Tras acumular dos respuestas negativas en torno a la posibilidad de tomar deuda (primero del radicalismo y luego de la Suprema Corte), el gobernador Francisco Pérez salió a buscar respaldo en el empresariado.
Este mediodía citó a referentes de cámaras empresarias y dirigentes sindicales para informarles sobre el estado de situación patrimonial del Estado mendocino y las implicancias que el reciente revés judicial tendrá sobre las arcas públicas.
Terminado el cónclave, el mandatario se fue por la puerta de atrás dejando a algunos de sus ministros como los voceros oficiales.
"No hay sobreactuación"
Rolando Baldasso, ministro de Infraestructura de la provincia, salió del Salón Patricias y en diálogo con la prensa resaltó -como lo ha hecho en diversos medios durante la semana- la complicación que existe para continuar ejecutando obra pública.
“El fallo y lo que se ha prohibido es contundente; no sólo imposibilita a continuar con las tomas de crédito para compensar las rentas generales que la provincia toma para poder, justamente, compensar el aporte a las obras del IPV, sino también a muchas de nuestras 100 obras que hay en ejecución, de las que, 50 obras ya están afectadas”, explicó Baldasso al tiempo que aclaró que “no hay sobreactuación” de parte del oficialismo.
Amplió que se perjudicarán obras que estaban proyectadas desde hace tiempo (hospitales, centros de salud, escuelas) pero también habrá problemas para concretar el financiamiento externo requerido destinado a, por ejemplo, el túnel que unirá Cacheuta con Villa Potrerillos (que requiere préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo).
Aclaró, seguidamente, que no hay mucho margen donde se pueda ajustar y aseguró que los salarios de los trabajadores no se verán afectados por esta situación.
“Del Presupuesto, más del 90 por ciento está establecido para gastos corrientes, personal y gastos de funcionamiento. Eso no puede tocarse, ya está afectado. Lo que queda por ajustar son 3.500 millones de pesos”, señaló.
Le dejó, asimismo, un mensaje a la Justicia y a la oposición al indicar que “agitar y llevar al límite una discusión, a la paralización de las actividades principales de la provincia, eso es lo grave, y, además, insinuando una mala administración”, se quejó.
Marcelo Barg, ministro de Agroindustria, fue otro de los voceros oficiales designados que agregó que paralizar la obra pública traerá mayor recesión, crecimiento del desempleo y afectará la actividad económica general de la provincia.
Dijo que la salida a este conflicto es, efectivamente, política aunque se lamentó de que la oposición haya decidido judicializarla.
“Me parece que hay una falta de voluntad política importante y además en una provincia como Mendoza que, durante años, se ha jactado de lo que significa la institucionalidad a nivel nacional y en el mundo, no tener Presupuesto es un tema que nos preocupa”, evaluó e indicó que tomar deuda por mil millones de pesos -el tres por ciento sobre el Presupuesto, según detalló- no debiera ser tanto problema.
Los empresarios devolvieron la pelota
Si bien Pérez pretendió encontrar respaldo en el empresariado, referentes del sector dejaron en claro que la salida -lejos de ser económica- es política y, en cierto modo, devolvieron la pelota a los protagonistas del partido que, claramente, están jugando el PJ y la UCR.
Más allá de que todos manifestaron su preocupación, entendieron que los números presentados por el Gobierno son “públicos y oficiales” y señalaron que la deuda a pedir no es tan significativa, reclamaron que, cada parte deberá ceder lo que tenga que ceder.
“Creemos que si el Gobierno está manifestando que no le alcanzan los números y que tiene necesidad de tomar deuda... hay que considerarlo porque, de hecho, durante todos los años se ha ido tomando deuda, desde el 96 a esta parte; es decir que, la verdad lo que están pidiendo tampoco es tanto, es entre un 3 y un 4 por ciento del Presupuesto total de la provincia y la verdad es que si el Gobierno lo está pidiendo es porque lo necesita”, apuntó Hugo Gamboa, presidente del Círculo de Constructores de Mendoza.
