¿Cuántos empleados públicos hay en Mendoza? ¿Cómo evolucionó el patrimonio de los funcionarios desde que asumieron hasta que dejaron su cargo? ¿Cuánto le cuesta a la Provincia las misiones comerciales al exterior? Las respuestas a todas estas preguntas las tiene el Estado, compuesto y sostenido por la ciudadanía. Sin embargo, ésta quedó lejos de acceder a la información.
Mientras en el mundo el acceso libre, gratuito y promocionado a la información pública crece, en Mendoza existe un atraso por una clara falta de voluntad política al respecto.
“Estamos en el nivel cero. Hay que generar un Estado que sea más cómodo y accesible”, afirmó a MDZ Ignacio Boulin, abogado mendocino que realizó una maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Universidad de Harvard.
La sanción de una ley de Acceso a la Información Pública es una deuda que la provincia arrastra desde hace años, pero que ningún Gobierno ha tenido la voluntad de subsanar. “Ya no hay ningún tipo de duda de que existe el derecho de acceso a la información; el problema es que el Gobierno se muestra opaco”, explicó el letrado.
“Mendoza no tiene ley de acceso a la información pública y esto es un problema, porque a un Gobierno se le cree cuando tiene gestos que generan confianza”, agregó.
La información disponible: poca y pobre
Boulin explicó que si bien existe información gubernamental que se carga en la web, es menos de la que debería ser y su acceso no es sencillo. “Hace falta un organismo que centralice y difunda esa información”, señaló.
Hoy en día, se puede acceder al Boletín Oficial a través de la web, como así también a diferentes datos de la Administración Tributaria Mendoza (ATM) o del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, el especialista recalcó que una de las pautas básicas del acceso a la información pública es que sea sencillo.
En su remozada web oficial, el Estado provincial añadió una sección denominada “Gobierno abierto”. La sorpresa es que, al acceder, el ciudadano se encuentra con un encabezado destacado que reza “Datos Públicos”, pero en documentos disponibles muestra un “0”.
Algo similar ocurre con la información de la Cámara de Diputados de Mendoza, donde los viáticos y pasajes utilizados por los legisladores se cargaron por última vez en el año 2013.
En contraposición a esta pobreza en la información pública, Boulin señaló el ejemplo del Gobierno de Chile, que creó una plataforma online en la que se puede acceder directamente a los datos de gestión. “En Argentina estamos atrasados. Es como si discutiéramos si la rueda debe ser redonda o cuadrada”, afirmó Boulin.
En el año 2003, durante la presidencia de Néstor Kirchner, el Gobierno nacional emitió el decreto 1172, el cual versa sobre la información pública. Entre otras cosas, establece el acceso libre y gratuito a la edición diaria del Boletín Oficial de la República Argentina.
“Fue un decreto razonable, pero al cual le falta profundizar sobre la producción de esa información”, expresó el abogado mendocino que colaboró con Jorge Lanata en el programa Periodismo Para Todos.
En esta línea, destacó que el decreto aprueba un reglamento general del acceso a la información pública, pero que sólo se aplica al Poder Ejecutivo Nacional y no prevé sanciones en caso de incumplimiento. “Si los funcionarios no responden a un pedido de información, hoy no pasa nada. Una ley de Acceso a la Información Pública tiene que estipular sanciones, plazos y determinar qué es secreto y qué no”, concluyó Boulin.