El órgano de difusión del Ministerio de Justicia de la Nación dio a conocer esta noche cómo será el proyecto que el Gobierno enviará al Congreso para modificar el Código Procesal Penal nacional, incorporando "los principios de celeridad, oralidad, publicidad y 'desformalización'" de las decisiones.
Investigaciones que no podrán durar más de un año, trámite de los legajos menos formalidades un juez que solo se encargue de velar por los procedimientos y un juicio oral rápido y filmado, son algunos de los cambios que propone la propuesta oficial que será enviada al parlamento.
"En caso de que se dicte la prisión preventiva existirán plazos de revisión de la medida cautelar" a través de un catálogo de medidas distintas al encarcelamiento para poder garantizar que el imputado esté "a derecho", y se creará una oficina dedicada al control de estas medidas", se aseguró, al tiempo que en audiencia se resolverá si un preso condenado egresa de la cárcel y las victimas podrán intervenir.
La difusión de estos cambios se dio a conocer esta noche a través de la agencia INFOJUS, luego del discurso de la presidenta Cristina Fernández en busca de -se señaló- "lograr procesos penales más veloces, justos y transparentes".
1. Prevé que las investigaciones y los juicios sean orales, ágiles e inmediatos.
2. Adopta un modelo de justicia acusatorio: el fiscal investiga, el defensor defiende y el juez resuelve.
3. Ningún proceso podrá durar más de tres años y se buscará agilizar la revisión de las decisiones.
4. Reconoce la tutela judicial de la víctima.
5. Incorpora la participación de la ciudadanía en el proceso de administración de justicia a través de jurados, que tendrán que ser regulados mediante una ley especial.
6. Introduce el principio de oportunidad procesal, que habilita al Ministerio Público a desistir de la acción pública por insignificancia u otras causales. Eso permitirá que los fiscales puedan aplicar una política criminal estratégica, dando preponderancia a la persecución de delitos más graves y para poder trabajar sobre la complejidad del crimen organizado.
7. Prevé la posibilidad de convertir la acción pública en privada para determinados delitos y regula la conciliación como una forma alternativa de resolución.
8. Los jueces dejarán de investigar y pasarán a transformarse en jueces de garantías, para que sean los encargados de "autorizar o denegar determinados requerimientos de parte del fiscal, que tendrá a cargo la instrucción de la causa y la persecución penal integral".
9. El juez velará porque ningún aspecto de la investigación pueda vulnerar las garantías del debido proceso. El Ministerio Público de la Defensa también tendrá mayores facultades para intervenir en el proceso, generar investigaciones propias y establecer mecanismos de organización útiles para el servicio de defensa pública oficial", agregó.
10. Las asociaciones y fundaciones podrán ser querellantes. Y las víctimas y los imputados tendrán más capacidad para participar en el proceso.