La comisión de Obras de la Cámara de Diputados medió entre los preadjudicatarios de terrenos de los barrios del Sindicato del Personal de la Universidad Nacional de Cuyo y los representantes legales del gremio y de la empresa constructora RAD para lograr la escrituración de los barrios SPUNC 6 y 7.
Los preadjudicatarios pretenden que pasen a dominio de las uniones vecinales para cortar los lazos contractuales con el sindicato y la empresa, a quienes acusan de irregularidades.
En la reunión de hoy, el representante de la empresa RAD, Facundo Civit, y Daniel Romero, asesor legal del sindicato, coincidieron en que se aceptó escriturar los terrenos del Spunc 6 a la unión vecinal en función de un listado de 220 integrantes que auguran llevar adelante sus proyectos habitacionales.
Civit, por su parte, sumó que se ha constituído un fideicomiso que servirá para devolver el dinero a quienes no ingresen en la lista y prefieran el reintegro del efectivo.
En este sentido, los delegados de la unión vecinal entregaron a RAD y a SPUNC el listado con los miembros que pretenden la titularidad de los terrenos.
En cuanto al barrio SPUNC 7, desde la empresa y el sindicato anunciaron sus intenciones de escriturar a nombre de los vecinos antes del 25 de septiembre de 2014 los terrenos que hoy están bajo dominio del gremio del personal universitario.
El Sindicato tiene once emprendimientos en la provincia, con un total de unos 1.100 lotes, ahora se destrabaría el conflicto en dos de los barrios.
En abril, el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús, se reunió con los damnificados de la estafa en las viviendas prometidas por el Sindicato del Personal de la Universidad Nacional de Cuyo (SPUNC, que se encuentran en litigio con las familias y la empresa constructora por una serie de irregularidades) y prometió "expropiar los terrenos del SPUNC que están en litigio para transferirlos al IPV" y así avanzar en una problemática que afecta a más de 1200 familias.
La promesa se hizo también en diciembre del año pasado, pero de acuerdo con las familias damnificadas, el tratamiento en la aprobación del Presupuesto 2014 aplazó las medidas.