En torno a la polémica por los fondos para discapacitados en la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP), la Defensoría de Personas con Discapacidad tomó nota de quejas recibidas de pacientes de esa obra social y de la repercusión del caso en los medios periodísticos y ordenó un informe al titular de OSEP sobre este polémico asunto.
En líneas generales, el órgano pide “la evolución mensual y anual de la cantidad de afiliados con discapacidad, desde enero de 2012 hasta junio último, inclusive. También la evolución mensual y anual del gasto prestacional promedio por afiliado con discapacidad”.
La carta, firmada por Juan Carlos González, quien dirige esa defensoría, tiene como destinatario el presidente del directorio de OSEP, Alberto Recabarren.
Desde el 8 de mayo de 2013, Mendoza es la primera provincia argentina que cuenta con un Defensor de Personas con Discapacidad, un órgano autónomo que funciona dentro de la órbita de la Legislatura.
En 2012, OSEP dispuso un fondo de 100 millones de pesos para invertir en los afiliados con discapacidad. Según el organismo, la cantidad de afiliados discapacitados aumentó de 300 a 6.500.
Desde que Mendoza adhirió a la Ley Nacional de discapacidad el presupuesto creció en un 150%.