El reciente procesamiento del exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime, por enriquecimiento ilícito, no es el único escándalo por corrupción que salpica al gobierno. Hay varios casos, y estos son algunos de los más resonantes recordados por El Cronista.
El juez Norberto Oyarbide, quien recientemente reconoció que suspendió un operativo en la financiera Propyme tras un llamado telefónico de Carlos Liuzzi, segundo de la secretaría Legal y Técnica que encabeza Carlos Zannini, también está en la mira.
La denuncia contra el magistrado la hicieron los radicales Mario Negri, Manuel Garrido y José Cano. Consideraron ‘llamativo‘ que Oyarbide recibiera llamados de funcionarios del Poder Ejecutivo con ‘sugerencias‘ sobre una causa.
Amado Boudou se vio envuelto en un caso de corrupción a penas asumió como vicepresidente de la Nación y ahora es investigado por la Justicia por haber participado, cuando era ministro de Economía, del salvataje de la imprenta Ciccone Calcográfica y su venta a The Old Fund, un fondo de inversión que supuestamente pertenecía a amigos suyos.
A fines de febrero pasado, Graciela Ciccone presentó ante la Justicia un acta firmada por su padre donde consta una reunión en un restaurante de Puerto Madero con Boudou para negociar la continuidad de la imprenta.
La familia Ciccone acusó al funcionario de haberla forzado a vender su imprenta, Ciccone Calcográfica, y denunció que el ex ministro tuvo un trato “bestial, deleznable y cruel” hacia la figura del fallecido cofundador de la empresa Héctor Ciccone.
Si bien no está imputado de ningún delito, el empresario kirchnerista Lázaro Báez es el gran beneficiado con contratos públicos millonarios en Santa Cruz a traves de su empresa Austral Construcciones S.A.
Báez siempre negó las acusaciones y dice que son parte de una campaña para desacreditar al Gobierno.
La construcción de viviendas de la Fundación “Sueños Compartidos” de Madres de Plaza de Mayo también erosionó la imagen del oficialismo.
En este caso la corrupción involucra también a municipios. Es más, un informe de la Auditoría General de la Nación señaló que éstos no rendían el dinero de las viviendas a Nación.
Pablo Schoklender dirigió el departamento de Compras de la Fundación de Hebe de Bonafini hasta junio del 2011 y firmaba, junto con la dirigente, los cheques emitidos.