Y aprovechó la instancia para sugerir: “Sucede que si se adoptan medidas intransigentes de uno y otro bando (PJ-UCR) va a seguir pasando lo que está pasando”, postuló.
Asimismo, llamó la atención sobre el proceder de la Suprema Corte de Justicia que, al dar lugar a la medida cautelar que presentó el radicalismo para frenar el acceso a deuda, lo que hace es “arrojar nuestras empresas al abismo”, sentenció Gamboa en conversación con la prensa y calculó que “el 80 por ciento de nuestra actividad se caerá”, detalló el representante de Pymes que trabajan, sobre todo, en la construcción de viviendas.
Similar mensaje dejó José Alberto Zuccardi que, viniendo del sector vitivinícola, señaló: “Entendemos que los sectores político, judicial y legislativo deben acordar en beneficio de la sociedad en su conjunto. Cualquier sector que tome por su cuenta decisiones que son del conjunto y que deben ser consensuadas y tomadas pensando en el bienestar del conjunto de Mendoza no corresponde. Nos vamos con gran preocupación realmente porque de no revertirse ciertas medidas, como este fallo judicial, la población de Mendoza se va a ver perjudicada”, consideró.
Adolfo Tripodi, presidente de la Federación Económica de Mendoza (FEM), también participó del encuentro y, en la misma línea que el resto de los consultados, advirtió: “No es un problema económico, o lo es; pero, derivado de una desinteligencia política. No podemos entrar a discutir quién tiene la razón o no; lo que sí podemos hacer es decir cómo afecta esta situación a nuestras empresas, que son las que en definitiva dan empleo y pagan impuestos”, aseveró.
En una especie de guiño al Gobierno minimizó el endeudamiento que se pide, al advertir: “No nos parece relevante mil millones de pesos de deuda para una provincia que tiene un Presupuesto de 36 mil millones de pesos. Me parece que es una discusión netamente política que no tiene mucho sentido”, opinó.
Juan José Canay, presidente de Bodegas de Argentina, relativizó el escenario financiero-económico provincial y requirió: “No vemos que sea un tema apocalíptico, vemos que se trata más de una cuestión de sentarse y negociar. Cada uno tendrá que aportar su visión y en definitiva hay que buscar no afectar al conjunto de la provincia”, consideró.
Añadió que “no es tanto dinero lo que está en juego” y aclaró que, en la encrucijada, la solución “no puede venir del lado privado, sino del lado público”, dando por sentado que es el poder político quien deberá sortear el litigio.
Por último, Adolfo Brennan, tesorero y miembro del Consejo Directivo del Colegio Farmacéutico de Mendoza, apuntó que las responsabilidades en resolver este preocupante escenario son compartidas entre el Gobierno y la oposición.
“Los números que ha mostrado (Pérez) son difíciles. Considero que la responsabilidad es del Gobierno y de la oposición”, resaltó al tiempo que aseguró: “Estamos a disposición tanto del Gobierno como de la oposición” pero pasando en limpio, postuló, que la solución es “más política que económica”, concluyó.
Zoom y enfoque
Pérez viene lidiando con el “cero endeudamiento” impuesto por la oposición política; sin embargo, esta semana encontró un nuevo obstáculo y desde otro poder del Estado: la Justicia aceptó una medida cautelar que presentó la UCR y que le prohíbe al Ejecutivo acceder a financiamiento para lo que resta del año.
En los pasillos del cuarto piso de Casa de Gobierno se comenta que el mandatario “está muy enojado” con el Poder Judicial y de hecho se habla de pedir la recusación de los ministros de la Corte, Alejandro Pérez Hualde y Jorge Nanclares, quienes firmaron el fallo en cuestión.
Finalmente, pasando en limpio: mientras que la UCR decidió elevar el litigio a la Justicia y salió ganando en primera instancia; el oficialismo, por estas horas, decidió poner sus fichas en un empresariado que, a partir de la coyuntura, está preocupado, carece de previsibilidad e insiste en que la solución es política.