Durante el mediodía de este jueves la Cámara de Diputados comenzó a discutir el nuevo Código Procesal Penal que envió el Poder Ejecutivo y que los legisladores oficialistas tienen previsto convertir en ley.
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Como rasgo principal, reemplaza el sistema inquisitivo por otro acusatorio. El cambio es avalado por los bloques opositores, pero no alcanzará para sumar su adhesión a la votación general.
La reunión plenaria comenzó a las 12.23 con cuestiones de privilegio del oficialismo contra los opositores que se atribuyen la legitimidad del Poder Legislativo para hablar del "IPC-Congreso".
Una vez luego, la Cámara baja se adentró en el debate por la reforma procesal penal promovida por el poder Ejecutivo. Con el nuevo sistema los fiscales quedarán a cargo de la investigación y la recolección de pruebas –que hoy realizan los jueces- y podrán elegir qué causas investigar y cuáles desestimar.
Una vez ingresado el caso al sistema penal, el fiscal tendrá un máximo 15 días para tomar una decisión. Entre las opciones que tiene, puede continuar con la causa formalizando la investigación, pero también puede desestimar el caso, archivarlo o aplicar criterio de oportunidad.
Además, las causas deberán durar como máximo tres años y la investigación fiscal previa, un año, aunque se incorpora la herramienta del juicio directo, donde no se necesita un año para investigar, en caso de que el fiscal tenga los elementos para llevar la causa directamente.
El texto original otorgaba amplias facultades a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, como la de reasignar causas a los fiscales de manera discrecional a partir de la entrada en vigencia del nuevo código.
Pero esta atribución fue morigerada de modo que “las causas que ingresen con posterioridad a la puesta en funcionamiento de los nuevos órganos serán asignadas por sorteo entre todos los órganos del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa ante cada Cámara”.
El proyecto también establece sanciones si los jueces demoran los casos –por ejemplo, someterse a un jury de enjuiciamiento-, aunque las causas no prescriben.
Por otra parte, se le dará más participación de las víctimas en los procesos aunque no sean querellantes: son protegidas, pueden intervenir en el proceso y pueden seguir con una acción privada si el fiscal desiste en la investigación.
Todo el proceso será oral y, para decidir si se dicta la prisión preventiva, el Senado decidió eliminar el criterio de “conmoción social”, que estaba contemplado en el texto original.
Otro de los cambios dispuestos en la Cámara alta fue para atenuar las causales de expulsión de extranjeros, que se podrá realizar cuando sean sorprendidos delinquiendo “in fraganti”, si el delito tiene una pena mínima de tres años y si se afecta la unidad familiar.
La implementación del juicio por jurados, un instituto que ya funciona en algunas provincias, quedará librada a una ley especial.
El nuevo Código Procesal Penal crea además, en el ámbito del Congreso Nacional, una comisión bicameral ad hoc, integrada por representantes de todos los partidos políticos, que estará encargada de monitorear la aplicación de la reforma.
El debate
Como miembro informante del oficialismo, Graciela Giannettasio (Buenos Aires) aseguró que el actual sistema “no cumple eficazmente sus funciones”, “se encuentra colapsado, no sirve al Estado ni al ciudadano, no favorece la persecución de los delitos ni el respeto por los derechos fundamentales”.
Pero Manuel Garrido (UCR) alertó que “lo único que se va a aplicar” una vez en que entre en vigencia la ley es “llamativamente un incremento sustancial de la planta del personal designado por el Poder Ejecutivo”.
“Ojalá que (el nuevo Código) no sea para otorgar mayor impunidad o aumentar cargos y sea para mejorar la Justicia”, planteó Garrido, exfiscal anticorrupción.
Otro radical, Luis Petri, se refirió a la expulsión de extranjeros que son sorprendidos delinquiendo “in fraganti”. “El problema no son los extranjeros ni los nacionales: el problema son los delitos”, aclaró.
Petri indicó que desde 2009, la Dirección Nacional de Política Criminal no brinda información sobre este tema, y eso “hace que equivoquemos el diagnóstico”, ya que según el Servicio Penitenciario solo el 5 por ciento de las personas privadas de su libertad son extranjeros.
Fue Diana Conti quien la emprendió contra el dictamen del Frente Renovador: “No guarda coherencia el Código Procesal clasista que presentaron, y del que deben avergonzarse”, lanzó.
Además, la kirchnerista justificó la necesidad de nombrar mayor personal al informar que “aún con el Código actual, el plantel del Ministerio Público Fiscal es insuficiente a la hora de pedir que se aceleren los juicios de toda naturaleza”.
Otros temas
El temario de la sesión incluye la discusión por la creación de una comisión especial investigadora de las cuentas bancarias no declaradas en Suiza denunciadas por la AFIP, que este miércoles obtuvo dictamen favorable.
También se tratarán una serie de proyectos no conflictivos, como modificaciones al Régimen de Contrato de Trabajo y la declaración de diferentes capitales nacionales.
Parlamentario