El Fiscal de Estado Subrogante Javier Fernández junto con el Asesor de Gobierno Cesar Mosso Gianninni presentó hoy en la Secretaria de Asuntos originarios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación la respuesta a la demanda pampeana en torno al cañón del Atuel.
La respuesta estuvo elaborada por la subcomisión de redacción del Comité de Defensa del Río Atuel, de la que participaron alrededor de veinte abogados de la Fiscalía de Estado, de Asesoría de Gobierno y del Departamento General de Irrigación. El escrito final contó con la revisión y activa colaboración de distintos especialistas en derecho de aguas y ambiental, participaron Edgardo Díaz Araujo, Miguel Mathus Escorihuela, Aldo Guarino Arias, Mauricio Pinto y Líber Martín.
Javier Fernández afirmó “para Mendoza el agua es un recurso vital y escaso, la postura adoptada es la que mejor defiende los intereses de todos los mendocinos, nuestro documento tiene gran solvencia técnica y se incluyen diversos estudios científicos que nos abalan en ello, referidos a la problemática del agua”.
Los puntos centrales de la defensa ponen en consideración la cuestión climática, respecto del claro retroceso de los glaciares y su consecuente disminución del caudal de los ríos, además de hacer fuerte hincapié en que el demandante civil no tiene legitimación para demandar a la provincia, quien en la demanda pide que se devuelva el caudal pluviológico histórico que poseía la provincia de La Pampa.
Según Fernández, el demandante Ángel Palazzani no tiene legimtimación para el planteo judicial. En 2010 este abogado presentó una demanda contra Mendoza por daño ambiental, por el incumplimiento del convenio que en 2008 firmaron los gobernadores de ambas provincias. Y concluyó afirmando que “sin perjuicio de la jerarquía constitucional y la naturaleza de órgano extra- poder de la Fiscalía de Estado, ante la eventualidad de un juicio que compromete los intereses de la Provincia de Mendoza, se está proyectando la participación permanente de gobernación y de Irrigación en el Comité de Defensa para que se mantenga el tema como una política de Estado”.
Un fallo de la Corte Suprema de Justicia de 1987 estableció el carácter interprovincial del río Atuel, como también el riego de poco más de 75 mil hectáreas en Mendoza.