Primer acto: el juez Sebastián Casanello procesa a los “valijeros” Leonardo Fariña y Federico Elaskar en el marco del expediente que investiga la ruta de dinero K.
Segundo acto: Luis Rodríguez, también juez federal, motoriza una denuncia contra el subsecretario de la Secretaría Legal y Técnica, Carlos Liuzzi.
¿Qué vincula a ambos hechos? Dos tópicos: primero, que se trata del avance de la justicia sobre supuestos hechos de corrupción del kirchnerismo, algo que no había ocurrido desde 2003 a la fecha. Segundo, los jueces mencionados fueron impulsados por el Ejecutivo nacional en la misma terna, uno de ellos con la mácula de haberse copiado en el examen para ser magistrado.
Como revela hoy MDZ, Cristina Kirchner no está ajena a la preocupación y ordenó a Lázaro Báez de liquidar Austral Construcciones SA, teniendo como fecha límite el año 2015, antes que lleguen las elecciones. De acuerdo a fuentes citadas por el portal OPI Santa Cruz, el empresario recibió la seguridad de que estará “blindado judicialmente” hasta entonces y es en ese periodo que debe generar los mecanismos necesarios para liquidar la constructora fundada en 2003, a instancias de Néstor Kirchner.
Liuzzi, en la mira
Este jueves, el juez Rodríguez ordenó las primeras medidas de la causa y pidió a Julio Vitobello, titular de la Oficina Anticorrupción, que remita las declaraciones juradas que presentó Liuzzi desde el 2003 a la fecha en calidad de funcionario público. Además realizó el mismo pedido a, Ricardo Echegaray, titular de la AFIP.
Igualmente en otro oficio orientado a Capitanich, el juez Rodríguez ordenó que “arbitre los medios” para que la subsecretaría de Gestión y Coordinación Administrativa aporte copia certificada del legajo personal de Liuzzi.
Además pidió que se comunique si en el ámbito del Poder Ejecutivo se desempeñan o se han desempeñado como empleados y/o funcionarios la actual pareja del funcionario, Thaiss del Corazón de Jesús Hidalgo (con cargo de Directora General de Asesoramiento Legal o Jefa de Gabinete de Asesores en el ámbito de la Jefatura a su cargo); y la ex mujer, Gloria María Eugenia Martínez (con desempeño en el Ministerio de Economía primero y en la Jefatura de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado después).
Los pedidos de informes al jefe de Gabinete también es sobre el legajo de Carlos Marco Liuzzi, hijo del funcionario, con funciones en el área de Legales Internacionales en la Dirección de Registros de Dominios de Internet en el ámbito de la Subsecretaría Legal y Técnica.
De los tres, a quienes el fiscal Ramiro González ya pidió investigar, el juez quiere saber –entre otras cosas- las fechas de sus nombramientos con copia de los decretos respectivos; si en la actualidad siguen en sus funciones y que se indique si fueron designados en otras áreas y bajo qué cargo.
Éstas son las primeras medidas que pidió el juez Rodríguez en la investigación y según fuentes judiciales, consultadas por Infobae, las mismas no habían sido ordenadas en el tiempo que el magistrado Norberto Oyarbide tuvo la causa, la cual concluyó archivando.
Liuzzi no es la primera vez que es investigado por el juez Norberto Oyarbide. La vez anterior fue basada en informaciones del diario Perfil que daban cuenta que Liuzzi había incrementado su patrimonio en 38 veces desde el 2003 a 2011.
Se reabrió el caso cuando el juez Oyarbide afirmó haber recibido un llamado de Liuzzi para detener un allanamiento ordenado por él a raíz que al dueño de la financiera los policías, a cargo del operativo, le habrían pedido un soborno millonario.
Desde ese momento, el fiscal Patricio Evers pidió la reapertura del caso, Oyarbide se negó y al ser apelada la decisión fue la Cámara Federal la que pidió que se investigue, pero con otro magistrado.
El juez Rodríguez firmó las primeras medidas y en las próximas semanas ordenará varias otras que pidió el fiscal González al imputar a Liuzzi. Esas otras medidas son pedidos de informes al Banco Central de la República Argentina sobre las cuentas que tiene Liuzzi y su círculo familiar y también requerimientos a registros de propiedad inmueble del país sobre bienes del funcionario, entre otras.