Una medida cautelar presentada ante la Suprema Corte de Mendoza ha puesto bajo la lupa judicial todos los acuerdos paritarios firmados en la provincia durante el 2015.
El recurso fue interpuesto por abogados a los cuales los gremios estatales salieron a vincular con el gobernador electo, Alfredo Cornejo. Ahora, los reflectores están puestos sobre los jueces Jorge Nanclares, Julio Gómez y Alejandro Pérez Hualde, quienes deberán resolver si le dan lugar o no a la cautelar interpuesta por los letrados que representan a la ONG "Centro Latinoamericano de Derechos Humanos".
Si bien desde el sector gremial se mostraron confiados en que la Justicia no le dará lugar a este recurso, en casos análogos no ha existido un criterio unificado entre estos magistrados. Tanto es así, que la última decisión de estas características se resolvió con votos divididos: Pérez Hualde a favor de dar lugar a una cautelar, Nanclares y Julio Gómez en contra.
Pese a que no se trata de la primera denuncia de irregularidades en los pases a planta registrados a lo largo del año, la medida interpuesta no se limita casos concretos, sino que contempla todos los acuerdos paritarios entre los sindicatos estatales y el gobierno de Francisco Pérez. Según aducen los denunciantes, esto se debe a la falta de igualdad para acceder a cargos públicos debido a la ausencia de concursos, los cuales deben implementarse por ley.
La cautelar abarca el pase a planta de más de 1.300 trabajadores y el reescalafonamiento de otros tantos.
Ante esta situación, en horas de la mañana los gremios estatales realizaron una conferencia de prensa en el Poder Judicial, donde le dejaron un mensaje a los magistrados que deberán resolverse al respecto. "Estamos acá para pedirle a la Corte que proteja derechos que son de carácter internacional para los trabajadores", advirtió la representante de ATE y la CTA, Raquel Blas.
La sindicalista apuntó contra los abogados que realizaron la presentación judicial y denunció que se trata de personas cercanas al futuro mandatario provincial. "Entre los apellidos aparecen De Casas, Morandini y Boulin. Todo el mundo sabe que son parte de un estudio jurídico vinculado al radicalismo", aseveró la dirigente gremial.
Las denuncias de los gremios
Alarmados por la posibilidad de que la Corte anule los acuerdos paritarios, desde los gremios cargaron con dureza contra los letrados que hicieron la presentación. Sin pelos en la lengua, Blas acusó a Cornejo de estar operando detrás de ellos para suspender los acuerdos paritarios. "Me parece un muy mal comienzo y que ameritaba nuestra reacción”, subrayó acompañada por dirigentes de Ampros, Judiciales y Sitea.
Sin embargo la ONG Centro Latinoamericano de Derechos Humanos, que interpuso la medida cautelar , lleva casos en diferentes países del continente como Honduras y Ecuador.
A la hora de presentar esta última medida cautelar, adujeron que Los tratados de derechos humanos dicen que todos los ciudadanos deben "tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país”, y que esa igualdad se da a través de un concurso. En este sentido, agregan que la ley del empleo público de Mendoza establece que las vacantes en la administración pública deben cubrirse, de forma obligatoria, por el sistema de concurso de antecedentes y oposición.
Al mismo tiempo, se trata de la misma ONG que ha iniciado acciones contra la Municipalidad de Godoy Cruz para evitar el desalojo de 30 familias que viven en el barrio Campo Pappa y cuyas viviendas estuvieron a punto de ser expropiadas para construir una calle.