Durante la sesión de ayer y a pedido del vicegobernador Carlos Ciurca la Cámara de Senadores le otorgó media sanción al proyecto de ley que tiene por objeto declarar la Emergencia en materia de Seguridad Pública.
La iniciativa debía ser tratada hoy en Diputados pero el gobernador pidió que se "demore" a fin de que los legisladores traten otros temas que le preocupen a la gente, y volvió a comisiones.
El oficialismo se queja de que no existe un presupuesto para muchas de las medidas que dispondría la ley, mientras que la oposición le pide que lo saque de obras ya presupuestadas como es la Villa Olímpica y se prioricen gastos y leyes para atender la Inseguridad. ¿Qué contiene la media sanción?
En los fundamentos de la iniciativa contemplan que “ante la necesidad de incrementar las medidas que garanticen la protección integral de la vida y los bienes de las personas y, entendiendo las múltiples variables que afectan e influyen el incremento de la violencia en nuestra sociedad, y siendo responsabilidad primordial del Estado promover el consenso de las distintas fuerzas políticas para lograr acciones concretas y herramientas ágiles contra la inseguridad para lograr dichos objetivos, consideran oportuno tratar en forma prioritaria las diferentes iniciativas que se encuentran en ambas Cámaras”.
La norma establecería que la Emergencia en Seguridad comprenda los siguientes objetivos estratégicos:
1) Incorporación de agentes policiales y nombramiento en el plazo de 30 días de aquellos agentes que hayan aprobado el curso de auxiliar en el IUSP.
2) Adquisición de móviles policiales a distribuír en todo el territorio provincial equipados con la tecnología necesaria como identificación de huellas dactilares para realizar aprehensiones y detenciones en vía pública.
3) Incorporación de tecnología, scanners móviles, cámaras de seguridad, laboratorios móviles, dispositivos de control biométrico y alcoholímetros.
4) Creación de la policía de control interprovincial (PCI) con competencia para identificar y controlar personas bienes, carga y vehículos en todos los paso interprovinciales de la provincia.
5) Fortalecimiento del plan de video vigilancia con todas las cámaras de seguridad instaladas en la provincia e instalación de 600 cámaras nuevas con el sistema domo 360º, distribuídas en todo el territorio provincial para llevar a cabo la prevención del delito, monitoreando y grabando en situ durante las 24 horas.
6) Ampliación de 1000 plazas en el establecimiento Almafuerte del Sistema Penitenciario Provincial al 31/12/2014. Esta es una de las propuestas que más problemas generó, debido a que contemplaba la utilización de los fondos para la Construcción de la Villa Olímpica, bajo la premisa de que no queda más lugar en Mendoza para alojar presos, por lo que las mejoras del Penal, junto a la construcción de nuevos centros debería ser prioritaria para el Ejecutivo, según estiman los legisladores de la oposición.
7) Puesta en funcionamiento del registro de ADN – Ley 8.611
Además en su articulo 3 la iniciativa contempla que se encomiende a la Bicameral de Seguridad el estudio y análisis de las propuestas existentes en el seno de Ambas Cámaras que regulen las problemáticas vinculadas a los fines establecidos en el artículo precedente, promoviendo las iniciativas legislativas referidas a:
a) Portación de armas ilegales.
b) Justicia Provincial: competencia en narcocriminalidad; adecuación de juzgados existentes, creación de juzgados de flagrancia en la Segunda y Cuarta Circunscripción Judicial.
c) Seguridad Vial: Reformas a la ley 6.082 de Tránsito, Agencia Provincial de Seguridad Vial y Cuerpos Especiales y de Contro y Fiscalización.
d) Código de Faltas: 911 Llamadas Falsas; Conducción en estado de ebriedad; protección en ámbitos educativos: sanciones
e) Control integral de ingresos y egresos en tránsito de bienes y personas.
f) Cámaras de seguridad: sistema privado y público
g) Nuevos Policías:
- Incorporación.
- Plazos para su nombramiento.
h) Policía Judicial.
i) Construcción de nuevos establecimientos penitenciarios
por iniciativa privada.
j) Organismo Técnico Criminológico (O.T.C.).
En su artículo 4, la norma establece que la emergencia declarada no implicará el otorgamiento de facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo.