La remoción del ahora ex fiscal de Estado Joaquín de Rosas cierra una etapa oscura, sinuosa, plena de sospechas, de certezas tremendas, y de “mandaderos” que por años hicieron los deberes para grupos de poder. De Rosas fue una pieza clave de ese complejo rompecabezas que atraviesa la política y las instituciones de Mendoza de forma horizontal. A él le tocó favorecer a un grupo como antes habían hecho otros, tantas veces. Y accionó así en contra de los intereses de la provincia violando claramente las obligaciones que le impone al Fiscal de Estado el artículo 177 de la Constitución Provincial, un compromiso de honor por la transparencia de los actos públicos. El acto que terminó condenando a De Rosas no fue el único que hizo para favorecer a particulares. El polémico contrato del Instituto de Juegos y Casinos, por ejemplo, con la empresa que regentea las máquinas tragamonedas, pasó más de una docena de veces por las manos del ex fiscal.
Ayer quedó demostrado que no hay poder sin límites en Mendoza. Ahora, los factores de peso real, aquellos con capacidad de hacer daño, torcer decisiones a su favor, o de quedarse de forma ventajosa con negocios multimillonarios en los que el Estado está involucrado; saben que los políticos mendocinos son capaces de poner un límite. Se puede cooptar a un puñado de jueces, fiscales, legisladores, funcionarios, intendentes, y alguna vez a algún exgobernador...o dos. Pero no se puede cooptar a todos y pretender que nadie se entere. El límite que el Jury de enjuiciamiento puso ayer dice que en Mendoza no se puede, desde ahora, hacer cualquier cosa, al precio que sea y además pretender que un Fiscal de Estado ¨firme¨ que está todo bien.
La resolución del Jury a De Rosas estuvo plagada de “incidencias” extrañas, presiones enormes a dirigentes de todos los partidos involucrados, dilaciones ridículas y reuniones poco convenientes –al límite de lo extorsivo- entre empresarios y políticos de todos los partidos. Abundaron así las sospechas a todo nivel. En los días previos al fallo del Jury las presiones se redoblaron e incluso una legisladora que votó a favor de exculpar a De Rosas habló de una “orden partidaria”, algo que sus compañeros y jefes desmienten.
Hay que destacar en este caso la valentía de los denunciantes. No cualquiera se anima en Mendoza a enfrentar al poder real. Patricia Gutiérrez fue la abanderada de esta denuncia. La motorizó desde el principio, la explicó en cuanto foro estuvo y soportó a pie firme todo tipo de campañas mediáticas negativas, presiones, descalificaciones personales e incluso advertencias en tono amenazante. Como querellante en este juicio político demostró que la denuncia tenía solidez. De otro modo, el Procurador Rodolfo González, quien suele ordenar a los fiscales no investigar de oficio ni aunque un ejército de marcianos aterrizase a robar en sus narices, posiblemente no hubiese hecho una pieza acusatoria en serio en su alegato. Gustavo Valls ahora en el Frente Renovador y el radical Daniel Di Martino acompañaron a Gutiérrez en esta patriada por la transparencia junto con Gustavo Cairo, Alejandro Limas y Roberto Infante.
Desde ayer, la institucionalidad de Mendoza tiene una deuda de honor con Patricia Gutiérrez. Pero también con dirigentes de la oposición –especialmente del radicalismo- que se mostraron inflexibles desde el principio en el caso De Rosas, convencidos de que el fiscal había traicionado la esencia de su rol, perjudicando a Mendoza. De esto sabe Alfredo Cornejo, quien presidió a la UCR durante la mayor parte del proceso soportando campañas difamatorias a diario. No era fácil disciplinar a la tropa en aquel momento.
Las denuncias sobre el fiscal no habrían adquirido visibilidad, además, si algunos pocos medios no se hubiesen ocupado. MDZ Online fue el que con mayor profundidad y dedicación se interesó en los cuatro casos sobre el fiscal desde el principio, en el entendimiento de que los medios tienen un rol importante como custodios de un modo de vida democrático, transparente, republicano, representativo, de respeto al ciudadano y de mejora de la calidad de vida de todos. Es la enseñanza que este caso deja para nosotros, y para los cientos de alumnos de periodismo y jovenes periodistas que quieren abrazar esta profesión.
