Hoy, tras meses de idas y vueltas, el Gobierno firmó el acuerdo paritario con ATE y Ampros que incluye una aumento del 35% retroactivo a marzo. Sin embargo, la demora en la aceptación por parte de los sindicatos terminará afectando el bolsillo de los trabajadores.
El arreglo incluye el compromiso de pagar el retroactivo "lo más pronto posible", aunque estaría definido que se abonará en dos cuotas: julio y agosto. Esto implica que la actualización salarial de marzo y abril va a tener una depreciación inflacionaria cercana al 8 por ciento.
En este sentido, teniendo en cuenta una inflación interanual de un 24%, el aumento de marzo va a tener una depreciación inflacionaria del 8% cuando se pague en julio y lo mismo va a ocurrir con el incremento de abril que se pagará en agosto.
En este juego de ganadores y perdedores de la paritaria estatal, los sindicatos se asumen ganadores por introducir a la planta permanente del Estado a unos 1.000 agentes; los trabajadores, por haber obtenido un 35% de aumento, pero pierden poder adquisitivo con la aceptación tardía de la oferta.