El conflicto por la concesión de la revisión técnica del parque automotor de la provincia ha tomado un nuevo cariz. Es que a las presentaciones judiciales que ya se habían realizado ante la Suprema Corte de la provincia, se sumó una denuncia penal contra toda la cúpula del Ministerio de Seguridad. La misma cayó en manos del fiscal de Delitos Complejos Santiago Garay, que por estos días investiga si hubo irregularidades en el llamado a la licitación pública de la Verificación Técnica Obligatoria (VTO) de automóviles.
Específicamente, una de las empresas interesadas en adjudicarse el servicio acusó al ministro Leonardo Comperatore de manipular pliegos y plazos para favorecer a otra de las compañías oferentes: Electro Sistemas S.A.
Según expresó Garay, es necesario estudiar en detalle la denuncia para poder determinar si se cometió un delito, que podría tratarse de negociaciones incompatibles con los deberes del funcionario público. "Denuncian que la licitación fue hecha a medida de una empresa, y realizan un racconto de los hechos", explicó el investigador.
Una denuncia extensa
Entre sus argumentos, los representantes de Instec Mec S.A esgrimen que el llamado a licitación se publicó el 4 de octubre del 2014, pero en las actas de Electro Sistema figura que empezaron a preparar la oferta el 7 de septiembre. Por este motivo, los denunciantes sospechan de que el contenido de los pliegos fue revelado con anterioridad a esta compañía. A ello se suma el hecho de que la fecha de apertura de sobres se fijó para el 17 de octubre de ese mismo año, es decir que el resto de las empresas interesadas sólo tuvieron 13 días para confeccionar una propuesta repleta de dificultades técnicas.
Además de ello, acusan al Ministerio de Seguridad de obviar las normas legales que dan prioridad a los organismos provinciales para oficiar de agentes de consultoría técnica en procesos de este calibre. En este sentido, aseguran que se eligió a la UTN de Buenos Aires por su vinculación con profesionales de Electro Sistemas, dejando de lado a casas de estudios mendocinas como la UTN Mendoza o la UNCuyo.
Incluso, afirman que el papel que hoy ha asumido el Ministerio de Seguridad como órgano de control debería haberlo desempeñado el Ministerio de Transporte y cuestionan que la cartera comandada por Comperatore haya determinado darle exclusividad a una sola empresa en todo el territorio.
“Monopolio + discrecionalidad - obligación de rendir cuentas = corrupción”, advierten los litigantes en su denuncia penal.
La presentación en la Corte
Luego de una serie de idas y vueltas, el 15 de abril la Suprema Corte de Mendoza suspendió la licitación de la Verificación Técnica Obligatoria. Debido a un recurso de amparo, la apertura de sobres fue postergada hasta el 20 de febrero, día en que se llevó a cabo en un marco polémico.
A raíz de ello el máximo tribunal le dio lugar al pedido de suspensión presentado por esta empresa, INSTEC MEC S.A., entendiendo que hubo graves vicios de los actos administrativos integrantes del procedimiento licitatorio.
A fines de octubre el Gobierno le solicitó a la Corte que levante la medida cautelar para poder licitar la concesión del servicio de control técnico del parque automotor antes de fin de año.