Finalizada la etapa oscura de Joaquín de Rosas en la Fiscalía de Estado, empieza una nueva. Y las instituciones de Mendoza tienen la oportunidad de convertir la Fiscalía en el verdadero órgano que la Constitución de la provincia exige: ser el guardián del patrimonio de todos los mendocinos. Hay una letra dura, la del Capítulo IV de nuestra Carta Magna provincial que en su artículo 177 dice: “Habrá un fiscal de Estado encargado de defender el patrimonio del fisco, que será parte legítima en los juicios contencioso-administrativos y en todos aquellos en que se afecten intereses del Estado. Tendrá también personería para demandar ante la Suprema Corte y demás tribunales de la Provincia, la nulidad de toda ley, decreto, contrato o resolución, contrarios a las prescripciones de esta Constitución o que en cualquier forma perjudiquen los intereses fiscales de la Provincia” asegura. “Será también parte en los procesos que se formen ante el Tribunal de Cuentas de la administración pública, al cual servirá de asesor. Gestionará el cumplimiento de las sentencias en los asuntos en que haya intervenido como parte” finaliza. Es tan importante ser Fiscal de Estado que la Constitución dice que para llegar al cargo hay que cumplir las mismas condiciones que para ser miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia.
Traducido a un idioma más simple: es el Fiscal de Estado el que debe controlar que la obra pública mendocina no esté cartelizada o quien debe asegurarnos a todos que no hay corrupción en las compras de medicamentos u otros insumos. Es quien asegura que el gobierno nacional, ya sea éste, el de Menem o el que nos toque en el futuro, le de a Mendoza lo que le corresponde y quien vela además por la transparencia de todos los contratos y licitaciones. Será también quien diga si está bien “engordar” el negocio del juego en manos amigas de la política; o quien debe determinar si los contratos que los médicos cobran de cinco cifras están bien pagos, o si hay métodos extraños que mezclan unas partidas con otras o si se cobra sin trabajar. Es decir, es el que protege la transparencia del manejo de los recursos para que en Mendoza haya suficiente seguridad, salud, y educación para todos, por ejemplo.
Muerto el rey. Viva el rey.
Como si algunos políticos y jueces no hubieran entendido nada, ya circulan en los ambientes políticos los nombres de por lo menos tres candidatos partidarios a ocupar la Fiscalía de Estado. Sin hacer ninguna consideración sobre sus capacidades profesionales, su honorabilidad de personas de bien o cualquier otra condición humana que se pueda discutir… ¿Por qué debe ser “partidario” el Fiscal de Estado? ¿Por qué hay que tener un fiscal peronista, o radical, o lo que fuere que el poder de turno demande?
Si bien la Constitución tiene condiciones laxas para llegar al cargo, como tener diez años de profesión abogado o determinada edad mínima o máxima, las instituciones de Mendoza –encabezadas por políticos en su mayoría- tienen la oportunidad de sanear un organismo que ha sido bastardeado, y poner al frente a un fiscal independiente, de probada solvencia profesional y de condiciones humanas superlativas. Alguien en quien podamos depositar toda nuestra confianza aquellos que vivimos, trabajamos, producimos, y estudiamos en esta provincia. Luego de la destitución de De Rosas, la designación de un fiscal inobjetable y aceptado por sus condiciones de independencia, justicia y conocimientos elevados, sería reafirmar el camino elegido: primero, las instituciones.
Ese es el debate que se debe Mendoza en los organismos de control. Repartir otra vez el poder entre los partidos mayoritarios con sentido de pertenencia sectorial, nos dará más “De Rosas” en el futuro, pasibles de ser cooptados por aquellos poderes que pueden perder batallas, pero que no se rinden con facilidad.
Por ello es que hay que apostar a más y más institucionalidad y transparencia, con un fiscal que jerarquice el cargo y sea el custodio de la transparencia del Estado, que a esta altura es indispensable y cuestión de supervivencia. Sin transparencia ni poderes cívicos fuertes, no habrá Estado capaz de brindar niveles adecuados de salud, educación, seguridad y bienestar general, porque siempre habrá otros llevándose la parte más generosa de la torta.