El Congreso de la Nación comenzó a discutir formalmente uno de los temas más calientes de la sociedad argentina: las protestas sociales y la pertinencia de una “regulación” estatal. El debate se dio en el seno de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que conduce la kirchnerista Diana Conti, tras la presentación de una batería de proyectos por parte de todo el arco político.
Aunque la cuestión ocupa un lugar destacado en la opinión pública desde hace tiempo, sobre todo por los cortes de tránsito, lo cierto es que el Parlamento toma cartas en el asunto como respuesta al pedido de la presidenta Cristina Kirchner.
En términos generales, la discusión sobre la protesta social es planteada como una cuestión de “colisión de derechos”. Esto es, entre el derecho a la libre circulación y el derecho a la petición social ante el Estado; ambos consagrados por el artículo 14 de la Constitución Nacional.
“Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender”, reza el texto de la carta magna.
Podemos decir entonces, que el eje principal de la discusión pasa por una de las tantas dimensiones de la protesta social: el formato o modalidad de manifestación, por cuanto lo que se problematiza son los cortes de tránsito.
Fuente: Parlamentario