El juez federal Julián Ercolini ordenó esta tarde a la Policía Federal Argentina el desalojo de las oficinas de la AFSCA, donde todavía se encontraba el hasta ahora director del organismo, Martín Sabbatella, y el resto de las autoridades.
Al salir, Sabbatella dipsaró: "El juez está suspendiendo la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual"
En la mañana de este jueves, Sabbatella fue imputado por el fiscal federal Carlos Stornelli por presunto abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público por resistir su salida del organismo.
Sabbatella habla con un policía federal durante el operativo.
Además, el fiscal le pidió al juez Ercolini el allanamiento de Afsca en búsqueda de documentación.
Con críticas, Sabbatella acató la orden
Sabbatella advirtió que la medida judicial "implica la suspensión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual".
Ercolini ordenó el desalojo del organismo para llevar a cabo un allanamiento solicitado por el fiscal federal Carlos Stornelli, quien horas antes había imputado a Sabbatella por presunto abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La imputación se basó en la negativa del funcionario a abandonar el edificio a pesar de la intervención dictada el último miércoles por el presidente Mauricio Macri, y anunciada por el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad.
Los efectivos policiales, encabezados por el comisario Esteban Artola, se presentaron durante la tarde en la sede del organismo, ubicada en la calle Suipacha de esta Capital, y le comunicaron directamente a Sabbatella que tenían orden de desalojar el edificio para llevar a cabo un allanamiento.
Tras salir del edificio, el funcionario relató que cuando la Policía Federal llegó a la sede de la AFSCA le pidieron al comisario Artola que "se comunique con el Juzgado para ver si el juez Ercolini sabe que no está solamente desalojando el edificio sino suspendiendo la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual".
"El juez no estaba. El comisario habló con la secretaria, que dijo que para él era lo mismo, y la secretaria dijo que avance (con el desalojo) con las consecuencias que tenga. El juez Ercolini es consciente entonces de que este desalojo implica la suspensión de la Ley", afirmó el funcionario.
Un relato similar realizó la abogada Graciana Peñafort, quien se encontraba junto a Sabbatella cuando los efectivos policiales ingresaron en el edificio para llevar a cabo el desalojo.
A través de su cuenta de Twitter, Peñafort contó que le explicaron "al comisario Artola que no había oposición en desalojar el edificio" pero le preguntaron "quién se hacía responsable de las actividades ordenadas por la ley" y "expresó que dichas actividades quedaban suspendidas".
"Le explicamos que la ley de medios es de orden público. Por ello no puede ser suspendida salvo orden judicial. Le pedimos que se comunicara con Ercolini para explicarle que estaban suspendiendo la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual", continuó la abogada.
Dado que el comisario se comunicó con el juzgado para remarcarle lo señalado por la AFSCA respecto de la Ley de Medios y que la secretaria de Ercolini ordenó continuar, Peñafort concluyó: "Podemos decir que acaban de suspender la aplicación de la Ley de Medios al cerrar el organismo".
"Quieren suspender la ley de hecho. Están locos, no tienen límites", expresó Sabbatella en declaraciones a la prensa luego del desalojo, al tiempo que arrojó fuertes críticas tanto para Ercolini como para "un sector del Poder Judicial".
El funcionario sostuvo que "en 20 horas resolvió un planteo el mismo juez que hace cinco años tiene trabada la causa de Papel Prensa" y consideró que "hay una parte del Poder Judicial que es cómplice de poderes concentrados que quieren violar la ley".
De todas formas, el funcionario recordó que todavía se encuentra en trámite ante la Justicia un amparo que presentó el último miércoles pidiendo que "se revea" el decreto por el que el Presidente ordenó la intervención de la AFSCA. Para Sabbatella, ese decreto es "un atropello brutal, viola la ley y viola la Constitución" porque desconoce el carácter autárquico que la ley 26.522 le confiere al organismo.