La designación en comisión de los abogados Horacio Rosatti y Carlos Rozenkrantz como miembros de la Corte Suprema de la Nación no parece la forma más apropiada en este comienzo de gobierno de Mauricio Macri. Ello atendiendo a la importancia de lo que se decidió, a las expectativas mayoritarias de necesidad de privilegio de la institucionalidad en las decisiones trascendentes e incluso a su fundamentación constitucional.
Macri pudo haber llamado a sesiones extraordinarias para conseguir el acuerdo del Senado y darle plena legitimidad de origen a los nuevos integrantes de la Corte. Incluso pudo haber aguardado hasta las sesiones ordinarias para elevar los pliegos sin tensar la situación, aunque es cierto que la renuncia de Carlos Fayt a partir del 11 de diciembre dejaba al máximo tribunal integrado sólo por tres miembros, con las dificultades de funcionamiento que esto suponía.
También está en discusión el fundamento constitucional de estos nombramientos. El artículo 99 en su inciso 19, entre las atribuciones del Poder Ejecutivo, señala: "Puede llenar las vacantes de los empleados que requieran el acuerdo del Senado y que ocurran durante su receso por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura". Numerosos analistas indican que la palabra "empleados" no abarca a miembros de otro poder y mucho menos es aplicable para integrantes de la Corte.
En beneficio de Macri se puede señalar que los miembros designados tienen antecedentes suficientes para ocupar las vacantes en el supremo órgano judicial y no tienen ningún vínculo político ni personal con el Presidente.
Sin embargo, el país entero mira con interés y máxima atención todas las primeras decisiones del gobierno y espera en todas ellas un máximo apego y respeto a la institucionalidad, tan vapuleada en el periodo pasado. Y en este caso el Presidente y el gobierno no estuvieron a la altura de lo esperado.