En el marco de la propuesta integral de lucha contra la corrupción que viene desarrollando, el actual diputado nacional Julio Cobos propuso la creación de un sistema especial de protección para testigos y denunciantes de casos de corrupción.
Al respecto, el ex vicepresidente señaló que “Presentamos este proyecto para dar cumplimiento con lo que establece la Convención Interamericana contra la Corrupción, para cercar a la corrupción y atacarla desde diferentes ángulos, esta es una herramienta más en esta lucha que hemos emprendido. En la actualidad, en Argentina no existe un sistema de protección de testigos y denunciantes por hechos de corrupción, lo cual genera dos graves problemas: por un lado, el peligro al que se exponen quienes denuncian a funcionarios públicos. Por otro y como consecuencia del anterior, se desalienta los testimonios incriminadores de actos de corrupción, generando un círculo de impunidad que es necesario romper Ante esta falencia, junto al diputado Luis Petri, presentamos un proyecto específico para proteger a aquellos ciudadanos que denuncian este tipo de hechos”.
Asimismo, Julio Cobos explicó que “quienes con valentía se animan a denunciar hechos de corrupción, terminan siendo perseguidos, acosados y amenazados por sus denunciados; colocándose en una situación de riesgo de su vida y la de su familia o poniendo en peligro su fuente laboral. Este proyecto viene a llenar ese vacío legal. Hay que avanzar con medidas concretas que ataquen en forma directa la corrupción”.
Por otra parte, el diputado cobista Luis Petri: “Es inadmisible que un testigo deba abandonar su país porque el gobierno no lo protegió. El sistema actual está diseñado para dar impunidad a quienes cometen hechos de corrupción. Desde el Frente Amplio UNEN promovemos una batería de medidas y leyes que reviertan esta situación”.
“En nuestro país los testigos y denunciantes de hechos de corrupción carecen del sistema de protección que demanda la Convención de lucha contra la corrupción, colocándolos en una situación de abandono y desprotección. Asimismo, disponemos medidas para proteger y preservar el empleo público y privado ante actos ilegales o arbitrarios contra los denunciantes, inclusive a proveedores del Estado que denuncien casos de corrupción como por ejemplo el pedido de coimas, para que no sufran un perjuicio a partir de la denuncia”; concluyó Petri.