Desde que el gobernador dio a conocer la nominación de Miriam Gallardo para reemplazar a Carlos Böhm en la Suprema Corte, el cargo vacante del Fiscal de Estado parece haberse transformado en una moneda de cambio para lograr consenso. Sin embargo, se trata de un puesto clave para la institucionalidad de la provincia, ya que es quien tiene la responsabilidad de velar por los intereses de Mendoza.
Diferentes sectores de la oposición ya han manifestado su preocupación por el tratamiento que se le está dando al tema en el seno del peronismo, donde distintas corrientes internas negocian entre ellas para adjudicarse lugares esenciales en la Corte, Fiscalía de Estado y el Tribunal de Cuentas.
Mientras que senadores radicales denunciaron que “el PJ soluciona sus disputas internas compensando sectores con cargos de relevancia institucional, como si los mismos fuesen parte de las listas a cargos electivos”, el Partido Demócrata también rechazó la iniciativa del gobierno “de repartir cargos de alto nivel institucional”.
“Este tipo de vacantes deben cubrirse con personalidades destacadas de las ciencias jurídicas y económicas con alto consenso social, dejando a los dirigentes políticos el espacio de los cargos electivos que es por otra parte el que han elegido para su actuación pública”, sostuvo el presidente del PD, Richard Battagión.
Luego de la destitución de Joaquín De Rosas por medio de un Jury de Enjuiciamiento, el cargo quedó en manos de Javier Fernández, que hasta el día de hoy se desempeña como fiscal Subrogante. Si bien se ha cuidado de manifestarlo abiertamente, Fernández tiene esperanzas de ser nominado para adquirir totales atribuciones como Fiscal de Estado.
Sin embargo, en su entorno temen que el perfil independiente que lo ha caracterizado pueda llegar a costarle la postulación en pos de otros candidatos más cercanos al peronismo.
Por ejemplo, un nombre que siempre ha estado en la baraja es el del senador Fernando Simón, que supo desempeñarse como subsecretario de Legal y Técnica durante el gobierno de Celso Jaque. Si bien muchos dan por hecho que él será el candidato de Pérez, algunos dirigentes del PJ se han animado a poner otros nombres en carpeta.
Uno de ellos es el intendente de Las Heras Rubén Miranda, que propuso tener en cuenta para el cargo a Mariano Domínguez, director de Asuntos Legales de Las Heras y hermano de Federico Domínguez, director del Instituto Provincial de Juegos y Casinos.
Incluso, desde la oposición también han surgido algunos posibles candidatos. Battagión sugirió a Amilcar Moyano, actual director de Asuntos Ambientales de la fiscalía, a quien calificó como “la persona indicada para encabezar la fiscalía en momentos que Mendoza enfrente un delicado juicio con La Pampa por las aguas del Río Atuel”.
Mientras tanto, Francisco Pérez intenta postergar la decisión y asegura que no puede nombrar un candidato hasta que no se resuelva de manera definitiva la situación judicial de Joaquín de Rosas. “Tengo entendido que hay una apelación de la defensa de De Rosas ante la Corte Suprema de la Nación, por lo que no ha pasado a cosa juzgada el Jury”, sostuvo hace pocos días.