Miriam Gallardo está a sólo un paso de convertirse en magistrada de la Suprema Corte y muchos son los cuestionamientos que giran a su alrededor. Además de la reconocida militancia dentro del peronismo, desde la oposición le achacan su falta de experiencia jurídica.
Si bien Gallardo posee título de abogada, ha participado en pocos litigios a lo largo de su carrera, en la cual se dedicó casi exclusivamente a la función pública.
Desde que se supo que era la elegida de Francisco Pérez para ocupar el cargo que Carlos Böhm dejó vacante en el máximo tribunal, MDZ intentó tener acceso a su currículum, que recién fue difundido hace pocas semanas.
Ante la falta de información sobre los litigios que Gallardo ha llevado a cabo desde que egresó de la Universidad de Buenos Aires, MDZ fue al domicilio legal del estudio jurídico de la actual concejala de Maipú. Sin embargo, nadie contestó.
En realidad, los registros oficiales indican que Gallardo trabaja allí, pero en los hechos la concejala abandonó esta oficina hace tiempo sin asentar la "mudanza" como corresponde.
“Creo que funciona un estudio, pero no conozco sus horarios”, expresaron desde la inmobiliaria que funciona en un edificio vecino. En realidad, se trata de otros abogados que alquilaron el inmueble.
En su currículum, Gallardo asegura que ha ejercido la profesión desde 1994 hasta la actualidad, pero según los aportes a la Caja Forense acumula 391 puntos hasta abril del 2014. El promedio, luego de 20 años de profesión, ronda entre los 5.000 y los 7.000 puntos, y en su audiencia pública la candidata explicó que sólo ha llevado casos de familiares y amigos.
Por si esto fuera poco, en la audiencia realizada el último miércoles, senadores del radicalismo criticaron a Gallardo por agregar en su resumen una Maestría en Análisis, Derecho y Gestión Electoral que aún no ha terminado. En su defensa, la ex senadora provincial por el FpV aclaró que en el currículum aclara que aún adeuda materias y la tesis.
Junto a su pliego, este martes se tratarán el de Fernando Simón a la Fiscalía de Estado y el de Ricardo Pettignano para el Tribunal de Cuentas.