Este lunes se desarrolló una importante e inédita jornada institucional entre los Ministerios Públicos Fiscales de la Nación y la provincia de Mendoza que tuvo como objetivo comenzar a planificar una coordinación entre ambas instituciones para el combate de delitos complejos, principalmente los referidos al narcotráfico.
Debido a la importancia que posee la problemática del narcocrimen tanto en Mendoza como a nivel nacional, distintos referentes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial llegaron hasta el Espacio Cultural Julio Le Parc para participar de la jornada "Hacia una política criminal coordinada para enfrentar la delincuencia compleja".
Debido a problemas de agenda del gobernador Francisco Pérez, la firma oficial del convenio se realizó a las 20.30 en el despacho del mandatario en Casa de Gobierno entre Pérez; la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó; el ministro de Trabajo, Justicia y Gobierno, Rodolfo Lafalla; la subsecretaria de Justicia, Romina Ronda; y el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Omar Palermo. La firma del Procurador General de Mendoza, Rodolfo González, ya había sido plasmada.
La La Procuradora de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y Francisco Pérez.
Para dar inicio a la jornada, se conformó una mesa académica de apertura que contó con la presencia del Fiscal Federal Coordinador del Distrito Mendoza, Dante Vega; el Procurador General de la Provincia, Rodolfo González; el ministro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Omar Palermo; el ministro de Trabajo, Justicia y Gobierno, Rodolfo Lafalla; y el ministro de Seguridad, Leonardo Comperatore.
Quien comenzó la locución fue Vega, al detallar el contexto en el cual se encuentran sumergidos los fiscales federales y su relación con el resto del Poder Judicial: "El Ministerio Público se ha organizado tradicionalmente en forma de espejo con el sistema de justicia jurisdiccional, por ejemplo, donde hay una cámara se crea un fiscal de cámara. En principio, no genera problema, pero el tema es que la relación no es simétrica, sino se basa en la asimetría".
"Al Ministerio Público se lo considera como un combinado más, se lo minimiza y se lo subestima. En el ámbito federal, muchos jueces siguen considerando a los fiscales como contestadores de quitas, excarcelaciones y nulidades, y ahí termina su rol", agregó.
El "flamante" fiscal federal de Distrito, Dante Vega. A su derecha, Omar Palermo. (MDZ / Nacho Gaffuri)
Sin embargo, se encargó de aclarar que "las realidades de la provincia de Mendoza y la federal son distintas. En Mendoza, contamos con un Código Procesal Penal de orientación acusatoria y una ley orgánica que han contribuido a resignificar la consideración del Ministerio Público. En cambio, en el ámbito federal se cuenta con una ley orgánica de 1998 pero los desfasajes que tiene el CPP vigente y la ley orgánica contribuyen al fenómeno de la minimización".
De todos modos, Vega apuntaló las decisiones orgánicas de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, al sostener que "la actual conducción no esperó la reforma de las normas, sino que ha encarado la reformulación institucional, de ahí viene la creación de las Fiscalías de Distrito", cuyo cargo consiste en "gestionar fuera de su oficina para acercarse a la realidad del distrito en el que actúa, tomando contacto con los poderes locales, las ONGs, los organismos de DDHH y acercarse a la gente".
Metiéndose en el terreno del tema planteado en la jornada, el fiscal federal mendocino explicó que "una política criminal no puede seccionarse, como venía ocurriendo, actuando los fiscales federales y provinciales por distintos lados, sino que enfrentamos fenómenos delictivos complejos donde todo indica que tenemos que trabajar juntos", e hizo hincapié en la cuestión del narcotráfico: "La narcocriminalidad es un fenómeno que afecta a la sociedad entera y no puede permanecer ajeno las fuerzas locales, tanto la Policía como el Poder Judicial".
Comperatore se "adelantó" al Poder Judicial
Posteriormente fue el turno de Comperatore, quien aprovechó su momento para destacar lo que consideró uno de sus logros en la gestión: "Cuando asumí, queríamos darle un eje fundamental a la gestión, que era coordinar políticas de seguridad con los distintos actores de la provincia y de la Justicia Federal".
"Armamos una Mesa de Enlace donde estuviéramos todos los responsables de políticas de seguridad para verificar y determinar cuál es el diagnóstico de nuestras problemáticas, como la narcocriminalidad. En febrero tuvimos las primeras reuniones y, en virtud del diagnóstico que obtuvimos, empezamos a trabajar entre todos para tratar de ver las soluciones", indicó.
En ese sentido, el ministro aseguró que "si no estamos todos juntos estableciendo políticas de seguridad, no creo que podamos darle solución a todas las problemáticas" y por ello se dirigió especialmente a Vega, Palermo y González: "Les pido que este compromiso no se desvanezca, que podamos seguir trabajando y que la Mesa se ponga a trabajar en distintos temas buscando soluciones comunes para todos los mendocinos".
La espinosa "desfederalización" de los casos narcocriminales
La tercera locución correspondió a González, quien fue el que hizo más hincapié en la firma del convenio en sí y habló sobre otro tema que, si bien no están estipulados en el acuerdo, son de vital importancia para las políticas contra el narcotráfico: la "desfederalización" judicial de la narcocriminalidad.
