Con el fin de agilizar los trámites de aquellos que fueron víctimas del delito y que por ello perdieron (o les robaron) la documentación, un proyecto de ley propone facilitar a quienes perdieron la documentación en estos casos los trámites para obtenerlos nuevamente.
La iniciativa es del senador provincial Gustavo Arenas (FPV-PJ) y consiste en “priorizar, agilizar y facilitar las tramitaciones que deba efectuar toda persona víctima de un delito doloso” cuando estén relacionadas con la recuperación de documentación sustraída en éste. El texto del proyecto propone que “la víctima que como consecuencia de un delito doloso deba efectuar cualquier tipo de tramitaciones ante la administración pública provincial tendrá derecho a ser atendida en forma prioritaria y gratuita”.
De esta manera, sugiere que “los turnos para trámites que se expidan deberán asegurar la atención de la víctima dentro de un plazo de dos días hábiles desde su solicitud. Si la conclusión del trámite insumiera un plazo mayor, se le otorgará una constancia de la gestión en trámite”.
Según el legislador justicialista, considerando que el daño padecido por la víctima en el robo o el hurto de sus efectos personales, como billeteras, bolsos, carteras, mochilas y demás elementos, lo que sucede es que el daño “no se agota en la pérdida material de los bienes objeto del delito, sino que se multiplica en tiempo e intensidad a través de los numerosos e interminables trámites que debe realizar para obtener nuevamente la documentación sustraída”.
Al respecto, procura garantizarles el derecho fundamental de justicia a las víctimas del delito, consagrado, entre otros ordenamientos jurídicos, por la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre los principios fundamentales de justicia relacionados con las víctimas (resolución 40/34 de la Asamblea General, del 29 de noviembre de 1985).
La propuesta del legislador oficialista, además, extiende a municipios y a empresas del sector privado la invitación a adherir en la facilitación y la gratuidad de los trámites para las víctimas de delitos que deban renovar en esos ámbitos parte de su documentación perdida.