el problema de fondo de los intereses que maneja la corporación judicial y sus amigos, pero es una medida elemental que debería tomarse.
¿Consideran relanzar exámenes psico físicos y de actualización de conocimientos de los magistrados?
- En primer lugar hay que revocar a todos los jueces que estuvieron en funciones durante la dictadura militar. Los magistrados no solo deben rendir exámenes psicofísicos sino que deben ser revocables por el rol en sus funciones. Jueces como Uliarte que además de haber estado en la dictadura fundamentan sus fallos con argumentos homofóbicos similares al reciente fallo de los jueces Piombo y Sal Llargués en Buenos Aires. Es necesario terminar con esta casta judicial.
Pobreza
¿En qué acciones y medidas basará las políticas de desarrollo social?
- Como ya planteamos en otras preguntas, es necesario un plan de obras públicas que solucione el problema de vivienda y condiciones edilicias de hospitales y escuelas. Este plan generaría empleo para todos los desocupados o subocupados, y debe sostenerse en base a impuestos progresivos a las grandes fortunas. El salario mínimo debe ser igual a la canasta familiar. Y la Asignación por hijo debe ser realmente universal e igualitaria para los hijos de todas las trabajadoras ocupadas y desocupadas.
¿Puesta en valor ex Cose?
- Rechazamos todas las políticas que tiendan a criminalizar a la juventud que muchas veces terminan con intentos de bajar la edad de imputabilidad. Lo que se conoce como ex Cose muy lejos está de tener una política para la "reinserción social" de los jóvenes. Si para muestra falta un botón recordemos que pocas semanas atrás el tema en agenda era el proyecto de inaugurar un penal juvenil en Cacheuta, el cual ponía a los jóvenes cerca de un penal de máxima seguridad, y alejados de los centros urbanos, y por ende de sus familiares y amigos. Esto fue planteado por numerosos organismos de DDHH. Acompañamos el reclamo de muchos profesionales y trabajadores de la Dinaf sobre la necesidad de incrementar los recursos y el personal necesario para la contención social de los jóvenes en situación de riesgo, para la creación de gabinetes interdisciplinarios y para mejorar la calidad de educación e inserción laboral de nuestros jóvenes.