Primeramente, el procurador comentó una charla que tuvo hace poco con otros integrantes de la Justicia Federal, donde "hablamos de la necesidad de suscribir un convenio de intención entre las partes como una forma de acercar a los representantes de ambos ministerios para poder reunirnos alrededor de objetivos comunes".
Paso siguiente, dio algunos detalles del alcance del convenio: "Organizar en forma conjunta conferencias, congresos, encuentros y realizar estadísticas; elaborar proyectos de cooperación conjunta e interés común en materia de política criminal". También destacó que "este es el primer intento de trabajo coordinado entre la Nación y la Provincia en este aspecto".
"Vamos a trabajar para coordinar esfuerzos en procura de mantener una lucha efectiva y eficaz contra el delito organizado, sobre todo en narcotráfico y trata de personas", aseguró.
Por otro lado, González ratificó "la necesidad que existe en estos momentos de considerar la desfederalización de la lucha contra los delitos menores del narcotráfico" y agregó que "en la Mesa de Enlace se han presentado inquietudes de legisladores en procura de concretar la adhesión a la Ley (Nacional) 23737 (Estupefacientes) para asumir la persecución a nivel provincial".
Rodolfo González, Procurador General de Mendoza. (MDZ / Nacho Gaffuri)
"Sin embargo, el Procurador General de la Provincia reveló que "el Gobierno provincial no estaría en actitud de aceptar esa postura porque hay nuevos planteos, enfoques y formas de considerar la situación en el nivel de la Procuración General de la Nación". Para ello dio el ejemplo de los resultados obtenidos en la provincia de Buenos Aires, que adhirió a la norma y no ha obtenido los resultados esperados.
En base a esa actitud del Ejecutivo provincial y también por desinencias a nivel nacional, González sostuvo que se trata de "un tema necesario que se tiene que esclarecer, tanto a nivel judicial como a nivel de las autoridades nacionales y provinciales".
"Lo más importante es el acercamiento institucional en tratar de paliar el grave problema de inseguridad que nos está afectando a todos por igual", concluyó.
El ejemplo del caso Yaqui Vargas
Luego le tocó hablar a Lafalla, cuya intervención en la apertura fue breve y estuvo dedicada a ejemplificar el trabajo entre la Justicia Federal, Provincial y el Gobierno con el caso de la Yaqui Vargas: "Cuando vimos el mapeo de la investigación de Seguridad, notamos lo complejo en cuanto que veíamos una mezcla de delitos de alcance federal, narco, y los delitos conexos que aparecían en la investigación".
"Nos encontramos que debíamos buscar la coordinación entre las Justicias provincial y federal para que puedan actuar en forma unívoco para encarar este delito. Fuimos encontrando la forma de articular y encarar este tipo de delitos. Hoy la Yaqui está detenida", resumió.
El ministro de Trabajo, Justicia y Gobierno, Rodolfo Lafalla. (MDZ / Nacho Gaffuri)
Así, y tras celebrar la realización de esta jornada y los cambios mencionados anteriormente, el ministro se esperanzó en que "encontremos mayores formas de coordinación para poder encarar la narcocriminalidad".
Palermo contra los demagogos
Por último fue el turno de Palermo, que dedicó su espacio a criticar duramente a quienes emiten duras declaraciones con respecto a las políticas en materia de seguridad: "Los discursos demagógicos en materia de política criminal tienen problemas de credibilidad y además son funcionales a la conservación del status quo, a que las cosas no cambien, con sectores sociales aventajados que celebran que esto no ocurra, ya que les viene muy bien".
Es por ello que "el desafío de una política criminal, desde el rediseño del programa político criminal, es evitar la conservación del status quo", resaltó.
En base a esa afirmación, el magistrado esgrimió tres ejes fundamentales: "Primero, el reconocimiento de quienes ganan y quiénes pierden hoy en el actual sistema del poder punitivo y el desafío es que, al menos, no pierdan siempre los mismos", lo cual "demuestra la necesidad de que el poder punitivo no sólo recaiga sobre los sectores más desfavorables sino que también recaiga sobre los sectores más aventajados, a quienes las cárceles les queda más lejos".
"Segundo, el reconocimiento de las desigualdades sociales, con respecto a programas de acceso a la Justicia", agregó. En ese sentido, Palermo subrayó como logro la creación de las Fiscalías Federales de Distrito, las cuales "acercan a la ciudadanía con el sistema judicial".
Por último, y como tercer eje, el magistrado solicitó que se combatan los ataques al propio sistema judicial: "Se debe situar a los operadores del sistema judicial frente a las vulneraciones de derecho que se generan dentro del Estado, del propio sistema judicial o del sistema penitenciario. Tenemos que tener un sistema judicial que sepa pararse y situarse, para que sepa tener programas de política criminal en materia de violencia institucional".
"Acá no hay demagogia, sino la insinuación de políticas de Estado en un tema muy sensible y que me ilusiona para futuro", finalizó.